“Es momento de que la Procuraduría General de la República cambie su versión pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos que expliquen tanto las motivaciones de los normalistas como el desarrollo de los hechos y la falta de claridad sobre el destino de los estudiantes”, afirmó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en un comunicado que emitió para explicar las 20 recomendaciones enviadas el viernes a la fiscalía de México.
Entre las sugerencias que presentó el grupo -un día antes de que finalizara su mandato- aparece la necesidad de investigar una posible “obstrucción a la Justicia” por parte de funcionarios. También pidió al gobierno de México que cambie la “narrativa” oficial del caso, que sostiene que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de setiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, por policías que los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron sus cuerpos en un basurero del municipio de Cocula.
La investigación del GIEI concluyó que no había evidencias científicas que confirmaran que los jóvenes fueron quemados en el basurero, una conclusión que fue respaldada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). De acuerdo con los expertos de la CIDH, el relato oficial que marca “como escenario final de los 43 normalistas el basurero de Cocula debe ser puesto en cuestión a partir de los peritajes científicos ya presentados por el GIEI y el EAAF, incluyendo los que señalan que no puede responderse a esa pregunta [sobre el destino de los estudiantes] y que señalan que se necesitarían nuevos estudios experimentales”.
Para los expertos es necesario, además, “investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales”. Denunciaron desapariciones forzadas, homicidios, tentativas de homicidio, encubrimiento, abuso de autoridad, tortura, exceso en el uso de la fuerza, y lesiones y amenazas contra los estudiantes que sobrevivieron.
Además, señalaron que los trabajos de búsqueda no deben interrumpirse ya que los estudiantes siguen desaparecidos. “Mientras no se esclarezcan los hechos completamente y no se ubique el paradero de los normalistas, las búsquedas deben continuar”, sostuvo el GIEI. “La desaparición forzada es una violación de derechos humanos de carácter permanente y supone una herida abierta en los familiares que necesitan respuestas que generen credibilidad y confianza, y no [que] traten de dar respuestas que no se basan en evidencias científicas y una investigación acorde a los estándares internacionales”, agregó.
El grupo recomendó, finalmente, mantener abiertos los canales de diálogo y comunicación con los familiares de las víctimas y garantizar su seguridad, elementos que, según señalaron, fortalecen “el Estado de derecho y la lucha contra la impunidad”.
Pistas mezcladas
El jueves, los familiares de los 43 estudiantes habían exigido al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y a la procuradora general de la República, Arely Gómez, que Tomás Zerón, el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) -que depende de la fiscalía-, sea destituido por cometer “ilegalidades” en el proceso que investiga el caso de Ayotzinapa.
Los miembros del GIEI se unieron inmediatamente al pedido e insistieron en investigar a Zerón por actuar alejado de los “estándares mínimos internacionales”, en una búsqueda de los estudiantes realizada el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, en Guerrero, y por “tergiversar” los hechos. Según los expertos, ese día uno de los detenidos por el caso, Agustín García Reyes, dio su testimonio sin que estuviera presente su abogado defensor y sin que quedara registrado en el expediente oficial.
En ese río, el 29 de octubre de 2014, los buzos de la Marina encontraron una bolsa con restos óseos que permitieron identificar a Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos, según el registro oficial. Sin embargo, un video divulgado el jueves por el GIEI muestra que esa bolsa fue etiquetada con fecha 28, algo que Zerón atribuyó a un error de la perita responsable de marcarla.
Los forenses argentinos que participan en el caso advirtieron en diciembre de 2014 que no habían sido testigos del hallazgo de los restos que permitieron identificar a Mora porque, cuando llegaron al lugar, la bolsa ya estaba abierta y la muestra había sido colocada en un área de limpieza. Esta es la única prueba científica de que uno de los 43 jóvenes fue calcinado, como sostiene la versión del gobierno. El GIEI insistió en que se investigue la denuncia de Zerón “y se tomen decisiones tanto respecto de la Agencia de Investigación Criminal como de los servicios periciales y la actuación que tuvieron en ese tiempo, porque eso es lo único que va a generar credibilidad en la investigación”.
El viernes, Zerón rechazó las acusaciones y dijo que no renunciará a su cargo porque “está comprometido” con la investigación de la desaparición de los estudiantes. “Estoy tan seguro de mi actuar, que fui yo quien solicitó a la Visitaduría General -órgano interno de control de la Procuraduría- que revisaran las actuaciones del día 28” en el municipio de Cocula, dijo a Radio Fórmula. “La investigación no es hacia mí, pero si es necesario que me investiguen, que lo hagan”, dijo el titular de la AIC, y recordó que su petición incluye que se investigue a “toda la gente que participó en este evento”. Zerón admitió que Reyes García “pudo haber pedido un defensor de oficio” ese día, pero decidió ir “por su propia voluntad” al río San Juan para mostrar los lugares a los que había aludido en su declaración ante la Procuraduría unas horas antes.
Además del pedido de destitución del director de la AIC, los familiares de los desaparecidos exhortaron a la agencia estatal a “incorporar a la investigación todos los videos y material probatorio que de forma ilegal recabó” y pidieron que entregue a los familiares y a la opinión pública esos elementos que “desconocen”. Finalmente, según la declaración publicada el jueves en el diario mexicano La Jornada, exigieron al gobierno que “acepte el mecanismo especial de supervisión que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre el cual el gobierno ha sido omiso en responder”.