“Estamos atravesando tiempos difíciles y tenemos que ajustar un montón de cosas”, dijo el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, al anunciar los recortes de gastos y los aumentos impositivos, que representarán para el Estado una ganancia de 16.900 millones de dólares. El plan presentado por el gobierno, que debe ser aprobado por el Congreso, incluye la suba a 30% del impuesto a las ganancias por venta de inmuebles, así como la reducción de beneficios fiscales para empresas exportadoras y algunos sectores industriales. Además, se propone restablecer el impuesto conocido como CPMF, que grava las operaciones financieras. Este impuesto había sido eliminado hace 18 años, cuando era de 0,38%, y ahora se propone que alcance a 0,2%. También se redujo la inversión planificada para infraestructura y los subsidios agrícolas.
Estos recortes alcanzan, además, a los programas sociales en materia de salud pública y vivienda, largamente defendidos por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), pero no afectan al plan Bolsa Familia, buque insignia del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. De los programas sociales, el más afectado es Minha Casa Minha Vida, que verá reducido su presupuesto en 30%. Además, el plan incluye congelar los salarios de los funcionarios y bajar las bonificaciones. Los recortes presentados por el gobierno también incluyen la eliminación de diez ministerios, que fue anunciada semanas atrás y representará un ahorro de 52 millones de dólares.
Con estas medidas el gobierno busca cambiar la pisada con el presupuesto de 2016, que fue enviado hace dos semanas al Congreso con la previsión de un déficit de unos 8.000 millones de dólares, 0,5% del PIB. La meta que el gobierno se había fijado inicialmente, y que ahora retoma, es que el presupuesto de 2016 alcance un superávit primario de 0,7% del PIB.
Barreras
El plan del gobierno de Rousseff incluye 16 medidas, y la única que el Ejecutivo puede aplicar unilateralmente es la de reducir el número de ministerios; todas las demás dependen de nuevas negociaciones salariales o de la aprobación del Congreso. Desde el Poder Legislativo ya llegaron ayer las primeras críticas al paquete de medidas, tanto desde la bancada oficialista como desde la oposición.
Los funcionarios ya anunciaron una serie de movilizaciones y amenazan con convocar una huelga para evitar perder los logros que habían alcanzado en las negociaciones colectivas realizadas a comienzo de 2015 para los cuatro años de mandato de Rousseff. Entre ellas, habían obtenido un aumento de 10,5% desde enero. El Poder Ejecutivo propone que el aumento comience a regir en agosto, lo que le permitiría ahorrar unos 1.800 millones de dólares.
Además de los funcionarios, rechazaron este plan dirigentes de la Central Única de Trabajadores, entre ellos su presidente, Vagner Freitas, que lo calificó de “lamentable”. El dirigente afirmó que “este paquete está en línea con la política de Levy, que es de recorte y no de inversión, de recorte en los derechos de los funcionarios”. También lamentó que el gobierno haya presentado este paquete “sin dialogar con la sociedad”, lo cual “agrava la crisis”.
También fueron críticos el Movimiento de los Trabajadores sin Techo, por los recortes en Minha Casa Minha Vida, y el Movimiento de los Sin Tierra, que reclama subsidios a las producciones agropecuarias familiares.
Para su aprobación en el Congreso, estas medidas necesitan, por lo menos, el respaldo de los partidos aliados del gobierno. Varios dirigentes de las bancadas aliadas se pronunciaron al respecto ayer, y en general coincidieron en marcar su desacuerdo con unas medidas que consideran muy duras, pero aseguraron que respaldarán a la presidenta. Una de las excepciones fue el senador del PT Walter Pinheiro, quien dijo que votará en contra de varias de las propuestas del Ejecutivo.
Entre quienes manifestaron su respaldo al paquete estuvo el presidente del Senado, Renan Calheiros, quien dijo que es necesario “dejar que la propuesta se asiente” y aseguró que el Congreso hará “su parte para mejorar cada una de las medidas” propuestas por el Ejecutivo.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, opositor del gobierno, advirtió que el paquete tendrá un camino duro en el Congreso, en parte porque algunas medidas son complejas, pero sobre todo porque “el gobierno tiene apoyos parlamentarios poco sólidos”.