El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó ayer un decreto que retira la firma de su país del Estatuto de Roma, el tratado fundador de la Corte Penal Internacional (CPI). Rusia firmó ese estatuto en el año 2000 pero nunca lo ratificó, por lo que el país no estaba sujeto a la jurisdicción de la corte. Por lo tanto, su decisión es un pronunciamiento simbólico y político.
“La decisión de Rusia de no participar en el estatuto de la CPI o, en otras palabras, de revocar la firma de este documento, implica consecuencias jurídicas previstas por la Convención de Viena sobre los tratados internacionales de 1969”, anunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. En el mismo documento, la cancillería explica que el gobierno de Putin tomó la decisión porque la corte “no cumplió con las expectativas y no se convirtió en un órgano de justicia internacional verdaderamente independiente y prestigioso”. Además, señala que “varias veces” se constató un trabajo “ineficaz y unilateral”, y agrega: “En 14 años de funcionamiento, la CPI dictó sólo cuatro sentencias y gastó más de 1.000 millones de dólares”.
La cancillería rusa también criticó a la corte por haber acusado “injustamente” a las fuerzas rusas involucradas en la guerra con Georgia en 2008. “El ataque del régimen de [el presidente georgiano] Mijail Saakashvili contra la pacífica Tsjinvali [capital de Osetia del Sur], el asesinato de miembros de las fuerzas de paz rusas, derivó en acusaciones de la CPI contra las milicias surosetas y los soldados rusos”, pero “las acciones y órdenes de los cargos públicos georgianos se han dejado en manos de la Justicia georgiana, fuera del ámbito de la fiscalía de la CPI”, denunció Rusia. “Esta decisión habla por sí misma. En estas condiciones, difícilmente se puede hablar de confianza en la CPI”, concluyó la cancillería.
El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, dijo a la prensa que la decisión de retirar la firma fue tomada porque corresponde “a los intereses nacionales del país”, y aclaró que fue una “formalidad”, ya que no cambia nada en cuanto a la jurisdicción.
El anuncio de Moscú llegó un día después de que la comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los asuntos sociales y humanitarios reconociera la “ocupación temporal de Crimea” por parte de Rusia. El mismo día, en su informe anual, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda se refirió a la situación en Crimea y Sebastopol como un “conflicto internacional” entre Ucrania y Rusia. Peskov dijo ayer que esa valoración es “absolutamente contraria a la realidad” y “a la posición que declararon los ciudadanos de Crimea al participar en el referéndum en el que tomaron la decisión de unirse a Rusia”.
La revocación de la firma es inmediata, por lo que desde ayer ningún ciudadano ruso podrá ser juzgado en La Haya por crímenes de guerra o genocidio, a no ser que haya una resolución al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Rusia tiene derecho a veto.
Tras el anuncio de Rusia, la CPI dijo que “respeta” la decisión, aunque recordó que al no haber ratificado la firma no era considerado un “Estado miembro”.