La carta de la guerrilla fue dirigida a la delegación del gobierno que negocia en La Habana, a la Corte Constitucional, al Congreso y a los países garantes del proceso. En el texto, las FARC reiteran que el plebiscito es “un error político y jurídico” que se presenta “como fórmula constitucional y legal que lo resuelve todo”, cuando en realidad no es así.
Actualmente en La Habana se está negociando el último punto, que refiere justamente a cómo se implementará el acuerdo que alcancen las partes, cómo se harán las verificaciones posteriores para garantizar que ambas partes actúen de acuerdo a lo establecido en el pacto y cómo será refrendado el acuerdo por la población colombiana. Desde el inicio de las conversaciones, hace más de tres años, la refrendación del acuerdo genera encontronazos entre el gobierno y la guerrilla.
Las FARC han exigido que se convoque a una Asamblea Constituyente, argumentando que es el único método que garantiza que se cumpla todo lo que se acuerde, ya que se incluiría en una reforma constitucional. Por su parte, el gobierno se ha inclinado por la opción de un referéndum que pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo, o no, con el acuerdo alcanzado entre ambas partes. El Congreso ya aprobó, a instancias del Ejecutivo, una ley para convocar al referéndum una vez que se firme el acuerdo de paz. Si la consulta popular brinda una respuesta afirmativa, será una comisión legislativa especial la que se encargue de redactar las leyes para aplicar lo acordado en La Habana. Los delegados de las FARC en Cuba han manifestado su desconfianza en que las leyes que redacte la comisión oficial sean fieles a los acuerdos alcanzados con el gobierno.
Uno de los reclamos de las FARC es que el gobierno decidió unilateralmente la convocatoria al referéndum, con lo cual “desatiende la palabra empeñada en la agenda” de negociaciones, que establecía que este aspecto se acordaría entre las partes. “El acuerdo final que traerá la paz a Colombia [...] no puede ser puesto en peligro por ligerezas políticas”, advierte la guerrilla, y agrega: “Dejemos de lado lo que no haya surgido de los textos del acuerdo general y busquemos conjuntamente vías jurídicas que permitan la inmediata implementación de todo lo acordado en La Habana una vez se firme el acuerdo final”, lo cual está previsto para el 23 de marzo.
En su carta abierta, las FARC también dicen que el referéndum que convocará el gobierno, que requiere una participación de sólo 13% para que su resultado sea vinculante, es “inconstitucional”. Justamente, la misiva fue difundida mientras la Corte Constitucional verifica la adecuación a la carta magna de la ley que convoca al referéndum y crea la comisión legislativa.
La realización del referéndum fue defendida por el presidente Santos, que aseguró ayer en su cuenta de Twitter: “Lo que se firme en La Habana lo someteré a plebiscito, les guste o no a las FARC”.
Tercero en discordia
Por el mismo medio se pronunció el presidente para dirigirse a la otra guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN): “Se equivoca el ELN si cree que sus ataques allanan el camino a la paz. He ordenado intensificar las operaciones contra esta guerrilla”.
La semana pasada Santos advirtió al ELN que se está quedando sin tiempo para comenzar las negociaciones de paz formales con el gobierno (hace dos años que están en diálogos exploratorios). La guerrilla no se pronunció, pero el viernes asesinó a un policía y en la madrugada del lunes lanzó bombas contra un batallón militar.
“Una paz sin el ELN sería una paz incompleta”, advirtió ayer el jefe de la delegación de las FARC en La Habana, Iván Márquez, quien llamó tanto al gobierno como a la guerrilla a tener gestos de acercamiento.