El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que va a llevar “hasta el final” el combate armado contra los militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), a los que calificó de “ateos”. Los acusó de destruir mezquitas y dijo: “Esta gente no actúa en función de nuestros valores”. La presión del Ejército turco contra las regiones donde los kurdos son mayoría ha aumentado en los últimos meses y, según las declaraciones de Erdogan, así va a seguir. “Dejar las armas no será suficiente; deberán enterrarlas y darnos las coordenadas”, aseguró.
El recrudecimiento del enfrentamiento llega después de un período en el que se alcanzó un alto el fuego y se inició un diálogo político que no prosperó. Los principales impactos han ocurrido en las zonas que son mayoritariamente kurdas, en el sureste turco, donde son frecuentes los enfrentamientos armados. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, también son frecuentes los abusos de las fuerzas de seguridad turcas sobre los civiles. En un informe publicado a comienzos de mayo, Al Hussein denuncia que en febrero el Ejército turco quemó vivos a 150 kurdos, la mayoría de ellos civiles, en un avance sobre la localidad de Cizre, en la provincia de Sirnak.
Mirada europea
El anuncio de que perderán la inmunidad parlamentaria 138 diputados de Turquía, la mayoría de ellos opositores, debido a una reforma constitucional aprobada en el Parlamento, prendió más señales de alarma en la Unión Europea (UE). La relación entre el bloque y el gobierno de Recep Tayyip Erdogan atraviesa un momento delicado por el acuerdo firmado en marzo, que permite a los países europeos enviar a Turquía a los refugiados que llegan a sus costas, a cambio de acelerar el ingreso de este país a la UE y, mientras tanto, darle algunos beneficios.
El último avance en este sentido, en abril, fue la recomendación de la Comisión Europea al Parlamento del bloque de que aprobara una disposición para que los ciudadanos turcos no necesitaran visado para acceder a los países de la UE. Este es uno de los beneficios que Turquía recibiría en el marco del acuerdo de marzo.
Sin embargo, el presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata Martin Schulz, dijo que considera poco probable que esta recomendación se apruebe, ya que Turquía no ha concretado algunos cambios fundamentales que debe hacer como parte del acuerdo. Schulz se refirió específicamente a la legislación turca sobre el terrorismo.
Erdogan respondió a estas declaraciones de Schulz y advirtió que si no se libera el visado para los turcos, echará atrás el pacto acerca de la migración. También dijo que Turquía no va a revisar su legislación sobre el terrorismo.
Los avances solicitados por la UE parecen cada vez más lejanos, si se considera que en los últimos meses Turquía ha ampliado todavía más su definición de actividad terrorista, además de retirarles los fueros a los 138 diputados.
Incluso la canciller alemana, Angela Merkel, que fue la principal impulsora del acuerdo con Turquía, criticó la decisión del Parlamento y prometió que cuando se reúna con Erdogan le manifestará su preocupación. “Es importante para la estabilidad interna de cualquier democracia que los grupos pertinentes de la sociedad estén representados en el Parlamento”, dijo la canciller. Merkel también dijo, en una entrevista con el semanario Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, que considera que Turquía no ha hecho los avances necesarios para que la UE permita el acceso de sus ciudadanos sin visado.
También Federica Mogherini, responsable de la diplomacia del bloque europeo, y Johannes Hahn, el responsable de Ampliación de la UE que está analizando el eventual ingreso de Turquía, plantearon su preocupación por los últimos hechos ocurridos en ese país.
Esta denuncia fue hecha originalmente por el diputado Feleknas Uca, del Partido Democrático del Pueblo (HDP, por sus iniciales en turco). Este partido, socialdemócrata y pro kurdo, tiene la tercera bancada más grande en el Parlamento y ha denunciado varios casos de muertes de civiles por la ofensiva del Ejército turco en las regiones kurdas.
El Ejército no solamente se enfrenta a los grupos armados del PKK, sino también a todos aquellos que han manifestado su simpatía por los reclamos de los kurdos o han pedido una solución política y no violenta al conflicto.
En enero fueron detenidos unos 30 académicos que firmaron un manifiesto que pedía el fin de las operaciones represivas del Estado en las regiones kurdas. El documento fue firmado por unos 1.100 académicos turcos y 350 extranjeros, entre ellos el estadounidense Noam Chomsky y el esloveno Slavoj Žižek. La mayoría de los detenidos por este motivo fueron liberados, pero tres de ellos -Esra Mungan, Muzaffer Kaya y Kivanc Ersoy- fueron acusados, en febrero, de hacer “propaganda terrorista”. Otro de los firmantes, el británico Chris Stephenson, fue expulsado del país. Cuando comenzó el juicio, en abril, los tres académicos fueron liberados a pedido del fiscal, quien dijo que el proceso judicial contra estos tres académicos estará incluido en una investigación general sobre todos los que firmaron el manifiesto, informó el diario turco Hurriyet.
