La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aplazó ayer la asunción de Nadine Heredia, esposa del ex presidente de Perú Ollanta Humala, como directora de su Oficina de Enlace en Ginebra. En un comunicado, la organización manifestó que tomó esta decisión “considerando los desarrollos procesales que tienen [lugar] actualmente en Perú”.
La designación de Heredia en la FAO generó polémica en ese país, donde el gobierno y el Congreso denunciaron que el traslado de la ex primera dama a Ginebra podía obstaculizar la investigación que lleva adelante la Fiscalía en su contra por presunto lavado de dinero. La FAO informó que seguirá monitoreando “la situación de Heredia” para “identificar las medidas apropiadas a la luz de las circunstancias pertinentes”.
La organización aclaró que “en ningún momento” su intención fue “intervenir en cuestiones políticas o judiciales” de Perú, pero advirtió que “debe seguir rigiendo el principio básico de la presunción de inocencia, de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, y recordó que Heredia “está siendo tan sólo investigada y no ha sido acusada formalmente” por ningún delito. Heredia es investigada por una presunta contabilidad paralela del Partido Nacionalista Peruano que dirigían ella y Humala. La Justicia había prohibido que Heredia saliera del país hasta el 16 de octubre en función de la investigación, y la dirigente viajó a Ginebra la semana pasada.
Desde Perú se habían tomado medidas para frenar la designación. El martes, el gobierno emitió una protesta formal por intermedio de la cancillería y amenazó con retirar a su representante en la FAO si no reconsideraba “una decisión que puede ser interpretada como una interferencia a una investigación fiscal en curso en el Perú”. A su vez, el Congreso aprobó el jueves por unanimidad una moción en la que solicitó a la FAO que anulara la designación, que “afecta el curso regular de las investigaciones judiciales y parlamentarias, que incluyen delitos de corrupción”. En ambos casos se señaló que asumir el cargo en la FAO le daría a Heredia inmunidad diplomática.
También reaccionó la Fiscalía, que el viernes solicitó la prisión preventiva para Heredia. Hasta ahora la dirigente tenía que comparecer una vez por mes ante los tribunales peruanos, y sus abogados solicitaron que este sistema se modificara para que compareciera ante el consulado. En esa misma audiencia, la Fiscalía pidió la prisión preventiva ante un posible riesgo de fuga. El juez encargado del caso, Richard Concepción Carhuancho, rechazó la solicitud de la Fiscalía, pero ordenó a Heredia regresar al país en un plazo máximo de diez días y expresó que la dirigente “debe mantener arraigo en Perú, domicilio en Perú y trabajo en Perú, no en el extranjero”, pero no emitió órdenes judiciales en ese sentido.
Algunos medios peruanos han señalado que el titular de la FAO, José Graziano da Silva, fue ministro del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y que, entre otras cosas, se investiga si Heredia recibió sobornos desde Brasil durante el gobierno de Lula, en particular de la constructora Odebrecht, a cambio de beneficiar a empresas de ese país.