Las donaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se redujeron de 5,3 a 3,8 millones de dólares entre 2014 y 2015, y la tendencia sigue a la baja en lo que va de 2016. Esto se debe en gran medida a que países de la Unión Europea que aportaban a esa comisión redirigieron sus fondos a la situación de los refugiados.
La CIDH, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encarga de promover el respeto a los derechos humanos en la región, advirtió en un comunicado, el 23 de mayo, que atraviesa una crisis financiera “extrema”. Esto la ha llevado a suspender audiencias, reuniones de trabajo y visitas a países miembros de la OEA previstas para julio y octubre, y podría obligarla a rescindir los contratos de 40% de su personal, que vencen el 31 de julio.
“Será inevitable el retraso” de las investigaciones en curso, advierte el organismo, que insta a los países miembros y observadores y a “otros posibles donantes a realizar aportes financieros urgentes y de libre disposición”. Además, la CIDH llamó a los países de la OEA “a asumir su responsabilidad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” y tomar, en la Asamblea General que comenzará el lunes en República Dominicana, “una decisión histórica y trascendental” que implique “aumentar de forma radical” su presupuesto y asegurarle a todo el sistema “los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados”.
La CIDH reconoce en su comunicado que, más allá de esta crisis puntual, existe una “situación estructural y sistémica de financiamiento inadecuado que es indispensable atender y resolver”. Agrega que los países de la OEA financian a 31 de los funcionarios de la CIDH, y que los otros 47 con los que cuenta “están financiados con donaciones, las cuales presentan problemas de inestabilidad e imprevisibilidad”.
Esta crisis financiera de la CIDH ocurre mientras el organismo enfrenta fuertes oposiciones dentro de la OEA. Varios países la acusan de tener una visión parcial en sus informes sobre el respeto a los derechos humanos en América Latina, entre ellos México, Argentina, Ecuador y Venezuela, que abandonó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2013.
Esa oposición interna se hizo notoria el 25 de mayo, cuando jerarcas y funcionarios de la CIDH protestaron durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA para reclamar más fondos. Recibieron acusaciones de parcialidad, de falta de transparencia y de ineficacia, y un pedido de un “debate profundo” sobre su funcionamiento, informó la agencia Efe.
“Habrá que descifrar qué quieren decir esos mensajes”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza. Agregó que no quiere que los países dejen de aportar a la CIDH como “un mecanismo de amenaza” o un intento “de abrir por la puerta de atrás una discusión sobre las atribuciones de la CIDH”.
En esa sesión del Consejo Permanente de la OEA, uno de los más críticos fue el embajador mexicano ante esa organización, Luis Alfonso de Alba Góngora. Dijo que la CIDH recibe cada vez menos fondos “porque algunos han dudado de la eficacia o eficiencia del sistema, y hay que tomar medidas correctivas”. Con él coincidieron el chileno Juan Pablo Lira Bianchi y el argentino Julio César Ayala, que pidió a la CIDH “enfoques equilibrados y desideologizados”.
Uno de los países que más han acusado a este organismo, y a la OEA en general, de tener una mirada sesgada y favorable a Estados Unidos es Ecuador. Justamente su canciller, Guillaume Long, fue uno de los primeros en reaccionar: “La crisis financiera de la CIDH es el resultado de un modelo equivocado, basado en aportes de entes privados y Estados externos al Sistema Interamericano”, dijo en un comunicado. Este modelo “no sólo ha sentado las bases de la crisis, sino que ha politizado el tratamiento, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el continente”. Agregó que es necesario “cambiar radicalmente el modelo actual”, porque “esta politización erosiona gravemente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Por otra parte, Chile anunció en un comunicado de su cancillería que hará “contribuciones voluntarias” a la CIDH durante este año. En el mismo sentido, la reunión de autoridades de derechos humanos del Mercosur emitió una resolución en mayo en la que se compromete a “aunar esfuerzos y trabajos en los diferentes espacios y foros en materia de derechos humanos en los que participen a fin de facilitar su adecuado funcionamiento”.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que hay una contradicción en que los países latinoamericanos y caribeños hayan donado unos 210.000 dólares a la CIDH a la vez que aportan casi 14 millones a la Corte Penal Internacional. Esta última “no tiene ni un solo caso de la región”, mientras que la CIDH tiene “casi 7.000”, reclamó el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza.
Cada vez son más las solicitudes que se presentan ante la CIDH. Según datos oficiales, recibió 1.325 peticiones de investigación en 2006 y 2.164 en 2015. La mayoría de ellas provienen de México y Colombia. Actualmente el organismo tiene más de 6.000 peticiones pendientes de estudio, pero cuenta con sólo 12 abogados para analizarlas.