La política económica no fue un eje del debate electoral en la primera vuelta en Perú, lo cual resulta paradójico si tomamos en cuenta que la economía es una de las principales preocupaciones de los votantes. Para la segunda vuelta del 5 de junio, las discusiones económicas pasan quizá por distinguir matices, dado que ambos candidatos, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, y sus equipos económicos, proponen el continuismo del modelo neoliberal existente, establecido en la Constitución de 1993. Seguramente esto incidirá en el hecho de que la economía tampoco sea un eje central en la campaña de cara al balotaje.
Sin embargo, hay medidas de política económica incorporadas en los planes de gobierno o discutidas en medios de comunicación. Se pueden analizar con mayor claridad en el caso de Peruanos por el Kambio (PPK), el partido de Kuczynski, porque el desarrollo de esta sección por parte Fuerza Popular (FP) es mínimo, lo cual permite suponer que si este partido gana las elecciones, optará por continuar las políticas desarrolladas durante los períodos de gobierno de Alberto Fujimori, el padre y mentor político de la candidata.
Hoy la economía peruana está lejos de las épocas de bonanza en las cuales los precios de los commodities llevaron al país a tener un crecimiento superior a 6% por períodos prolongados (de 2005 al 2013 sobre el Producto Interno Bruto real, salvo en el 2009, que estalló la crisis financiera). El Banco Mundial estima que Perú crecerá 3,3% en 2016. Para 2017 las estimaciones son de 4,5% y para 2018 de 4,6%. El indicador está por encima de la media mundial. Si esto se suma a las limitadas perspectivas de crecimiento para sus principales socios comerciales, como Estados Unidos o China, la coyuntura nacional e internacional no parece un escenario lo bastante favorable para profundizar la lucha contra la pobreza, la desigualdad, y realizar cambios estructurales en los principales sectores socioeconómicos.
La principal crítica que se le hace al modelo económico es la de haber crecido sin inclusión. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza monetaria extrema alcanzó a 4,1% de la población en 2015 (13,9% en el área rural, y 1% en el área urbana). El índice de pobreza pasó de 49% en 2006, a 21,8% en 2015 (45,2% en el área rural, y 14,5% en el área urbana).
En cuanto a la desigualdad, para el año 2013, de acuerdo con el Banco Mundial, la participación en el ingreso del 10% mejor remunerado era de 33,4%, y la del primer decil, de 1,5%. En cuanto al índice de Gini, para el año 2013 fue de 0,44, y se mantuvo en niveles similares a los de 1994, cuando se encontraba en 0,45. Es decir que a pesar de que hubo una reducción de la pobreza, los recursos económicos se siguen concentrando en pocas manos.
En este contexto, los candidatos a la presidencia han ofrecido reactivar la economía, alcanzar niveles de 6% de crecimiento (lo que parece difícil si tomamos en cuenta las proyecciones del Banco Mundial) y reducir la pobreza y la desigualdad.
En teoría
Como propuesta para aumentar la capacidad adquisitiva de los consumidores, fortalecer la demanda interna, aumentar el consumo, y por tanto el ingreso nacional, Kuczynski ha dicho que reducirá en 3% el Impuesto General a las Ventas (equivalente al Impuesto al Valor Agregado), que pasaría de 18% a 15% a partir del año 2017. De acuerdo con sus postulados, la reducción de la recaudación tributaria se compensaría con el ensanchamiento de la base tributaria. Esta teoría se desarrolla a través de la Curva de Laffer, por la que se establece la relación de la carga impositiva y los ingresos fiscales. La curva tiene forma de campana, lo que implica que llegado al punto más alto, menores cargas significarían mayores ingresos.
Esta propuesta de PPK ha sido cuestionada por la mayoría de los economistas en Perú porque la recaudación por ensanchamiento de la base (mediante la potencial formalización de trabajadores que ahora son informales) sería sensiblemente menor a la caída de la recaudación debida a la disminución de la carga impositiva. Asimismo, si se la propone como medida temporal, con el fin de “calentar” la economía, tendría la dificultad añadida de la impopularidad de aumentar nuevamente la tasa.
Por otro lado, y con el fin de mantener la inflación “controlada” y en niveles similares a los actuales, ante un posible efecto del aumento de la demanda por el consumo interno, se impulsará el incremento de las tasas de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Para el caso de la informalidad, problema que no ha sido abordado adecuadamente por los gobiernos anteriores, y con el fin de incentivar la formalización, el candidato propone la reducción del Impuesto a la Renta a las micro y pequeñas empresas a 10% durante un período de diez años.
En cuanto a las actividades productivas, se propone la industrialización de Perú, sin entrar en detalle. Se hace hincapié en la necesidad de reactivar la industria minera y de hidrocarburos, que conjuntamente aportan 14% del Producto Interno Bruto. El principal problema que enfrentará PPK es político: actualmente Perú tiene varios proyectos mineros paralizados debido a conflictos sociales, ligados en particular a cuestionamientos medioambientales. Los casos más conocidos son quizá los del proyecto minero Conga en Cajamarca y el Tía María en Arequipa. Solamente en estos dos proyectos se calcula una pérdida de 6.200 millones de dólares.
