El Ministerio Público de Honduras informó ayer que detuvo a cuatro hombres como “presuntos responsables” del asesinato de la ambientalista y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, del que hoy se cumplen dos meses. Los detuvieron por ese homicidio y también por el intento de asesinato del activista mexicano Gustavo Castro, quien estaba en la casa de la dirigente indígena cuando fue atacada a tiros.
Los detenidos son Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Sergio Ramón Rodríguez Orellana y Edilson Atilio Duarte Meza. El portavoz de las Fuerzas Armadas, Lenin González, dijo a la página web del diario hondureño La Tribuna que dos de ellos tienen vínculos con esa institución, pero que desconoce qué papel jugaron en el asesinato Díaz Chávez, un mayor de infantería en servicio activo, y Duarte Meza, un capitán de infantería retirado.
Según publicó La Tribuna, Duarte Meza se encarga de coordinar la seguridad de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), cuyo proyecto de instalar una hidroeléctrica sobre el río Blanco fue frenado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), liderado por Cáceres. Rodríguez Orellana es un técnico ambientalista de la misma empresa.
En 2014 Cáceres había denunciado en una entrevista que la cuarta persona detenida, Bustillo, a quien identificó como “el vicejefe de seguridad de la empresa”, la había amenazado y le había enviado “mensajes de acoso sexual”. Según la página web del diario El Heraldo, Bustillo también es un ex militar que había asumido funciones de seguridad en DESA, pero esa información no fue confirmada por las autoridades castrenses.
La familia de Cáceres y el Copinh emitieron un comunicado ayer en el que señalan que “la noticia de la presunta participación de militares activos y retirados vinculados con la empresa DESA pareciera demostrar el involucramiento de agentes estatales en el asesinato”, y piden que se disponga la suspensión definitiva del proyecto en el río Blanco. Además, en el comunicado denuncian que fueron excluidos del proceso de investigación del Ministerio Público y piden que se permita la participación de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso.