53 días después del plebiscito del 2 de octubre se firmó un nuevo acuerdo de paz en Bogotá, que, al contrario del anterior, ya no se someterá a consulta popular sino que tendrá que ser validado por el Congreso con la vigilancia de la Corte Constitucional, y a los voceros del No esa noticia les cayó encima como una piedra.
Ellos siguen cerrados, de corazón y de cabeza, si es que todavía les queda algo de corazón y de cabeza. Una de las mejores muestras de su idiotez es que ahora piden que se revoque al Congreso, como no lo hicieron cuando Álvaro Uribe era presidente de la República y se aprobó la Ley de Justicia y Paz para el proceso de desmovilización de los paramilitares, justo cuando ese Congreso tenía a 40% de sus integrantes vinculados con el paramilitarismo.
Así piensan. Eso opinan. Eso piden. Hablan de que el hecho de que el nuevo acuerdo no se someta a la consulta popular es un atentado a la democracia, sin reconocer que la ley, que es uno de los soportes fundamentales de la democracia, estipula que en este tipo de procesos el presidente de la República tiene la discrecionalidad de llevarlo al Congreso, y que no es obligatorio someterlo a la consulta popular.
Amparados en el derecho, ganado en las urnas, de modificar los puntos del acuerdo desde sus exigencias, a diferencia del gobierno y de las mismas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no han cedido un ápice en sus posturas, mostrando una actitud más inclinada a la perpetuación de la guerra en el país que a lo contrario.
A ellos les importa un huevo que el cese del fuego bilateral decretado el 29 de agosto haya estado a punto de romperse después del asesinato, el 13 de noviembre, de Joaco y Mónica, dos guerrilleros de las FARC, en el municipio de Santa Rosa, al sur del departamento de Bolívar, en la costa Caribe colombiana. El Ejército de Colombia dio a conocer en un comunicado que estos dos guerrilleros fueron asesinados porque estaban extorsionando, delinquiendo y haciéndose pasar por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el otro grupo insurgente con el que el gobierno intenta comenzar diálogos de paz.
Ante esto, las FARC, por su parte, hicieron público un video en el que Carlos Antonio Lozada, miembro de su equipo negociador, exige un peritaje forense para esclarecer el asesinato de estos guerrilleros, y asegura que tienen versiones diferentes a las presentadas por el Ejército en el comunicado.
A ellos les importa un huevo que el campamento por la paz, una iniciativa ciudadana que había decidido asentarse en la Plaza de Bolívar de Bogotá desde hace 49 días y que había prometido no moverse del lugar hasta que los acuerdos se cumplieran, haya sido desalojado por la fuerza por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) de la Policía Nacional la madrugada del sábado 19 de noviembre. El campamento estaba dividido. Algunos decidieron levantar sus carpas y marcharse, pero otros 30 no. Y a los 30 los quitaron.
La alcaldía mayor de Bogotá ha dicho que hubo una asamblea en la que se concertó el levantamiento del campamento voluntariamente, pero Álex Sierra, uno de los voceros del campamento, dice otra cosa: que a las 2.00 llegó el Esmad y encerró el campamento, que 300 hombres del Esmad violentaron a las personas que acampaban, y que incluso a una chica, poeta, le fracturaron un dedo y la desnudaron.
Lo que no deja de llamar la atención es que si el desalojo fue concertado, por qué el Esmad llegó a las dos de la mañana, como cazando delincuentes. El Esmad no es un grupo de angelitos que protegen a la población civil, y eso se sabe. Por eso, le creo a Sierra, y no a la alcaldía, y menos a ese escuadrón.
A ellos les importa un huevo que los asesinatos de líderes sociales continúen. De acuerdo con datos del diario El Tiempo de Bogotá, hasta el 1º de noviembre habían sido asesinados 62 en todo el país, según el programa Somos Defensores, es decir, cinco más que en el mismo período del año pasado, cuando mataron a 57 líderes sociales. Las causas de los asesinatos: el respaldo al proceso de paz de La Habana, la defensa de la restitución de tierras y la oposición a la gran minería en algunos territorios.
En las últimos días hubo cuatro atentados contra líderes sociales en el país: dos en San Vicente del Caguán, otro en La Macarena, en donde una de las víctimas recibió los disparos frente a su familia, y en el departamento de Nariño, al sur del país, un líder campesino sobrevivió después de que le dispararan en seis oportunidades.
Hace menos de 72 horas, en Barranquilla, a Martha Díaz, madre de un joven que habría sido ejecutado extrajudicialmente por el Ejército de Colombia, y líder de víctimas, desconocidos le dispararon en varias ocasiones. Menos mal que la camioneta en la que se desplazaba -y que le había suministrado la Unidad Nacional de Protección- era blindada y Díaz salió ilesa del atentado.
Ante esto, los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, la ex candidata del Partido Conservador Marta Lucía Ramírez y el ex procurador general Alejandro Ordóñez, voceros del No, no han dicho una sola palabra. Por eso la necesidad de que el proceso con las FARC llegue a feliz término, para que, entre otras cosas, se tomen medidas urgentes para proteger a los líderes sociales.
Pero no, para ellos esto no es nada. A ellos les importa un huevo que la sangre siga corriendo por los campos y que pueda llegar pronto a las ciudades.
Y como si esto fuera poco, mientras se firmaba el nuevo acuerdo, el Canal RCN, en su transmisión en vivo, invitó, de panelistas para que hagan el análisis, a Jaime Castro, líder del comité Mejor No; a Diana Sofía Giraldo, representante de la Fundación Víctimas Visibles; a la ex candidata presidencial y vocera del No Marta Lucía Ramírez; al periodista Herbin Hoyos, líder de la Federación de Víctimas de las FARC; y al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en una muestra clara de sesgo y parcialidad con respecto al proceso de paz. Invitaron a los padres para que hablen de los hijos. Invitaron a nazis para que hablen de Adolf Hitler.
Dentro del caos y de la confusión, ahora nos queda el Congreso, que no es un dechado de virtudes, pero es lo que nos queda. Por ahora, el panorama de Colombia es esperanzador, pero todavía hay cosas turbias. Quienes reconocimos en su momento la importancia de respetar la decisión del plebiscito y de abrir espacios para que los triunfadores de la opción del No hagan parte del consenso empezamos a perder las esperanzas, porque cada día con sus posturas y sus argumentos nos están demostrando que no están interesados en la paz del país. Lo que a ellos sí les importa es dilatar el proceso hasta 2018, año de las elecciones, para poner como presidente a uno de los suyos, que podría ser Alejandro Ordóñez, un ex procurador destituido por el Consejo de Estado nada más ni nada menos que por irregularidades en su reelección. Irregularidades quiere decir trampas, como nombrar en cargos públicos a parientes de miembros de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección. En otras palabras, un delincuente.
Las FARC, el gobierno y ahora el Congreso están a cargo de los acuerdos de paz; del otro lado del ring, el Centro Democrático, un grupo recalcitrante de la extrema derecha más temible y peligrosa, y la RCN, un canal de noticias perverso, manipulador y mezquino, liderado por Claudia Gurisatti, uno de los parlantes más brutales del uribismo. Ojalá, si todo sale de la mejor manera, este canalcito de quinta también sea investigado como un actor importante de la guerra en Colombia y sea llevado ante los jueces para que dé las explicaciones de por qué, por su manera de desinformar y manipular a las audiencias, ayudó a que esa guerra se mantenga.