Los antecedentes vienen de los tiempos en que Morales era senador por Jujuy de la Unión Cívica Radical (ahora aliada del macrismo) y Milagro Sala ya era líder de Tupac Amaru, una organización que tiene su mayor fuerza en esa provincia, aunque está presente en otras 14. Uno de los puntos más fuertes de los conflictos entre ambos se dio en 2013, cuando Sala fue baleada junto con un grupo de militantes. En ese momento, Tupac Amaru pidió a la Justicia que investigara si Morales había obstruido la investigación del caso.
Una de las personas que fueron detenidas y acusadas por los hechos era empleada del gobierno municipal de San Salvador, la capital de la provincia, donde ocurrió el ataque, que estaba en manos de un radical. Además, algunos de los detenidos fueron contratados en campaña electoral para hacer pintadas y colgar carteles de la Unión Cívica Radical, informó el diario Página 12. Sin embargo, la denuncia contra Morales fue presentada por algo mucho más específico: mientras la Justicia investigaba a los supuestos autores del ataque y pedía que no se dieran a conocer sus nombres, Morales los mencionó en una conferencia de prensa. La mayoría de ellos se fugaron al saber que estaban siendo investigados.
Morales siempre acusó a Sala de dirigir un “Estado paralelo”, de llevarse plata que Tupac Amaru recibía y que estaba destinada a planes sociales, e incluso de instigar la lucha armada. Algunas de estas denuncias llegaron a la Justicia, pero no se encontraron pruebas para respaldarlas.
Durante los gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirch- ner, Tupac Amaru, liderada por Sala pero integrada por decenas de cooperativas, recibió fondos estatales provinciales y municipales para construir viviendas para personas que no tienen dónde vivir, centros comunales y piscinas para los niños. Además, la organización gestiona varios centros de formación en distintos oficios y también en autogestión, con el fin de promover el cooperativismo. En varias oportunidades se ha cuestionado si el reparto de los fondos que recibe es transparente, y la organización ha mostrado planillas enteras con los ingresos y egresos vinculados a planes sociales.
Ahora Morales es gobernador de Jujuy y los fondos que eran entregados a Tupac Amaru para los planes sociales serán gestionados directamente por el gobierno provincial mediante el sistema bancario, para lo cual los beneficiarios deben presentarse y cumplir una serie de trámites.
El nuevo gobernador tomó también otras decisiones, como la de multar y denunciar penalmente a quienes bloqueen el tránsito en rutas y dañen edificios públicos. “Hace 15 años se instaló una cultura violenta” en Jujuy, dijo Morales en una entrevista con La Nación, en diciembre, en la que aseguró que Tupac Amaru cuenta con “grupos armados”. En esas declaraciones, agregó: “No voy a hablar con los violentos, no voy a hablar con ella. Al que corte rutas, nada”.
La decisión de Morales de cambiar la forma de gestión de los programas sociales generó un fuerte rechazo en Tupac Amaru y otras organizaciones civiles que hacían un trabajo similar. A mediados de diciembre, unas 100 de esas organizaciones instalaron un campamento de protesta en la plaza Belgrano, que está frente a la Casa de Gobierno. La administración de Morales se negó a recibirlas, y el martes les dio a conocer un ultimátum aprobado por decreto: a las que siguieran en la plaza a las 00.00 del jueves se les retiraría la personería jurídica y serían excluidas “de la aplicación de los planes y programas que implementa el gobierno provincial” y de “todo tipo de beneficio o plan social”.
Después del ultimátum, unas diez organizaciones, casi todas cooperativas de vivienda social, dejaron el campamento por miedo a dejar de recibir terrenos financiados para poder construir. Además, el decreto faculta a la Fiscalía provincial a poner multas de entre 350 y 7.000 dólares a aquéllas que continuaran acampando.
“Puede presentar 10.000 decretos, 10.000 denuncias, pero no nos va a doblegar”, dijo Sala el miércoles, después de que Tupac Amaru decidiera en asamblea continuar con el campamento. La sanción fue la suspensión de la personería jurídica de la organización, el cierre de sus cuentas bancarias y la prohibición a participar en programas sociales.
Con nombre y apellido
El gobierno recurrió a la Justicia el mismo día en que se instaló el campamento para denunciar a Sala, al diputado provincial (opositor) Germán Noro y al referente social Alberto Cardozo -los tres presentes en el campamento-, “por la supuesta comisión del delito de instigación”. El fiscal que recibió la denuncia, Darío Osinaga, consideró que ese delito no se cometió, pero sí pidió el desalojo del campamento, por “el impedimento del normal desenvolvimiento de la actividad pública” debido a la ocupación de la plaza. El desalojo no se llevó adelante porque son cientos de personas las que permanecen allí y hay entre ellas muchos niños, informaron los medios argentinos.
Pero Morales no quedó conforme con eso y denunció penalmente al fiscal Osinaga por “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Lo hizo mediante un escrito del fiscal Mariano Miranda, con el patrocinio de la Procuraduría de Jujuy. En el escrito, Miranda apunta que en la primera denuncia se “individualizó con nombre y apellido a las personas que supuestamente cometieron delitos” y, sin embargo, éstas no fueron imputadas ni detenidas, por lo cual hubo “omisión”.
Este escrito fue presentado el martes, y rápidamente la denuncia original contra los tres dirigentes fue procesada por otro fiscal. La llevó ante un juez que dispuso la detención de Sala y los otros dos dirigentes. La Policía fue a buscar a Sala a su casa, pero no la encontró, porque estaba en el campamento. Su hijo le escribió un mensaje de texto para avisarle que la Policía la buscaba. El sábado ella se presentó en el lugar y fue detenida.
“Es una perseguida política”, dijo Tupac Amaru en un comunicado en el que también señala que se trata de un “grave precedente” para las organizaciones y una “tremenda violación de los derechos sociales, civiles y políticos de los cooperativistas”. El abogado de Sala, Luis Paz, dijo que no sabe por qué se acusa a su defendida por “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”, porque en el expediente del caso “no están descriptos los hechos, las circunstancias en las que se habrían llevado a cabo, el tiempo, el modo”.
Sala, que comenzó una huelga de hambre tras su detención, recibió el apoyo de dirigentes y organizaciones sociales, así como de agrupaciones políticas de izquierda, que denunciaron que se intenta criminalizar la protesta. El sábado, frente a la Casa de Jujuy de Buenos Aires, se llevó adelante una manifestación en la que participaron más de 1.000 personas, entre ellas el diputado y jefe de La Cámpora, Andrés Larroque, y el Movimiento Evita.
También llegaron reclamos desde otros ámbitos. En las últimas elecciones argentinas, Sala fue electa diputada del Parlamento del Mercosur, y el presidente del órgano, el ex canciller argentino Jorge Taiana, anunció en Twitter que le pidió a la actual canciller, Susana Malcorra, que se le informe sobre la detención de Sala, que implicó “un desconocimiento al papel que cumple” como diputada y que puede haber sido irregular.
Sin embargo, Morales anunció que hoy presentará varias denuncias penales contra Sala, para que se investigue el destino de 29 millones de pesos argentinos (algo más de dos millones de dólares) que fueron entregados a Tupac Amaru.