“Si no hay un hecho jurídico que respalde el proceso de juicio político, ese proceso no se encuadra en una figura legal y se transparenta como un golpe” contra el gobierno de Rousseff, dijo ayer uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Marco Aurélio Mello. Así, el magistrado coincidía con uno de los argumentos que han utilizado la presidenta y quienes se oponen al juicio político porque entienden que no tiene bases jurídicas debido a que Rousseff no cometió ningún “delito de responsabilidad”. Estos delitos están definidos en la Ley 1.079 del año 1950 (la que trata sobre los juicios políticos) como aquellos que “atentan contra la Constitución”.
La solicitud que analiza la comisión especial que se formó a estos efectos en la Cámara de Diputados pide que se juzgue a Rousseff por haber cometido un delito contra la protección y el uso legal de los dineros públicos. Se acusa a Rousseff de haber cometido este delito porque durante su primer gobierno autorizó que el Tesoro Nacional retrasara el pago de unos 40.000 millones de reales a varios bancos estatales que se encargan de pagar a los beneficiarios de los programas sociales; esto se hacía con el objetivo de que las cuentas estatales aparecieran mejor de lo que realmente estaban.
Según los técnicos de varios organismos públicos, esta práctica es usual en el gobierno brasileño desde 2000, o incluso desde antes, y era aceptada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). Este es un órgano asesor del Congreso brasileño que, entre otras cosas, evalúa la legalidad de las rendiciones de cuenta de los gobiernos. Lo usual es que envíe un informe en el que aprueba la rendición de cuentas y que el Congreso ni siquiera se ocupe de votar ese informe para avalarlo. Eso cambió en 2015: el TCU reprobó las cuentas del gobierno de Rousseff correspondientes a 2014 y la oposición tomó este pronunciamiento como un argumento para adjudicarle a Rousseff un delito de responsabilidad.
En Brasil hay varios cuestionamientos jurídicos sobre este tema. Uno señala que el Congreso no puede tomar para sí un argumento que en realidad es de un órgano asesor (el TCU), porque estaría cediendo soberanía. Otro indica que, de cualquier forma, la presidenta sólo puede ser juzgada por delitos de responsabilidad cometidos durante su mandato, y en este caso los hechos denunciados corresponden al anterior.
Otro debate, que se da entre los jueces del Supremo Tribunal Federal, apunta a si el gobierno puede, o no, apelar el pronunciamiento del Senado en este juicio político. En este sentido se pronunció ayer Mello, que además consideró que este es un momento en el que los políticos deben mostrar “entendimiento, comprensión y visión nacional”. También pidió que se piense en el futuro y se preguntó qué habría después de una eventual destitución de Rousseff, y si esa alternativa llevaría a que Brasil esté mejor. “No queremos conflictos sociales, queremos la paz social”, agregó.
Algo similar dijo ayer el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, al diario O Estado de São Paulo. “Este es un problema político doméstico, pero Brasil es un país muy importante y cualquier inestabilidad política es una preocupación social para nosotros”, dijo Ban, que también pidió a los “líderes” que “adopten soluciones armoniosas y tranquilas”.
Nueva escenografía
El terreno del juicio político ya no es sólo el del Congreso o el de los medios de comunicación y las redes sociales: dos organizaciones favorables a la destitución de Rou- sseff realizaron despliegues en los espacios verdes que están frente a la sede de gobierno, en Brasilia. La Federación de Industrias del Estado de San Pablo, una de las organizaciones empresariales más importantes del país, colcocó el martes cientos de patos inflables, que representan una de las frases de quienes impulsan el juicio político: “No vamos a pagar el pato”. Ayer el movimiento “Ven a la calle” clavó carteles con las fotos de los diputados de la comisión especial sobre el juicio político, a los que identificó según su voto: quienes están a favor del juicio político tienen su foto con la bandera de Brasil de fondo, mientras que quienes están en contra tienen un fondo rojo, el color que identifica al gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Parece bastante difícil prever si la comisión especial recomendará aceptar, o no, el pedido de juicio político. Se estima que se pronunciará entre el 11 y el 17 de abril. Una vez que lo haga, en un plazo de 48 horas debe votar el plenario de Diputados, donde se necesitan dos tercios para aprobar el juicio político. Luego debe votar el Senado, donde es necesaria la mayoría simple para que el proceso continúe. Si este sigue en marcha, Rousseff será separada de su cargo por 180 días, durante los cuales se desarrollará el juicio político.
Se desconoce si la oposición contará con los votos que necesita para destituir a la presidenta. Ayer se empezaron a ver las primeras diferencias dentro del PMDB, que el martes decidió abandonar el gobierno: sus seis ministros no quieren renunciar a sus cargos y propusieron pedirse licencia para mostrar respeto a la decisión partidaria. Ayer en los medios brasileños había versiones contradictorias sobre si la dirección del PMDB aceptaría la propuesta.
Mientras tanto el gobierno de Rousseff sigue buscando aliados y ayer logró retener en el gobierno al PP, que cuenta con 49 de los 513 diputados y seis de los 81 senadores: la dirección del partido se reunió ayer y postergó para después de la votación en la comisión especial su decisión sobre su continuidad en el gobierno.
La de hoy será otra jornada clave: el Supremo Tribunal Federal tiene previsto decidir si acepta o rechaza la designación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de gabinete de Rousseff. Su nombramiento fue recurrido por la oposición, que consideró que Lula buscaba evadir la investigación judicial en su contra vinculada al caso Petrobras. Como paso previo a la instancia de hoy, el procurador general, Rodrigo Janot, dio su parecer al tribunal: consideró que “no hay obstáculos a la designación de una persona investigada criminalmente” y que “una interpretación distinta confrontaría con el principio constitucional de presunción de inocencia”.
Además, está prevista para hoy la segunda movilización “En defensa de la democracia”, convocada por varias organizaciones, entre ellas el PT, para manifestar respaldo al gobierno de Rousseff y a Lula, que es acusado de haberse beneficiado con coimas en el marco de la red de corrupción en Petrobras.