Más de seis millones de personas tienen prohibido votar en Estados Unidos

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Estados Unidos se presenta a sí mismo como un ejemplo de democracia. Sin embargo, la realidad es que son muy pocas las personas que eligen a las autoridades del país. El voto no es obligatorio y, al menos en las últimas dos décadas, los niveles de participación registrados en las elecciones presidenciales han sido bajos.

Desde la década de 1980, la tasa de participación viene en picada: mientras que en 1988 se registró 86% de participación, en 2012 votó 54%. Los expertos relacionan la participación ciudadana con la popularidad de los candidatos, lo que podría explicar que en la elección de ayer el porcentaje no fue muy alto: según los sondeos, Hillary Clinton y Donald Trump fueron los candidatos más impopulares en la historia del país.

Pero hay otro problema: además de quienes eligen no votar, hay un porcentaje considerable de personas que tienen prohibido hacerlo. La organización civil The Sentencing Project, que trabaja en torno al sistema penal de Estados Unidos, aseguró en un reciente informe que 6,1 millones de estadounidenses tienen prohibido votar debido a las leyes estatales que afectan a los ciudadanos condenados por delitos graves. Esto representa 2,5% de la población total en edad de votar.

En algunos estados -Alabama, Arizona, Delaware, Florida, Iowa, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Nevada, Tennessee, Virginia y Wyoming-, las leyes restringen el derecho al voto incluso a quienes cometieron un delito y ya cumplieron la sentencia. De hecho, este último grupo es mayoría entre quienes no pueden votar. Según el informe, 77% de las personas privadas de este derecho viven fuera de la cárcel, ya sea en libertad condicional o en libertad total, al haber cumplido su condena. Sólo dos estados, Maine y Vermont, permiten votar a individuos que pasaron por la cárcel, y también a quienes continúan presos. Después está el caso de Ohio, donde no se puede votar estando en prisión pero la persona recupera el derecho automáticamente una vez que sale en libertad.

Las políticas de restauración del derecho al voto varían según el estado y, en muchos casos, están sujetas a las circunstancias políticas y a quién esté gobernando. En 2007, Florida votó para restaurar automáticamente el derecho al voto de muchas personas con condenas por delitos graves no violentos. La decisión se revirtió en 2011, y ahora las personas que salen de la cárcel tienen que esperar al menos cinco años después de completar su condena para solicitar la restauración del derecho. En 2005, el entonces gobernador de Iowa Tom Vilsack -demócrata- emitió una orden que restablecía automáticamente los derechos de voto de todas las personas que habían completado sus penas, pero la orden fue anulada seis años después por el gobernador Terry Branstad -republicano-.

Estas leyes tienen un impacto mayor en comunidades como la afrodescendiente. Los estadounidenses negros en edad de votar tienen cuatro veces más probabilidades de perder su derecho al voto que el resto de la población adulta, según el estudio de The Sentencing Project. En cuatro estados -Florida, Kentucky, Tennessee y Virginia-, uno de cada cinco adultos negros no puede ejercer su derecho ciudadano.

Un estudio citado en el informe analizó cómo estas limitaciones al voto tienen un impacto político a nivel nacional y encontró que probablemente hayan afectado los resultados de siete elecciones en el Senado de 1970 a 1998, así como la disputada elección presidencial entre George W Bush y Al Gore en el año 2000. Según el estudio, sólo si se hubiera permitido votar a quienes tienen prohibido hacerlo en Florida, el resultado “casi con toda seguridad se habría invertido”, a favor de Gore. La organización civil considera que negar el derecho a votar a quienes cometieron delitos graves no sólo es “profundamente problemático para una sociedad democrática”, sino que, además, es “contraproducente” para una reinserción efectiva en la sociedad una vez que las personas cumplen su condena.

Entre las personas que tienen edad para votar, tampoco pueden hacerlo quienes no tienen la ciudadanía estadounidense.

Los que sí votan

Las elecciones generales dividen a la sociedad estadounidense en función del perfil de cada candidato y no necesariamente en base al binomio liberal/conservador. Las encuestas previas a las elecciones de ayer, que reflejaban las tendencias de distintos sectores de la población estadounidense, mostraron que Clinton era la elegida entre las mujeres, los jóvenes y los negros, en especial en las grandes ciudades, mientras que Trump era el preferido en las zonas rurales y entre los jubilados, los hombres blancos y los católicos, según las encuestas publicadas esta semana por la agencia de noticias Reuters y el diario The Washington Post. Si se analiza a los votantes en clave territorial, Clinton era la favorita en las dos costas y su rival en los estados del sur de Estados Unidos. A la demócrata también la preferían las personas con título universitario.

Otro fenómeno a considerar es el de la fidelidad de los votantes a los partidos. Aunque tanto Clinton como Trump contaban con el voto mayoritario de los afiliados a sus partidos, en las últimas semanas los republicanos parecían más indecisos y dudaban si votar o no por Trump, probablemente contagiados por sus propios líderes, que en algunos casos le dieron la espalda debido a los escándalos que protagonizó. En lo ideológico, los resultados previos eran esperables: Clinton lograba 74% de los votos de aquellos que se definen como liberales, y Trump, 76% de los conservadores. La ex secretaria de Estado, además, ganaba entre quienes se declararon “moderados”.