La PEC 241 (Propuesta de Enmienda Constitucional número 241) es una de las vedettes del gobierno de Michel Temer. Es un proyecto parlamentario que expone cuál es la percepción que tiene el actual gobierno de los problemas financieros de Brasil y, particularmente, del déficit fiscal. La diferencia entre los ingresos y los egresos del Tesoro brasileño se deben, según el equipo de gobierno de Temer, a un elevado gasto público, mientras que para la izquierda obedecen, entre otras cosas, a la baja recaudación, y por eso durante su segunda gestión la presidenta Dilma Rousseff reforzó las instituciones dedicadas a reducir la evasión fiscal y aumentó algunos impuestos, en un proceso de ajuste fiscal que no llegó a terminar antes de ser destituida. Antes de que eso sucediera, el PT y otras organizaciones políticas y sociales advirtieron que si Temer llegaba al poder buscaría reducir el gasto público, algo que fue negado pero se confirmó pocos días después de que él asumiera, con el envío de la PEC 241 al Congreso.
El proyecto de ley fue presentado por el gobierno como la solución a los problemas de la economía brasileña: congela el gasto público para los próximos 20 años. Básicamente, dispone que la inversión social sólo pueda crecer al ritmo de la inflación; de esta forma, el gasto público de 2017 será el mismo que el de 2016 pero ajustado según el Índice de Precios al Consumo, sin ninguna relación con el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) o la recaudación fiscal. Se estima que la inflación de este año será de 7,2%. En los hechos, la propuesta congela todo el dinero que reciben los beneficiarios de los programas sociales, y también el salario mínimo, que está incluido específicamente en el proyecto y que actualmente se aumenta de acuerdo a una paramétrica que incluye el crecimiento del PIB de los dos años anteriores.
Además, la iniciativa congela la inversión en servicios públicos como educación y salud. Justamente por esto se trata de una propuesta de reforma constitucional: la Constitución establece que 18% y 13,7% de la recaudación fiscal anual de Brasil debe ser destinada al presupuesto de educación y salud, respectivamente. Esto se anularía si la PEC 241 es aprobada, y quienes critican la iniciativa dicen que esta modificación dará demasiada libertad a cada gobierno para hacer una inversión mínima en los servicios destinados a las personas más pobres, que acceden a los que brinda el sector privado, y generará un deterioro en su calidad de vida.
“La PEC 241 es un plan de desarme del gasto social, va a reducir brutalmente los servicios sociales, lo cual va a volcar a Brasil a una desigualdad permanente”, dijo a BBC Brasil el economista Pedro Rossi, profesor en la Universidad de Campinas. Es una iniciativa “propia de una visión de país en la que el gobierno sustenta menos las necesidades de la población”, agregó.
Integrantes del anterior gobierno también han señalado que esta iniciativa impedirá llevar adelante los programas que habían impulsado Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff, como el Plan Nacional de Educación, que se proponía universalizar la educación primaria y secundaria así como profesionalizar a los docentes, o el Sistema Único de Salud, dirigido a quienes no acceden a servicios de salud privados.
Ante estos argumentos, el gobierno de Temer ha señalado que la PEC 241 congela el gasto público en términos genéricos pero que habrá “discreción” a la hora de distribuir los recursos dentro de cada sector, para que no sea afectada la atención a la población en hospitales y escuelas, por ejemplo. Sin embargo, algunas de las primeras decisiones económicas del gobierno actual -como la de establecer condiciones más estrictas para acceder al seguro de paro o aprobar un crecimiento del salario mínimo menor al de años anteriores- hacen pensar que esa discreción no será favorable a los sectores con más necesidades. Según gráficas presentadas por el Departamento Intersindical de Estudios Económicos, basadas en datos oficiales, si la PEC 241 hubiera estado vigente entre 2006 y 2015 se habría invertido 55% menos en educación y 33% en salud.
Temer y su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, defienden la propuesta y argumentan que durante los últimos 13 años los gobiernos del PT hicieron que el gasto público creciera por encima de la inflación y que eso disparó el déficit fiscal. Pero, según declaraciones del propio Meirelles a O Globo, el objetivo de esta propuesta “no es tanto” reducir el déficit fiscal sino “reconquistar la confianza de los inversores” para que su presencia aumente en Brasil.
Otras de las críticas a la PEC 241 es el tiempo por el cual se establece el congelamiento: 20 años, sin posibilidad de modificaciones durante los primeros nueve. El gobierno se propone apurar el trámite parlamentario para que la norma entre en vigencia ya para el presupuesto del año que viene, de tal modo que los cambios podrían realizarse recién en 2027. En este punto los críticos señalan otro aspecto: el Ejecutivo de Temer, que no cuenta con el aval de las elecciones, está impulsando una medida que afectará por lo menos a los próximos dos gobiernos brasileños, y que además es una iniciativa que formaba parte del programa de gobierno del hoy senador Aécio Neves, que fue rechazado en las urnas en 2014. De hecho, en la elaboración del proyecto estuvo muy involucrado el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) por el cual Neves fue candidato a la presidencia. Según algunos medios brasileños, como la revista Carta Capital, el compromiso de Temer de impulsar esta iniciativa fue lo que convenció al PSDB de apoyar a su gobierno en el Congreso.
La PEC 241 recién empezó su recorrido en el Congreso con la primera votación en la Cámara de Diputados, pero deberá atravesar en total cuatro instancias, dos en cada cámara, en las que tiene que recibir los votos de tres quintos de los diputados y senadores para ser aprobada. Distintas instituciones académicas señalaron después de las elecciones que este era un Congreso dominado por la derecha, quizá el más conservador desde el regreso de la democracia a Brasil, por lo cual se da por descontado que la norma será aprobada. Esta percepción parece reforzarse con el resultado de la votación de la madrugada de ayer: la PEC 241 recibió 366 votos a favor -necesitaba 308- y 111 en contra.
La aprobación de la propuesta es vista como un “test de gobernabilidad” para Temer, que se propone enviar, el próximo año, otros proyectos de ley en la misma línea, entre ellos la Reforma de la Seguridad Social, que restringirá el acceso a la jubilación, y la Reforma Laboral, que, según los sindicatos, reducirá todavía más los derechos de los trabajadores.
Pero hay otros retos que deberá enfrentar la norma: las iniciativas en su contra impulsadas por la Procuraduría General de la República, y por partidos de izquierda. La primera manifestó en un comunicado que es inconstitucional porque establece límites al gasto no sólo del Poder Ejecutivo y el Legislativo, sino también del Judicial, vulnerando la separación de poderes. Afirma, entre otras cosas, que este congelamiento del gasto público alterará las iniciativas dirigidas a fortalecer los órganos que combaten la corrupción -que fueron impulsados por Rousseff- y otros delitos. La Procuraduría advierte que si la norma es aprobada solicitará al Supremo Tribunal Federal (STF) que la declare inconstitucional.
El STF ya rechazó, ayer, un recurso presentado por el Partido Comunista y el PT para que se suspendiera el tratamiento de la PEC 241 en el Congreso hasta definir si es constitucional.
La iniciativa también ha generado resistencias en organizaciones sociales, que llevaron a cabo manifestaciones el lunes, mientras comenzaba la primera votación en la Cámara de Diputados. Además, la Unión Nacional de Estudiantes impulsó la ocupación de varios liceos y de una oficina de la Presidencia en San Pablo.