El Ayuntamiento de Madrid contrató a la compañía Títeres desde Abajo, para que representara una de sus obras, La bruja y don Cristóbal, que según la compañía es un espectáculo para adultos pero que fue programada para un horario en el que el público era infantil. En la obra un títere apuñala a otro, un juez es ahorcado, y luego un policía le coloca a otro títere, sin que éste se dé cuenta, una pancarta que dice “Gora Alka-ETA”, con la intención de perjudicarlo. En euskera, gora significa “vamos”, y Alka-ETA es un juego de palabras entre Al Qaeda y ETA.
La función generó molestia en los padres, que llamaron a la Policía, y los dos titiriteros, Alfonso Lázaro y Raúl García, fueron detenidos como sospechosos de enaltecimiento del terrorismo. Después de cinco días, los cargos de prisión fueron sustituidos por medidas cautelares, como la de asistir diariamente a un juzgado o una comisaría. Cuando fueron liberados, los titiriteros dijeron en un comunicado que no fue su intención ofender a nadie, “enaltecer al terrorismo” o “incitar a la violencia o al odio”, y que antes de comenzar la obra advirtieron al público que los personajes “realizaban actos atroces y violentos”. Además, dijeron que estaban “preocupados” por la reacción ante una obra que propone “reflexionar sobre algunas situaciones que se dan hoy en día”.
El caso generó protestas en España porque la detención fue considerada una violación de la libertad de expresión, y motivó una campaña de recolección de firmas impulsada por Amnistía Internacional. Los titiriteros incluso recibieron el apoyo de los líderes de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y de Podemos, Pablo Iglesias.
Pero el caso también generó polémica en el Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa, Manuela Carmena, anunció que realizará una investigación interna para determinar por qué no se revisó el contenido de la obra antes de incluirla en un horario infantil cuando incluso en la página web de la compañía está incluida en la categoría “Teatro popular” y no en “Espectáculos infantiles”.