No hace mucho tiempo, el fútbol argentino se transmitía exclusivamente por señales de cable: la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), que estaba integrada en partes iguales por Grupo Clarín y Torneos y Competencias, tenía los derechos exclusivos de transmisión de la Primera División. Para ver los partidos, los argentinos debían tener cable y pagar un sobreprecio, un sistema muy similar al que está vigente en Uruguay. Los partidos eran emitidos por el canal de cable TyC Sports, y las imágenes no podían ser utilizadas hasta que se emitiera, los domingos de noche, el programa Fútbol de primera. El último partido clásico entre River Plate y Boca Juniors transmitido por televisión abierta se había jugado en 1976.
En 2009 el gobierno de Cristina Fernández cambió esa situación y compró a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) los derechos de transmisión mediante un contrato a diez años. Desde la sede de la AFA, Fernández anunció en cadena nacional que los partidos serían transmitidos de forma gratuita por canales de aire en todo el país. La AFA recibiría 50% de las ganancias generadas por la transmisión de los partidos de Primera División, que eran los que estaban comprendidos en una primera instancia en esta política. En 2011 se sumaron los partidos de la Primera B Nacional, y así los dos torneos más atractivos del fútbol argentino fueron transmitidos por canales de aire.
Después de venderle los derechos de ambos torneos al Estado, la AFA hizo críticas fuertes a TSC. El entonces secretario general de la AFA, José Luis Meiszner, acusó a la empresa de haber hecho una “mala gestión” de la transmisión de los torneos, que perjudicó económicamente a la asociación. “La comercialización del fútbol es uno de los productos más rentables del mundo, menos en Argentina”, dijo en ese entonces.
Así nació la política que dio origen al programa Fútbol para Todos. La intención inicial era vender publicidad que permitiera que el Estado costeara, en cada torneo, la compra de los derechos de televisación, y generar ganancias que se repartirían entre la AFA y la financiación de los deportes olímpicos. Sin embargo, de un informe de la Auditoría General de la Nación para el período 2009-2012 se puede concluir que, al menos en esos años, el programa dio pérdidas, ya que “los fondos del Presupuesto Nacional aplicados efectivamente” a este programa en ese período fueron de casi 3.000 millones de pesos argentinos, mientras que sus ingresos fueron de casi 77 millones de pesos argentinos.
Uno de los argumentos que usaron para explicar los bajos ingresos ha sido que en las transmisiones de Fútbol para Todos casi no hubo publicidad privada. En el informe de la Auditoría General de la Nación se explicita que en 2010 se tomó la decisión de no permitir publicidad privada, con dos excepciones: la publicidad estática de los estadios y la empresa Iveco, que le dio nombre a algunos torneos de acuerdo con un contrato previo con la AFA. En la misma línea, Aníbal Fernández dijo en 2010, cuando era jefe de Gabinete, que el gobierno decidió “no pasar publicidad, salvo la del nombre del propio campeonato [en referencia a Iveco], y dejar el resto de los tiempos para la publicidad oficial”.
Además, otra de las constataciones que surgieron de investigaciones periodísticas posteriores a la publicación del informe de la Auditoría General de la Nación es que varios prestadores de servicios cobraron al Estado un precio superior al que solían cobrarle a la empresa TSC, hasta 50% más alto.
Otras versiones citadas por diarios argentinos como Clarín o La Nación indicaban, citando fuentes cuya identidad se mantuvo en reserva, que empresarios privados retiraron su publicidad del fútbol argentino cuando este comenzó a ser transmitido por Fútbol para Todos, y que eso generó un fuerte enojo en el gobierno, que como respuesta decidió prescindir de la publicidad privada.
De ayer a hoy
En setiembre, durante la campaña electoral, el entonces candidato oficialista a la presidencia, Daniel Scioli, aseguró que si Macri ganaba las elecciones eliminaría Fútbol para Todos. Esto fue negado por el diputado macrista Federico Pinedo. “No me sorprende que Scioli mienta con lo del Fútbol para Todos, al igual que lo hace el gobierno con la inseguridad, la inflación y la desocupación”, dijo en un comunicado. En el texto también garantizó la continuidad de la transmisión del fútbol en canales de aire, y de otros “derechos” y “programas sociales” impulsados por los gobiernos kirchneristas.
Pero los antecedentes no eran buenos. En 2013, Macri, que era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había dicho a la radio La Red que “el fútbol se organizaba muy bien sin la intervención ni la manipulación del gobierno nacional”.
También jugaba en contra de la continuidad de Fútbol para Todos la muerte de Julio Grondona, que era presidente de la AFA cuando se llegó al acuerdo con el Estado. Grondona murió en 2014 y fue sustituido de forma interina por su mano derecha, Luis Segura, que se mantiene en el cargo a la espera de las elecciones previstas para junio, en las que se enfrentará con Marcelo Tinelli, quien ocupa la vicepresidencia de San Lorenzo y una de las vicepresidencias de la AFA.
Pelota al piso
Más allá de las declaraciones de Pinedo, el macrismo no comunicó claramente qué pasaría con Fútbol para Todos, ni durante la campaña ni después de asumir el gobierno. Las primeras declaraciones sobre este tema fueron hechas a La Nación por el secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis, quien adelantó que, entre otras cosas, se incluirá la publicidad privada y se creará un servicio premium, que contará “con mejor calidad técnica, alta definición, más cámaras, o alternativas de repetición de jugadas”, que “podría comercializarse a través de la televisión por cable”.
