El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, destacó que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que instaura el acuerdo “ha sido diseñado para todos los involucrados en el conflicto [...] y no sólo para una de las partes”, y que su perspectiva es “fundamentalmente restaurativa”.
Según el texto, que fue leído por los representantes de los países garantes del diálogo, Cuba y Noruega, en la mesa de negociaciones, habrá una amnistía lo “más amplia posible por delitos políticos y conexos”, cuyo alcance será definido más adelante por una ley. Pero no estarán comprendidos en la amnistía los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, “entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de libertad, tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual”.
Estos delitos serán juzgados en un tribunal especial destinado a todos los actores vinculados con el conflicto armado, incluyendo integrantes de las FARC y agentes del Estado que hayan cometido delitos “en el contexto y en razón del conflicto”, en particular “respecto de los más graves y representativos”.
Este tribunal estará integrado mayoritariamente por jueces colombianos y tendrá “una participación minoritaria de extranjeros que cumplan con los más altos requisitos”. Contará con dos salas: una de sentencia, a la que llegarán los procesos de los ex guerrilleros que acepten los cargos de los que son acusados, y otra de juzgamiento, a la que llegarán quienes no acepten estos cargos y prefieran ir a un juicio.
El modelo base será el de la justicia restaurativa, siempre y cuando se alcance un acuerdo entre víctima y victimario sobre la pena a cumplir. Este sistema permite imponer penas alternativas, que pueden ser el pago en dinero o en tierras, o restricciones a la libertad que no sean específicamente la cárcel. La excepción es el caso de los delitos “muy graves”, que tendrán una pena que puede ir de un mínimo de cinco años a un máximo de ocho “de restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales”.
El acuerdo, que fue firmado por Santos y Timochenko durante la conferencia, incluye dos aspectos inesperados para un acuerdo sobre justicia. Uno de ellos es que afirma que “la transformación de las FARC en un movimiento político, legal, es un objetivo compartido” por ambas partes, y el otro es el que dispone que las FARC dejarán las armas en un plazo máximo de 60 días después de la firma del acuerdo final.
Santos se reservó el que fue, quizá, el anuncio más importante de ayer. Cuando le tocó hablar, dijo que “a más tardar en seis meses debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final”. Reconoció que “no va a ser tarea fácil”, pero luego auguró: “No vamos a fracasar, ha llegado la hora de la paz”.
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Santos sorprendió ayer de mañana al anunciar en su cuenta de Twitter que viajaría a La Habana para una “reunión clave con negociadores con el fin de acelerar el fin del conflicto”. Remató el anuncio con la frase “La paz está cerca”. En otra aparición pública, el presidente anticipó que “no todo el mundo quedará contento” con el acuerdo alcanzado, porque “no importa dónde trace uno la raya, algunos quedarán insatisfechos”. Pero agregó que a pesar de que “nadie puede quedar totalmente contento”, el “cambio va a ser muy positivo”.
Antes de que se concretara el encuentro, varios políticos se pronunciaron sobre la reunión y los contenidos de un eventual acuerdo. El ex presidente Álvaro Uribe, quizá el más firme opositor a las conversaciones de paz, escribió en Twitter: “Santos: no es la paz la que está cerca, es la entrega a FARC y a la tiranía de Venezuela”. Por su parte, el senador Iván Cepeda, que también viajó a La Habana como copresidente de la Comisión de Paz de la cámara alta, aseguró que el de ayer sería “un día histórico para Colombia” y que el acuerdo sobre justicia es “la consagración de nuestros esfuerzos por la paz”.