Mientras los académicos reclaman el fin de la “caza de brujas” en las universidades turcas, el gobierno impulsa en el Parlamento un proyecto de ley que hace más riguroso el sistema de control disciplinario sobre los profesores universitarios. Entre otras cosas, la norma establece que puede ser motivo de sanción la pertenencia a un partido político o la militancia política, sea partidaria o social. Las sanciones van desde un día de suspensión hasta quitarles temporalmente el título necesario para enseñar en universidades.
“La declaración de un grupo de académicos que define a la lucha de nuestro Estado contra el terror en el sureste del país como una ‘masacre’ puso a todo el mundo académico bajo sospecha”, dijo en un comunicado Yekta Saraç, el presidente del Consejo de Educación Superior, la máxima autoridad educativa del país, que se supone que es exclusivamente académica y no tiene vínculos políticos. “Esa declaración no puede ser asociada con la libertad académica. Proveer de seguridad a los ciudadanos es la primera responsabilidad del gobierno”, agregó.
Según organizaciones civiles turcas y extranjeras, 30 académicos que firmaron el documento fueron despedidos de universidades, y otros 27 fueron suspendidos.
Camino de ida
Las detenciones de los académicos ocurrieron sólo un día después de que el Parlamento, de mayoría oficialista, aprobara una reforma para ampliar la ley contra el terrorismo. “Uno puede ser diputado, académico, escritor, periodista o dirigente de una organización civil, pero eso no cambia la realidad de si esa persona es esencialmente un terrorista”, dijo el presidente Erdogan al celebrar la reforma de la ley a fines de marzo.
Desde hace años se denuncia que la definición de terrorismo en Turquía es tan amplia que permite incluir a cualquiera bajo esta categoría. El socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP, por su sigla en turco), el principal de la oposición, denunció que “la libertad de expresión está bajo amenaza grave en Turquía” porque cualquier expresión contraria a las decisiones del gobierno podrá ser incluida como una prueba de actividad terrorista.
El 20 de mayo el Congreso aprobó una reforma constitucional que retira la inmunidad parlamentaria para algunos procesos judiciales específicos en los que están acusados 138 de los 550 diputados. La bancada más afectada es la del HDP, ya que 50 de sus 59 diputados enfrentan cargos en la Justicia. Los demás acusados son: 51 de los 134 diputados del CHP, 27 de los 316 del gobernante Partido Justicia y Desarrollo y nueve de los 41 del Partido de Acción Nacionalista, además de la diputada independiente Aylin Nazliaka.
La mayoría de las acusaciones recaen sobre los líderes de las tres bancadas opositoras y refieren a delitos que van desde “injurias al jefe de Estado” hasta “espionaje” o “propaganda terrorista”. Según el Ministerio de Justicia, se trata de un total de 787 acusaciones, de las cuales 216 están vinculadas a presuntos crímenes de “terrorismo”, la mayoría de ellas sobre diputados del HDP. Otras acusaciones muy repetidas son las de “difamación” (201) y “violación de la Ley de Manifestaciones” (119). Según conocedores del sistema judicial turco, la mayoría de los diputados acusados pueden terminar en prisión preventiva.
Algunos medios europeos han recordado que en 1994 cuatro diputados opositores fueron detenidos y condenados a penas de prisión después de que se les retiraran los fueros parlamentarios. Una de ellos, la kurda Leyla Zana, recibió el premio Sajarov del Parlamento Europeo. Finalmente, los cuatro fueron liberados en 1994 como resultado de la presión ejercida por la Unión Europea, que impuso su liberación como una de las condiciones para que Turquía pudiera solicitar el ingreso al bloque.
“La mayoría de las acusaciones son derivadas de discursos ante el Parlamento, de actos políticos o de participación en manifestaciones. Son acusaciones sin base legal, se trata de decisiones puramente políticas”, aseguró la diputada del HDP Meral Danis Bestas a medios turcos.
Diputados de ese partido y del CHP han denunciado que se trata de un intento de Erdogan de eliminar a la oposición en el Parlamento. “No es una cuestión de guerra contra el terrorismo, sino un intento de cambio de régimen, un golpe impulsado por un hombre con ánimo de convertirse en única fuente de poder político”, dijo al diario español El Mundo el diputado del HDP Behçet Yildirim.
La reforma fue celebrada por Erdogan: “Mi pueblo no quiere ver en la asamblea a diputados que hayan cometido delitos”, dijo en un acto político. “No quiere ver en este Parlamento a diputados que continuamente apoyan a la organización terrorista separatista”, agregó, en referencia al PKK.