Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa viajaron hasta la capital mexicana para reunirse ayer con el presidente Enrique Peña Nieto. El miércoles de noche se instalaron con las fotos de sus familiares en la Plaza de la Constitución e iniciaron 43 horas de ayuno. ‘‘En realidad hoy no comienza el ayuno; tienen un año de alimentarse mal, de comer lo que se puede mientras buscan a sus hijos’’, dijo al diario La Jornada el psicólogo Gerardo Rubio, que integra la Cooperativa Panamédica, que va a supervisar su salud. Desde hace un año, delegaciones de familiares y compañeros de los estudiantes recorren distintos países para evitar que lo que les sucedió quede en el olvido.
Antes de reunirse con Peña Nieto -que ya los había recibido en octubre-, el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz, dijo a la radio Fórmula: “Hace un año [Peña Nieto] pedía confianza y se le dio. Hoy podemos decir que no cumplió”. El vocero dijo también que en el encuentro de ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le entregaría al presidente su informe sobre este caso, informó la agencia Efe. Esa investigación significó un golpe para el gobierno porque descarta la hipótesis, que la Fiscalía definió como “verdad histórica”, de que los cuerpos de los estudiantes fueron cremados en un basurero de Cocula.
En cambio, los familiares y compañeros de los estudiantes recibieron ese informe como un respaldo a su denuncia de que las autoridades los han engañado desde el comienzo. Ellos no creen la versión oficial, según la cual los estudiantes fueron detenidos por policías municipales corruptos de Iguala y Cocula, y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los mataron y quemaron sus cuerpos en el basurero. Han reclamado que se investigue la participación de militares y que se busque a sus familiares en los cuarteles, porque incluso dudan de que estén muertos. Una de las demandas que llevaron ayer al presidente fue que el GIEI siga investigando este caso.
También pidieron a Peña Nieto que se cree una unidad especial dentro de la Procuraduría para investigar estos hechos, porque no confían en los funcionarios que hoy están a cargo del caso. Reclamaron que esa unidad especial se divida en dos áreas, una dedicada a la búsqueda de los estudiantes y otra a investigar las irregularidades que existieron hasta ahora en la investigación, para que los responsables sean castigados.
Peña Nieto les dijo a los familiares que el caso no se cerró ni “habrá carpetazo”. “Ustedes y yo buscamos lo mismo: saber qué pasó con sus hijos”, afirmó. Además, el presidente ordenó ayer la creación de una fiscalía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, dispuso que se indaguen todos los hallazgos que existan en este caso y que se incorporen las recomendaciones de los expertos del CIEI a la investigación. Los familiares dijeron anoche que esos compromisos ya existían.
En marcha
Para mañana está convocada una marcha en la capital mexicana, desde el Zócalo hasta Los Pinos, la residencia presidencial. Pero en Guerrero las manifestaciones comenzaron el lunes. Ese día, familiares y compañeros de los desaparecidos atacaron la sede de la Fiscalía del estado para protestar por las deficiencias en la investigación del caso. Desde entonces hubo marchas, ocupación de edificios públicos y de emisoras de radio, y enfrentamientos con la Policía, que estableció puestos de control para evitar las manifestaciones. Ayer, desafiando esos controles, cientos de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México partieron desde la escuela de Ayotzinapa hacia Chilpancingo, la capital de Guerrero, para recordar a los 43.
Según informó La Jornada, el Senado mexicano debatía ayer acerca de las responsabilidades en estas desapariciones. La oposición, de derecha y de izquierda, coincidía en que la responsabilidad no es sólo de las autoridades de Iguala y Cocula, sino también del propio Peña Nieto, y en que se trata de un crimen de Estado. De acuerdo con el informe del GIEI, “había representantes de las Fuerzas Armadas y de las policías federal y municipal cuando ametrallaron a los normalistas de Ayotzinapa, cuando desollaron a uno de los jóvenes”, que también había desaparecido esa noche, recordó el senador del Partido del Trabajo Manuel Bartlett.
No sólo la oposición vincula a Peña Nieto directamente con este crimen y con su impunidad. Algunas de las consignas que mantienen desde hace un año los compañeros de los estudiantes desaparecidos son “Fuera Peña” y “Fue el Estado”. Ayer, el documento que entregaron los familiares le advertía al presidente: “Mientras no haya verdad, nuestra legítima búsqueda de justicia marcará su administración, y a su nombre se asociará al de Ayotzinapa como un símbolo de la impunidad y de la corrupción que reina en el país”.