El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó ayer su último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tras un año de trabajar en el caso. El nuevo documento expone inconsistencias en la investigación -errores, destrucción de pruebas, demora en los trámites y rechazo de pistas sugeridas por el GIEI, por ejemplo- y acusa al gobierno de México de obstaculizar su trabajo.
Además, plantea la posibilidad de que los estudiantes mexicanos hayan sido atacados porque el ómnibus transportara drogas y alerta sobre el surgimiento de una nueva versión oficial basada en testimonios de detenidos torturados, que establece que los 43 jóvenes fueron divididos en dos grupos: uno fue llevado al basurero de Cocula y otro a un rancho para ser desaparecidos.
En este informe final, el GIEI también expone documentos que colocan a policías en varias escenas del crimen, e insiste en la necesidad de investigar el papel del Ejército.
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, lamentó ayer que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto haya rechazado la prórroga del mandato del GIEI, a pesar de que todavía no cumplió su objetivo. Por su parte, Peña Nieto dijo en Twitter que la Procuraduría General de la República analizará el informe y “seguirá trabajando para que haya justicia”. Esto a pesar de que ningún representante del gobierno fue a la presentación para recibir el documento.