El PP y el gobierno han defendido el proyecto. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que la iniciativa “fortalece” al Estado de derecho y se preguntó: “¿En qué país democrático y en qué Estado de derecho las resoluciones no se cumplen?”. Además, la vicepresidenta aseguró que la norma “no va contra nadie”.
Sin embargo, el portavoz de la bancada del PP en el Congreso, Rafael Hernando, reconoció que el proyecto se presenta en este momento porque hasta ahora “no había una situación como ésta, en la que se presentan juntos en una lista los que dicen que quieren romper España”. Se refería a la lista soberanista que se presentará en las elecciones catalanas del 27 de setiembre, que serán una especie de referéndum sobre la independencia. “Se trata de garantizar que se cumpla la ley y de darle al TC herramientas que en el pasado no eran necesarias pero que ahora, ante el desafío de los independentistas, son imprescindibles”, agregó.
Herrando presentó el proyecto junto al candidato del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, quien dijo que se trata de una reforma que brinda la “garantía de que nadie pueda incumplir las resoluciones del TC”, y que envía “un mensaje muy claro a quienes quieren” la independencia de Cataluña “de que la broma se ha terminado”.
El carácter urgente de la propuesta implica que los tiempos se acorten y que sea votada sin recorrer comisiones y sin consultar al Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.
Antes de presentar el proyecto, el PP intentó negociar una propuesta común con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero recibió una negativa. Ayer, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fue crítico con esta iniciativa y dijo que era una demostración de la “incapacidad política” del presidente Mariano Rajoy para enfrentar la situación en Cataluña.
En concreto
El PP cuenta con los votos necesarios en el Congreso para aprobar la reforma, que sería instrumentada rápidamente. Está previsto que sea votada el 29 de setiembre.
La iniciativa establece además que el TC podrá “acordar la suspensión de funciones de las autoridades o empleados públicos” que no cumplan con sus resoluciones. No se trata de una inhabilitación, sino de una especie de “suspensión cautelar” hasta que se cumplan las resoluciones. El TC podrá también convocar al gobierno nacional para que éste tome “las medidas necesarias” para que se cumplan sus resoluciones. Por otra parte, con esta reforma aumentan las multas por incumplimientos, que hoy van de 600 a 3.000 euros y que podrán variar entre 3.000 y 30.000 euros.
El plan del gobierno catalán consiste en que si las listas soberanistas ganan las elecciones del 27 de setiembre se negocie con Madrid una independencia catalana acordada entre ambas partes. De no ser posible, está prevista una declaración unilateral de la independencia. Es en esa instancia que el TC podría incidir con una resolución que indique que Cataluña no puede dar ese paso por “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, establecida en el artículo 2 de la Constitución. En última instancia, el tribunal podría suspender a jerarcas del gobierno catalán o pedir al gobierno nacional que tome “las medidas necesarias” para evitar una independencia unilateral.