Los cambios empezaron a llegar de forma paulatina pero a ritmo sostenido. Los periodistas que antes eran identificados como “militantes K” fueron retirados del equipo periodístico del programa televisivo, y la publicidad privada empezó a verse en el entretiempo de los partidos de este campeonato argentino.
Luego hubo modificaciones sustantivas: el gobierno acordó con Canal 13 y Telefé la transmisión de los partidos de los equipos más importantes del fútbol argentino -los de River, Boca, Independiente, San Lorenzo y Racing- en Buenos Aires, mientras que TV Pública los retransmitirá para el interior del país. La decisión del gobierno, que se tomó sin una licitación de por medio, hizo que América amenazara con recurrir a la Justicia, pero finalmente este canal también fue incluido en el acuerdo. Si bien la transmisión ahora la hacen canales privados, el gobierno argumentó que se trata de canales de aire a los cuales los porteños también pueden acceder de forma gratuita.
Otro beneficio asociado al inicio de Fútbol para Todos, en 2009, fue que el dinero que la AFA recibía del Estado por los derechos de transmisión se repartía entre los clubes de una forma más “pareja”, según el actual presidente de la AFA. “Desde que apareció Fútbol para Todos, los grandes perdieron participación”, dijo Segura a la radio La Red. El reparto no está exento de polémicas. De hecho, la Justicia está investigando si hubo desvíos o preferencias en la distribución de los fondos que obtenía la AFA mediante Fútbol para Todos.
En todo caso, el sistema también cambia con el gobierno del ex presidente de Boca: el acuerdo firmado entre la AFA y el gobierno establece que será este último el que determinará cuánto dinero va a cada club. Para ello se estableció una escala que incluye a varias divisionales. Acerca de la Primera, se establece que Boca y River recibirán 6,5 millones de pesos argentinos; Racing, San Lorenzo, Independiente y Vélez Sarsfield, 5,1 millones; y los 24 clubes restantes, 3,8 millones. Esta escala fue objetada por la mayoría de los clubes que quedaron en ese tercer escalón, que plantearon que cobrarán casi la mitad que los grandes. El vicepresidente de Rosario Central, Luciano Cefaratti, reclamó que “no todos los clubes reciben el trato que se merecen”.
En puntitas de pie
Varios medios argentinos informan abiertamente que el gobierno tiene la intención de rescindir el contrato con la AFA para desentenderse de Fútbol para Todos. Esto tendría como contrapartida el fin de la gratuidad, ya que esta está establecida en ese mismo contrato. Los diarios Perfil y La Nación informaron la semana pasada que, con el objetivo de reducir el costo político de una decisión de este tipo, Macri le pidió al actual presidente de Boca, Daniel Angelici, con quien lo une una amistad, que convenza a otros dirigentes de que lo más conveniente para ellos es rescindir unilateralmente el contrato con el Estado.
La clave de la propuesta del gobierno, planteada por Angelici en una reunión de la AFA a comienzos de abril, es que el vínculo entre esta asociación y el Estado es doble: por un lado, está el contrato que establece la gratuidad del fútbol; por otro, la venta de los derechos de transmisión. El planteo es que la AFA no renueve este último contrato y que licite los derechos de transmisión en mayo, con el objetivo de que quien gane se comprometa a transmitir el fútbol por canales de aire hasta 2019, aunque sin condicionarlo a hacerlo. Si quien gane se niega a hacer esa transmisión gratuita, la AFA rescindiría el otro contrato con el Estado, el que garantiza la gratuidad. La propuesta ya generó quejas: por un lado, es criticada porque podría representar el fin de la gratuidad; por otro, se plantea que es mejor hacer la licitación de los derechos de televisación después de las elecciones de la AFA, que serán en junio.
Hugo Moyano, presidente de Independiente, criticó un “intento encubierto de privatizar nuevamente el fútbol” y “devolvérselo al Grupo Clarín”. Por su parte, el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, dijo a ESPN: “No podemos estar apurados con el contrato de televisación si todavía no tenemos un proyecto. ¿Quién los corre? ¿Por qué tanta urgencia?”. Agregó que él defenderá que el fútbol “sea para todos y gratuito”, porque es “un derecho adquirido” y ahora “no se puede dar marcha atrás”.
Mientras tanto, el gobierno públicamente reconoce la licitación de los derechos de televisación, pero niega el fin de la gratuidad. La semana pasada, Fernando Marín, el director de Fútbol para Todos, informó en una conferencia de prensa que el gobierno va a llamar a una “licitación pública nacional e internacional” para la televisación y transmisión de los partidos de fútbol. Sin embargo, negó, aunque no de manera terminante, que se vaya a privatizar antes de 2019, cuando termina el actual mandato de Macri: “La intención es que hasta 2019 el Estado mantenga la gratuidad en el fútbol”.
Varios empresarios manifestaron su interés en participar en la licitación, entre ellos el uruguayo Francisco Paco Casal y la empresa estadounidense Turner, cuyos dirigentes incluso fueron recibidos en la Casa Rosada.