Con una solicitud presentada en el Parlamento, Unidos Podemos, Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco, entre otras organizaciones políticas, exigieron a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que comparezca para explicar sus motivos para “obstaculizar” la investigación sobre los crímenes del franquismo que se está llevando adelante en Argentina. Esta solicitud se presentó después de que la Fiscalía General recurriera a una nueva medida para postergar el proceso.
La causa argentina se inició hace seis años, la lleva adelante la jueza María Servini de Cubría y están imputadas 19 personas por su presunta vinculación con crímenes cometidos por el franquismo. Estaba previsto que Servini viajara a España este mes para tomar testimonio a los acusados, pero la Fiscalía General española solicitó que se suspenda esa medida.
Desde el comienzo la Fiscalía española causó demoras al proceso impulsado en Argentina. Primero, argumentando que los crímenes habían prescrito o estaban contenidos en la Ley de Amnistía española, y después negándose a extraditar a los 19 acusados e incluso a detenerlos cuando Servini lo solicitó mediante Interpol.
Ante estos obstáculos, Servini propuso en marzo ir ella a España a tomar declaración a los imputados, pero también encontró dificultades. El viaje estaba previsto para abril, pero tuvo que suspenderlo porque la Fiscalía le pidió las preguntas que haría a los acusados. Entonces se postergó para octubre, pero ahora la Fiscalía argumentó que este procedimiento que propuso Servini es “incompatible” con el concepto de proceso penal. La Fiscalía argumenta que el proceso se lleva adelante sobre un objeto “indeterminado”, porque la extensión que pretende abarcar (1936-1977) apunta a “una especie de causa general radicalmente incompatible con el propio concepto de proceso penal”. El texto, al que accedió la agencia de noticias Efe, considera que es “altamente improbable” que se pueda individualizar la responsabilidad por los crímenes cometidos por el franquismo y asegura que, si así fuera, ese individuo no podría ser extraditado “por tratarse de hechos [que son] competencia de los tribunales españoles, prescritos y amnistiados”.
La Fiscalía defiende la aplicación de la Ley de Amnistía en estos delitos y la califica de una demostración de un “evidente” sentido de reconciliación durante la salida del franquismo en España. Además, considera que el proceso llevado adelante en Argentina es “inviable y ajeno al interés de la Justicia”.
El martes 4 la Fiscalía emitió la orden de no tomar las declaraciones, cuando ya se estaba presentando en un juzgado de Oviedo el ex secretario general del Partido Comunista Español y ex coordinador general de Izquierda Unida Gerardo Iglesias, que daría su testimonio sobre las torturas a las que fue sometido durante el franquismo. Tanto Servini de Cubría como los abogados de las víctimas pueden recurrir esta decisión.
Este nuevo revés a la causa argentina generó múltiples reacciones de repudio. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo acusó a la Fiscalía de impedir que las víctimas ejerzan su derecho a la Justicia. “Una vez más, desde el gobierno se intenta cerrar el paso a la Justicia y a la verdad”, dice en un comunicado en el que acusa a la Fiscalía de amedrentar a los jueces para que no se juzguen los delitos cometidos por el franquismo.
Por su parte, la responsable de Memoria Democrática de Izquierda Unida, Esther López Barceló, consideró que la actuación de la Fiscalía es “muy grave”. En declaraciones al periódico digital eldiario.es, denunció que la Fiscalía está actuando según los dictámenes del gobierno.
Dos de los abogados de las víctimas del franquismo que están impulsando como querellantes el proceso en Argentina publicaron una columna en Público en la que dicen que “la Fiscalía actúa de mala fe” y la acusan de estar incumpliendo normas y tratados internacionales.