Dos meses después de haber firmado el primer acuerdo de paz, que finalmente fue rechazado en el plebiscito del 2 de octubre, el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cierran trato por segunda vez. El nuevo texto, que terminó de modificarse hace 12 días en La Habana y será firmado hoy en Bogotá, no se someterá a consulta popular sino que será ratificado por el Congreso colombiano, según informaron las partes en un comunicado. Santos aseguró en un discurso televisado que esta es “la vía más conveniente y legítima” para refrendar el nuevo acuerdo, ya que “están representadas todas las visiones y opciones políticas del país, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha”.
Además, explicó que coincide con “la inmensa mayoría de los sectores de la sociedad civil, los jóvenes, la iglesia y sectores políticos” en que un nuevo plebiscito “polarizaría de manera peligrosa al país”.
El gobierno colombiano se reunió el lunes con las fuerzas políticas que rechazaron el acuerdo inicial, incluido el Centro Democrático, el partido liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, sin lograr un consenso sobre el nuevo pacto. En esa reunión, que se prolongó hasta la madrugada, el gobierno descartó la posibilidad de hacer modificaciones para impedir que los líderes de la guerrilla puedan ocupar cargos de elección popular y para habilitar que sean encarcelados por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Los guerrilleros no aceptaron la invitación a participar en el encuentro.
Al día siguiente, el Centro Democrático rechazó el nuevo acuerdo y acusó al gobierno de pretender “engañar a la ciudadanía culpando de la violencia a quienes no aprobaron su acuerdo de impunidad con las FARC”. El partido de Uribe reconoció que en algunas materias “hubo avances”, pero criticó al gobierno por no aceptar modificaciones en “temas fundamentales para la democracia”. En este sentido, señaló que no se pudo “elevar los acuerdos al nivel constitucional”, que lo convenido incluye una “total impunidad o penas simbólicas, que significan lo mismo, para delitos de lesa humanidad” y que tampoco se logró “crear una justicia paralela a la medida de los intereses de las FARC”.
A la vez, el Centro Democrático consideró que la decisión de que el acuerdo sea refrendado por el Congreso evidencia que “el gobierno prefirió la imposición que divide a los colombianos” y no “el pacto nacional que crearía aproximaciones”. Su conclusión es que el nuevo acuerdo es “apenas un retoque del rechazado por los ciudadanos” el mes pasado.
La decisión de seguir adelante con este acuerdo, y de que sea ratificado por el Congreso, puede echar a perder los acercamientos que el gobierno y la oposición mantuvieron en los últimos meses. Santos se refirió a sus detractores el martes: “Desgraciadamente, algunos de los sectores más radicales del ‘no’ se siguen oponiendo al nuevo acuerdo, a pesar de sus claros e importantes cambios y ajustes. Lamento de veras esa posición”.