El presidente paraguayo, Horacio Cartes, “solicitó” a los diputados y senadores del Partido Colorado que rechacen la propuesta de enmienda constitucional que habilitaría su reelección, prohibida por la Constitución. Fueron impulsadas distintas iniciativas para que Cartes sea reelecto en 2018, y el fin de semana el Partido Colorado resolvió en su Convención Nacional respaldarlas e incluso decidió que sancionaría a aquellos legisladores oficialistas que no las votaran en el Parlamento.
Pero sólo tres días después de la convención, Cartes decidió retirarle el apoyo a una de las iniciativas. Emitió un comunicado en el que señala que permitir la habilitación de la reelección mediante una enmienda constitucional “no logra generar consenso” y que esta propuesta causó “crispación y tensión” en la sociedad. “No seré partícipe de este camino”, agrega.
Más adelante en el comunicado, el presidente manifiesta que si se opta por impulsar la habilitación de la reelección, este proceso “debe ser de acuerdo a la Constitución Nacional y aceptado por toda la sociedad paraguaya”.
El mandatario parece hacer referencia al camino reclamado por la oposición: la reforma constitucional. Este proceso es más complejo y extenso, por lo cual la reelección no quedaría habilitada para 2018 sino para las siguientes elecciones, las de 2023, según distintos juristas. El presidente de la Cámara de Diputados, el colorado Hugo Velázquez, reconoció ayer que “los tiempos están muy ajustados” como para llevar adelante la reforma para 2018.
El proyecto de enmienda, presentado por varios diputados colorados, era resistido por la oposición e incluso por siete diputados colorados que son conocidos como “disidentes” porque a veces no siguen la línea del gobierno. El diputado Óscar Tuma, uno de los autores del proyecto, manejaba la posibilidad de retirar su respaldo a la iniciativa. Argumentó que esta había generado demasiadas resistencias y que se la había asociado demasiado a “personalismos”, especialmente a las figuras de Cartes y de los ex presidentes Fernando Lugo y Nicanor Duarte.
Por otra parte, en su Convención Nacional, el Partido Colorado encomendó a sus diputados y senadores abstenerse en la votación para elegir a los representantes de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Estos órganos no tienen autoridades desde hace meses y son los encargados de controlar las acciones del presidente y, eventualmente, dirigir investigaciones. Entre otras cosas, se acusa al gobierno de entregar contratos públicos a empresas que están asociadas al Grupo Cartes, que pertenece al presidente, y de designar para cargos públicos a gerentes de las empresas del grupo, que podrían llegar así a manejar información privilegiada.