El Código Penal brasileño prevé sólo dos casos en los que el aborto está permitido hasta los tres meses de gestación: violación o riesgo de vida de la madre. Un tercer caso se incorporó en 2012, también a instancias del Supremo Tribunal Federal (STF): cuando el cerebro del feto no se termina de formar, lo cual se conoce como anancefalia.
El tema del aborto volvió a discutirse en Brasil hace un año debido a los casos de zika en embarazadas y la posibilidad de que sus hijos nacieran con microcefalia. También por este asunto se recurrió al STF, que el miércoles decidirá si las mujeres contagiadas con zika pueden interrumpir de manera voluntaria su embarazo en cualquier momento.
Sin embargo, el caso que trató el martes el STF fue anterior. Se trató de cinco médicos y funcionarios de una clínica de abortos clandestina que reclamaban que no se los sometiera a prisión preventiva mientras eran juzgados. El tribunal se pronunció acerca de la prisión preventiva -decidió que pueden esperar el resultado del juicio en libertad- y sobre el asunto de fondo: la libertad de las mujeres de terminar con su embarazo si así lo desean. “En temas moralmente divisivos, el papel adecuado del Estado no es tomar partido o imponer una visión, sino permitir que las mujeres hagan su elección”, manifestó al justificar su voto el juez Luis Roberto Barroso.
En el fallo final, el STF habilita el aborto hasta el tercer mes de gestación, aunque entre sus potestades no está la de reglamentar esa decisión, por ejemplo, indicando si hace falta sólo la voluntad de la mujer o cómo deben implementar esta decisión los servicios de salud. La decisión se aplica sólo para el caso puntual de estos cinco trabajadores de la salud, pero funciona como un precedente: cualquier mujer que quiera abortar podrá recurrir a la Justicia si no le permiten hacerlo, y los tribunales deberán fallar de acuerdo con el dictamen del STF.
Agrupaciones feministas celebraron la decisión, así como algunos organismos sanitarios estatales locales dedicados a los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, hubo una reacción muy crítica de distintos referentes religiosos, en particular los evangelistas.
En el gobierno, la primera reacción fue de la secretaria de Derechos Humanos de Michel Temer, Flávia Piovesan, que celebró la decisión, aunque reconoció que esta le había caído mal a una de sus colegas, la secretaria de las Mujeres, Fátima Pelaes, que es contraria al aborto.
Varias iniciativas dirigidas a legalizar la interrupción voluntaria del embarazo han sido impulsadas en los últimos años desde organizaciones civiles y partidos de izquierda, incluido el Partido de los Trabajadores, que presentó un proyecto de ley. Todos los intentos fueron frenados por la bancada evangélica, integrada por diputados y senadores de varios partidos, pero que vota unida cuando en el Congreso se tratan asuntos que atentan contra sus convicciones religiosas. Si todos ellos pertenecieran a un único partido, serían la tercera bancada en tamaño, detrás de la del Partido del Movimiento Democrático Brasileño y el Partido de los Trabajadores.
Su apoyo es importante para el gobierno y también para el presidente de la Cámara de Diputados, Maia, que aspira a ser reelecto en el cargo en febrero. Ni bien el STF emitió su dictamen, los diputados, que estaban en sesión, empezaron a referirse al tema. “¡Está instituyendo el asesinato! Esta decisión es abominable”, dijo el diputado del Partido de la Social Democracia Brasileña Luiz Carlos Hauly. Varios diputados evangélicos reclamaron una respuesta de la cámara a lo que consideraron un “atropello” del STF, al que también acusan de haber tomado una decisión que compete al Congreso y no al Poder Judicial.
En esa línea se manifestó Maia, poco después, al anunciar la creación de una comisión que tendrá entre sus objetivos analizar la decisión del STF. “Siempre que entendamos que el STF legisla en lugar de la Cámara de Diputados o del Congreso, deberíamos responder ratificando o rectificando las decisiones del STF, como la de hoy”, dijo.
La comisión, que se prevé que se instale esta misma semana, analizará un proyecto de ley que amplía la licencia maternal en el caso de los bebés prematuros y, en ese marco, decidirá qué posición tomar ante el dictamen judicial. Los diputados evangélicos ya anunciaron que su intención es que en esa misma ley también quede claro que en Brasil el aborto es un crimen en cualquier etapa de la gestación, excepto en los casos ya previstos en la legislación brasileña.