No hay una cifra oficial de trabajadores estatales despedidos desde que empezó el gobierno de Macri. Según datos recolectados por el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), hasta el comienzo de febrero unos 19.000 trabajadores fueron despedidos o sus contratos no fueron renovados. Sí es oficial que los despidos pueden continuar. “Puede haber más cese de contratos a fin de febrero […] Podría haber más cesados si hay contratos que no cumplen funciones específicas”, dijo ayer en declaraciones a la radio La Red el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien agregó que se están estudiando unos 25.000 contratos.
A raíz de los despidos en el Estado, que afectaron a varias áreas vinculadas con los derechos humanos y el pasado reciente, ATE convocó el paro de hoy. Sin embargo, otras medidas tomadas por el gobierno de Macri llevaron a que se sumaran más sectores. Por ejemplo, algunos sindicatos de docentes anunciaron ayer que se unirían a la movilización debido a la falta de acuerdos acerca de los aumentos salariales en el sector, a menos de una semana de que comiencen las clases. La CTA también se unió, después de que jerarcas del Poder Ejecutivo dijeran que el margen de aumento para todos los trabajadores será de entre 20% y 25%, y se sumaron organizaciones sociales que van a protestar por la detención de Milagro Sala, líder de la organización Túpac Amaru.
Van igual
Una semana antes del paro y de las distintas movilizaciones, el gobierno anunció un nuevo protocolo de actuación en las manifestaciones públicas, que recibió múltiples críticas. Entre otras cosas, el protocolo describe un extenso procedimiento para liberar calles cortadas por piquetes, que incluye consultas con el “ministerio del área”, la Justicia y una instancia de negociación con los manifestantes. Si pese a estos procedimientos el corte no cesa, se intervendrá por la fuerza.
Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que aprobó el protocolo, aseguró: “Si [quienes cortan las calles] no se van en cinco o diez minutos, los vamos a sacar […] Las fuerzas de seguridad podrán actuar de manera inmediata”. Según el protocolo, si algún manifestante tiene un “elemento contundente” las fuerzas de seguridad deberán retirarlo; en sus declaraciones, Bullrich dijo que esto también se aplica a las capuchas.
El protocolo también tiene indicaciones para los medios de comunicación, que deberán cubrir la movilización desde una zona determinada por las fuerzas de seguridad. “No queremos que la prensa quede en el medio”, entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, dijo Bullrich al canal Todo Noticias, y aclaró que esto incluye a los fotógrafos.
Además, el protocolo establece que debe haber una instancia previa entre el gobierno y los manifestantes, en la que se debe decir dónde se desarrollará la movilización o qué recorrido hará, y especificar, entre otras cosas, cuánto durará. Se intenta así “ver cómo se canaliza la protesta sin coartar ningún derecho”, dijo el lunes el secretario de Seguridad, Gerardo Milman, antes de reunirse con representantes de ATE.
Ese mismo día, unas horas antes, unas 50 personas del Movimiento Socialista de los Trabajadores se reunieron frente a la casa de Bullrich para protestar por el nuevo protocolo. La referente política del movimiento, Vilma Ripoll, dijo que ella y los demás militantes están “convencidos de que el gobierno necesita una herramienta como ésta porque sabe que va a haber una respuesta de la gente” ante los ajustes de las tarifas de los servicios públicos”.