Promesas por cumplir
Un eventual gobierno de Kuczynski tendrá que bregar mucho para poder activar las inversiones mineras y queda claro que, para que lo logre, los proyectos tendrán que tener licencia social y un estudio de impacto ambiental sólido y confiable. Si tomamos en cuenta que Kuczynski es visto como un lobbista cercano a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, esto puede explicar su bajo índice de popularidad en los territorios mineros, demostrado en las votaciones. A esto se suma que lleva como vicepresidenta a Mercedes Aráoz, que es señalada como una de las responsables del denominado “Baguazo”, el desalojo de miles de personas que bloqueaban una carretera contra un decreto que favorecía a empresas que quisieran explotar recursos naturales en territorios de la selva peruana. El “Baguazo” ocurrió el 5 de junio de 2009, cuando Aráoz era ministra de Comercio Exterior del segundo gobierno de Alan García. Según la Defensoría del Pueblo, en ese conflicto murieron diez civiles y 33 policías, y otro policía permanece desaparecido.
Entre otras medidas, Kuczynski plantea el aumento del salario mínimo a 950 soles, (unos 285 dólares). Su propuesta inicial era de 850 soles (255 dólares), pero el gobierno saliente lo elevó a esa cifra. También promete aumentar el salario más bajo que perciben los maestros a 2.000 soles (unos 600 dólares), lo que implica un aumento cercano a 43%; la masificación del acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado; gas natural a 10 soles (3 dólares) y el subsidio a su instalación, entre otras medidas.
Alfredo Thorne, su probable ministro de Economía, ha señalado ya que el déficit continuará cercano a 3% (aunque la Ley de Transparencia fija un déficit fiscal máximo de 1%). Por otro lado, se plantea la reestructuración de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria con el fin de hacer frente a la evasión fiscal. Se estima que la evasión en el Impuesto General a las Ventas es de 30%, y en el caso del Impuesto a la Renta, de 50%.
Entonces, ¿cómo financiar las promesas de campaña? En un contexto como el descrito, en el que no se daría prioridad a la generación de nuevos ingresos por parte del Estado, el financiamiento de sus propuestas provendrían, sobre todo, de los fondos con los que cuenta el gobierno, básicamente del Fondo de Estabilización Fiscal. Si tomamos en cuenta además del manejo conservador de la economía, que Kuczynski fue ministro de Economía y jefe de Gabinete durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, un eventual gobierno suyo establecería claros límites al gasto público, medidos en los indicadores macroeconómicos (déficit fiscal e inflación). Esto hace suponer que las promesas no podrán ser cumplidas en su totalidad, aunque es probable que esto el equipo económico de PPK lo tenga presente. Estamos en campaña.
Keiko por conocer
Por su parte, del partido de Keiko Fujimori no es mucho lo que se puede decir. Por un lado, el plan de gobierno de FP manifiesta que es necesario aumentar la competitividad y disminuir la burocracia estatal con el fin de atraer a la inversión privada. Asimismo, se refiere a la utilización del Fondo de Estabilización Fiscal para inversión en infraestructura, que incentive a su vez dicha inversión.
En relación a las pequeñas y medianas empresas, se plantea un régimen de tributación cero para los primeros dos años, y luego una tarifa de tributación progresiva. Tomando en cuenta que se trata de una medida cortoplacista, es importante tener en cuenta los posibles incentivos perversos.
En otros temas, FP ha señalado que está de acuerdo con el aumento del salario mínimo, aunque ha preferido no señalar cifras.
Una incógnita es cómo manejará los conflictos sociales ligados a la actividad minera, toda vez que en un acto proselitista, en Cajamarca, Fujimori señaló que “Conga es inviable por ahora”, lo que ha sido interpretado como una llamada al diálogo. Sin embargo, ha generado también suspicacias toda vez que el fujimorismo se ha caracterizado por la criminalización de la protesta y su posición a favor de las inversiones privadas.
En cuanto a la política macroeconómica, aunque no se describe en su plan de gobierno, se puede prever que las medidas serían similares a las planteadas por Kuczynski, basadas en el incentivo a la inversión privada mediante concesiones, ya sean de corte tributario o laboral.
En definitiva, las propuestas de Kuczynski parecen sustentarse en el clamor de una campaña electoral, y encaminarse a un cumplimiento sólo parcial. En el caso de FP, la escasa elaboración de su programa económico nos devuelve el temor al manejo clientelar y populista de los fondos públicos, similar al ejercido durante el gobierno de Alberto Fujimori.
El autor
Graduado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Piura, Perú. Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Máster en Desarrollo Rural por la Universidad Politécnica de Madrid. Candidato a doctor en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid.