Según las normas de la OMC, el dumping -que esa organización condena porque causa daños importantes a una o varias ramas de la producción del país importador- se configura cuando el precio de exportación de un producto es inferior a su precio de venta dentro del país. En el caso de China hubo una vuelta más: se consideró que el país no era una economía de mercado y por lo tanto el precio doméstico no servía de referencia. Por eso se habilitó un mecanismo provisional que permitía a los miembros de la OMC comparar los precios de exportación chinos con los datos de un tercer país sustituto que sí fuera considerado una economía de mercado. En el caso de China se han utilizado como referencia los precios de varios países, entre ellos México e India. Pero los chinos se quejaron siempre de que estos países de referencia tienen costos de producción más elevados que los suyos. Esto ha permitido que los demás países miembros tengan facilidades para denunciar por criterios antidumping a China y, de esa manera, imponer a sus productos de exportación aranceles más altos que los que se impondrían si se utilizaran los precios internos chinos.
Se estima que este mecanismo implicó que los aranceles promedio aplicados a los productos chinos en estos últimos 15 años fueran 23 puntos porcentuales más altos que los impuestos a productos procedentes de países catalogados como “economías de mercado”.
Mientras que China considera que se la trata injustamente, la UE, Estados Unidos y Japón aseguran que ese país no ha cumplido con sus compromisos y por eso no se ha transformado en una economía de mercado de pleno derecho. Lo cierto es que, si es argumentable que China compite en base al dumping, también lo es que la mayoría de los sectores productivos de las potencias occidentales pierden competitividad frente a China por tener una menor productividad. También es incontestable que ellos mismos imponen barreras al comercio de materias primas con el tercer mundo: el muerto se ríe del degollado.
Acción y reacción
La decisión de la UE, Estados Unidos y Japón de no reconocer oficialmente a China como una economía de mercado ha generado enojos en el gobierno de Pekín, que amenaza con represalias. Además, ha dicho que “llegará hasta donde haga falta” para que se le reconozca el estatus “de mercado” al país.
La primera decisión del gobierno chino fue solicitar ante la OMC un proceso de consultas con la UE y Estados Unidos por los métodos de cálculo de sus aranceles antidumping. Pero en este organismo burocrático, dominado por las potencias occidentales, una resolución vinculante podría tardar años y mientras tanto podrían seguir utilizando el mismo método que hasta ahora.
Un estudio reciente del think tank estadounidense Economic Policy Institute pronostica que catalogar a China de economía de mercado podría incrementar entre 25% y 50% las exportaciones hacia la UE, lo que amenazaría a tres millones de puestos de trabajo, principalmente en Italia, Alemania, España, Francia, Portugal y Polonia. El impacto en los países de la UE podría ser mayor si el bloque le da este estatus a China, sin que Estados Unidos lo haga, ya que los productos chinos serían desviados hacia allí.
Esta posibilidad es más que factible, dadas las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que durante la campaña electoral aseguró que impondría aranceles de hasta 45% a los productos chinos (es de suponer que la OMC tendrá algo para decir sobre la legitimidad de una medida como esta). Para colmo, el país que dentro de la UE defendía la concesión del estatus “de mercado” a China era Reino Unido, que está de salida del bloque.
Citado por el diario madrileño El País, Xue Rongjiu, vicepresidente del Instituto sobre la OMC del Ministerio de Comercio de China, amenazó: “Si insisten en romper las reglas, podemos tomar posturas más agresivas e incluso represalias. Si nos imponen aranceles antidumping, podemos hacer lo mismo con ellos”. Esta eventualidad impacta más en la UE que en Japón o Estados Unidos, ya que actualmente se está negociando el Tratado Bilateral de Inversiones entre el bloque y China, con el que los europeos buscan encontrar nuevos sectores para las inversiones de sus empresas y por esta vía levantar la tasa de beneficios que obtienen por sus negocios en Europa.
Las empresas europeas que invierten en China han visto en este último tiempo cómo la desaceleración de la actividad en la segunda economía actual, y sobre todo el lento avance de las reformas prometidas por el gobierno, han deprimido sus expectativas. Esta decisión de la UE, Estados Unidos y Japón implica que la capacidad de competir de las empresas chinas -incluidas las europeas que se encuentran en su territorio- continuará restringida, y su actividad frenada.
El crecimiento de la economía china cayó a 6,9% en 2015, el ritmo más bajo de los últimos 25 años. Además, enfrenta un fuerte crecimiento de los salarios -7,4% en términos reales, el año pasado-, una enorme capacidad ociosa de sus fábricas y un rápido envejecimiento de su población. Si bien las autoridades del país han manifestado que el consumo interno sustituirá a las exportaciones como motor del crecimiento, la gran incógnita es hasta qué punto este nuevo modelo continuará asegurando la creación de empleos, que es el factor clave para mantener la estabilidad social en un país de 1.300 millones de personas.