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Los pies en la tierra

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La agricultora peruana Máxima Acuña recibió el premio Goldman por su lucha contra el proyecto minero Conga.

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El premio Goldman, que reconoce la labor de defensores del medioambiente, fue otorgado a la campesina peruana Máxima Acuña por resistirse al desalojo de sus tierras en Cajamarca, en el norte de Perú, donde la empresa minera Yanacocha quiere desarrollar su proyecto Conga. La compañía minera pretende drenar cuatro lagunas -dos para extraer oro y dos para depositar los desechos-, una decisión que generó rechazos desde varios sectores por los daños ambientales que implicaría.

Una de esas lagunas, la Azul, está situada frente al terreno donde vive y cultiva la familia de la activista. Yanacocha intenta desde 2011 desalojar a la familia de Acuña -la única que todavía vive junto a la posible zona de extracción de metales-, con el argumento de que están “usurpando” un terreno que la empresa compró en 1996. Máxima, por su parte, asegura que adquirió el predio en 1994.

“Una agricultora de subsistencia en las montañas del norte del Perú, Máxima Acuña, se puso de pie para defender su derecho de vivir pacíficamente en su propiedad, un área apetecida por la minera Newmont y Buenaventura [que integran la sociedad anónima Yanacocha] para desarrollar la mina de oro y cobre, Conga”, señaló en un comunicado la organización que entrega los premios Goldman, considerados los Nobel del medioambiente. La ambientalista viajó ayer a San Francisco, Estados Unidos, para recibir el premio por el cual recibirá un apoyo financiero de 175.000 dólares, además de reconocimiento internacional y la oportunidad de llevar su lucha a distintos lugares del mundo.

La familia de Acuña es el único obstáculo que tiene la empresa minera para desarrollar este proyecto que contempla una inversión de 4.800 millones de dólares y que, según economistas y políticos, enriquecería la economía del país, una postura que defiende, entre otros, el presidente de Perú, Ollanta Humala.

La peruana ganó el premio Goldman en América Latina; el mismo que el año pasado fue concedido a la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo.

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