Mauricio Macri está en Davos, pero antes de partir rumbo al Foro Económico Mundial firmó el decreto que declara a todo el territorio argentino en “emergencia de seguridad pública”, para “revertir la situación de peligro colectivo”. Se trata de una medida que “va en sintonía con las metas esenciales que estableció el presidente [para] luchar contra el narcotráfico”, según un comunicado de la Casa Rosada.
Con la aprobación de la emergencia de seguridad pública varias medidas entran automáticamente en vigor. Una de ellas es la creación del Gabinete de Seguridad Humana, que pasa a coordinar a los distintos ministerios que juegan un rol en la seguridad nacional. Otra consiste en la firma de un convenio entre el Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial para interconectar sus sistemas de comunicación con el objetivo de intercambiar información. Además, se autoriza la adquisición de material “indispensable” para incrementar la vigilancia de la seguridad en la frontera fluvial y la frontera marítima. También se autoriza al Ministerio de Transporte a adoptar medidas extra para la “efectiva identificación” de los equipajes en el transporte comercial, y al jefe de Gabinete a hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con las nuevas metas.
La declaración, que tiene una vigencia de un año y puede renovarse, también incluye otras medidas destinadas a mejorar la seguridad, como el reclutamiento de personal policial retirado que no haya sido condenado por delitos de lesa humanidad.
Además, el decreto establece medidas para reforzar la seguridad aérea del país, entre ellas la entrada en vigor de las Reglas de Protección Aeroespacial, que son aplicadas por las Fuerzas Armadas y permiten identificar, advertir, intimidar y, como último recurso, hacer uso de la fuerza contra las aeronaves “hostiles”, que pueden ser incluso civiles.
El kirchnerista Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y actual diputado del Parlasur, cuestionó esta medida y dijo que la habilitación a derribar aviones hostiles “se asemeja a instaurar la pena de muerte sin juicio previo”. Agregó que “nadie puede pensar que los ocupantes de un avión derribado puedan sobrevivir”, y que “existen antecedentes en los que el derribo fue un error de información o de comunicación”. Rossi se refirió a un caso de 2001, cuando en Perú se derribó una avioneta considerada hostil en la que, en realidad, viajaba una familia de misioneros estadounidenses. El ex ministro dijo que “muchas veces” se detectan vuelos irregulares que una investigación posterior verifica que no estaban vinculados “con el narcotráfico o la criminalidad organizada”.
También el ex secretario de Seguridad Sergio Berni cuestionó el decreto aprobado por Macri. Al igual que Rossi, Berni dijo que “la ley de derribos es una pena de muerte sin juicio previo” y que no ha dado resultado en otros países. La habilitación para derribar aviones hostiles es conocida en Argentina como “ley de derribos”, porque durante el gobierno anterior se presentó bajo ese nombre un proyecto de ley que tenía ese objetivo. El proyecto fue presentado por los diputados Francisco de Narváez y la actual vicepresidenta Gabriela Michetti, entre otros, con el respaldo del legislador y líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Este ex candidato presidencial presentó esta iniciativa como una de sus promesas de campaña. El proyecto no llegó a ser tratado en el Congreso, pero ahora entran en vigor las medidas que establecía. Esto generó críticas de dirigentes kirchneristas, que manifestaron en redes sociales que el decreto publicado por el gobierno de Macri es un nuevo atropello contra el Poder Legislativo.
“Es muy preocupante que se introduzca la cuestión del derribo, porque allí aparece un terreno difuso donde se pueden mezclar los límites entre seguridad interior con la Ley de Defensa Nacional, sin que la discusión sobre ese tema haya pasado por el Congreso”, dijo al diario Página 12 Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización militante por los derechos humanos. También criticó que con el decreto dado a conocer ayer “se disponen fondos presupuestarios importantes para la compra de armas, móviles y otros elementos sin una discusión previa y racional”.
Diputados y dirigentes kirchneristas argumentaron que con estas medidas se difuminan los límites entre la seguridad interna y la fronteriza, que son manejados, por ley, por las policías provinciales y nacionales y por las Fuerzas Armadas, respectivamente.
También la diputada y ex candidata presidencial Margarita Stolbizer criticó la declaración de emergencia de seguridad pública porque “puede tener consecuencias irreversibles” y porque se aprobó “sin debate” parlamentario ni social. “Las emergencias son sólo para el impacto y el marketing”, dijo Stolbizer, antes de agregar que “sólo las políticas de Estado consensuadas son eficaces y sostenibles en el tiempo”.
En defensa de la medida, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el gobierno está haciendo pública una “política de Estado” contra el narcotráfico y, en declaraciones al diario Clarín, agregó que durante el año pasado “la Fuerza Aérea detectó 400 vuelos no identificados que no pudieron ser perseguidos”. Además, dijo que lo que hace el actual Ejecutivo “no es más” que “levantar el carácter secreto” de medidas que se venían aplicando desde los gobiernos anteriores. La secretaria de Estado se refería a que la “ley de derribo” se aplicó en Argentina nueve veces entre 2005 y 2014, pero brevemente y, por lo general, a pedido de otros gobiernos, con motivo de visitas de mandatarios extranjeros, informó Clarín.
Después de hacer público que se declaraba la emergencia de seguridad, Bullrich anunció otras medidas. “Vamos a ir entrando en aquellos lugares donde consideramos que el poder está en manos del narcotráfico y no del Estado. Lo vamos a hacer de manera confidencial”, dijo en una entrevista con la radio FM Latina. Si bien la ministra no quiso agregar detalles, un funcionario de su cartera dijo a Clarín que estos trabajos serán coordinados por el gabinete de Seguridad Humana, contarán con el asesoramiento de “asistentes sociales y policías de prevención” y comenzarán a llevarse adelante en Rosario, Córdoba y distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires.
Éstas no serán todas las medidas que tomará el Ejecutivo de Macri. El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, dijo que cuando el Congreso retome su actividad su cartera enviará un paquete de “leyes complementarias” al decreto.