El país que tiene más para perder, una vez que Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, es México. Este efecto negativo va a llegar a pesar de que el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, prometió entablar una buena relación con el próximo gobierno estadounidense y defender los intereses de su gente a capa y espada. Va a llegar aunque Trump esté suavizando su discurso, aunque quiera poner vallas en la frontera con México en vez de construir un muro de cemento, aunque quiera deportar únicamente a los indocumentados que hayan cometido delitos -cerca de tres millones- y no a todos, como prometió miles de veces durante la campaña. Es que, en cualquier caso, la mayoría de estos indocumentados son de origen mexicano.
Otro proyecto de Trump que afecta a los mexicanos y fue confirmado el martes por el equipo de transición es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su sigla en inglés), que permitió que México elevara sus exportaciones a Estados Unidos en 80%, pero que el empresario considera poco productivo para su país. Gracias al NAFTA, que fue firmado en 1993, la industria manufacturera mexicana salió de las ciudades fronterizas para llegar a todas las zonas del país.
Con estas cartas tiradas sobre la mesa, el gobierno de México comenzó a planear su reacción. “Sé que el escenario mundial, y particularmente el nuevo capítulo que se abre en la relación entre México y Estados Unidos, hoy genera una constante de incertidumbre”, reconoció el martes Peña Nieto en un encuentro con empresarios. Lo que más preocupa a su gobierno son las consecuencias económicas que la presidencia de Trump pueda tener en las finanzas del país. Todavía no pasaron diez días desde el triunfo del republicano, y el valor del peso mexicano ya se devaluó 15%.
El equipo de transición de Trump también planteó la posibilidad de pedir a México y a Canadá la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), algo que no le conviene a México porque el acuerdo elimina los aranceles de varios productos en las fronteras, según dijo esta semana el ministro mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo.
Por otro lado, la cancillería mexicana anunció ayer medidas para proteger a los mexicanos en Estados Unidos y evitar que sean víctimas de abusos en caso de que Trump lleve adelante las deportaciones masivas que prometió. El gobierno mexicano reforzará los 50 consulados en Estados Unidos y su embajada, para brindar una atención integral a los migrantes mexicanos, y pondrá en marcha 11 acciones, tales como un número telefónico gratuito que ofrece un primer punto de contacto para mexicanos que requieran asistencia, información y protección consular. La cancillería aseguró, además, que con la intención de promover que todos los mexicanos cuenten con documentos de identidad, se facilitarán los trámites para obtener matrícula consular, pasaportes y actas de nacimiento. También dijo que hará un llamado a la comunidad mexicana en Estados Unidos a evitar toda situación de conflicto que pueda derivar en sanciones administrativas o penales.
En la frontera norte de Estados Unidos, la situación es bastante distinta. Mientras el futuro gobierno de Trump promete expulsar a los mexicanos, Canadá anunció que estos ya no necesitarán visa para entrar al país a partir del 1º de noviembre. Lo que sí deberán conseguir, en cambio, es la Autorización Electrónica de Viaje. El embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, explicó que la solicitud de ese documento se deberá realizar por internet, sólo llevará entre dos o tres minutos y tendrá un costo de cinco dólares.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo el lunes que el requisito de visa impuesto a México durante más de siete años -por el gobierno del conservador Stephen Harper- fue un “gran impedimento” para la relación bilateral. “Esperamos que a partir del 1º de diciembre, al suspender la visa, tengamos grandes oportunidades para el turismo, las inversiones y una más cercana relación de trabajo con México”, dijo Trudeau.
Los afectados del centro
La llegada de Trump a la presidencia podría perjudicar también a los países centroamericanos por la fuerte dependencia comercial y migratoria que tienen con Estados Unidos. Adelantándose a lo que podría pasar, El Salvador, Guatemala y Honduras lanzaron el martes un sistema conjunto de seguridad para combatir a las pandillas criminales y el narcotráfico, como parte de la llamada Alianza para la Prosperidad, un plan respaldado por Estados Unidos que busca frenar la migración, mejorar la seguridad y crear empleos, y cuyo futuro es incierto tras la elección de Trump.
La alianza, que fue impulsada por el gobierno de Barack Obama, sobrevive con la condición de que los países reduzcan los crímenes, los niveles de corrupción y mejoren la transparencia de las instituciones públicas. Estos tres países constituyen una región pobre y violenta, y el aumento de los homicidios es una de las razones que llevan a las personas a emigrar hacia el norte.
En sus planes para frenar la inmigración, Trump se concentró más que nada en México, pero no dijo si mantendrá la cooperación económica con Guatemala, Honduras y El Salvador, de donde sale la mayoría de los emigrantes de Centroamérica que llegan a Estados Unidos. Según las cifras oficiales más recientes, correspondientes a 2015, Estados Unidos deportó a inmigrantes indocumentados procedentes de 181 países: la mayor parte era originaria de México (146.132), Guatemala (33.249), El Salvador (21.920) y Honduras (20.309).
“Si logramos inversión, paz y oportunidades aquí, va a ser un buen negocio para Estados Unidos y para nosotros”, dijo el lunes a la prensa local el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Además, anunció que viajará a Estados Unidos para reunirse con congresistas de los partidos Demócrata y Republicano y defender la alianza. El canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, dijo en declaraciones a la agencia de noticias Reuters que el “primer mensaje” a los guatemaltecos es “guardar la calma” y “respetar la ley”. Agregó: “Nosotros estamos listos para actuar, pero no podemos hacerlo antes de que Trump tome alguna decisión”.
El otro país latinoamericano que se vería afectado por la aplicación de las promesas electorales de Trump sería Cuba, ya que para conquistar el voto del exilio cubano prometió condicionar el proceso de normalización de relaciones emprendido por Obama a avances en materia derechos humanos y libertades. Si el proceso se volviera a “congelar”, caería nuevamente la iniciativa de levantar el embargo económico, una medida que afecta profundamente la economía cubana y que con Obama en el gobierno tenía chances de prosperar. No hay que olvidar que la normalización de relaciones con Cuba encuentra rechazo también en el Congreso, en el que los republicanos mantienen la mayoría en ambas cámaras luego de las elecciones. Cuando asuma Trump, también la Casa Blanca se va a alinear con esa posición.