Temer sabe que ocupa el cargo de presidente de forma interina, pero actúa “como si fuera efectivo”, dijo en entrevista con el diario brasileño Folha de São Paulo. Con esa concepción, que no justificó, pretende llevar adelante una serie de privatizaciones, tal como se preveía en el documento “Un puente para el futuro”, que funciona como una especie de programa de gobierno. “El Estado debe transferir al sector privado todo lo que sea posible en materia de infraestructura”, dice el texto, redactado por la Fundación Ulysses Guimarães, que es una de las usinas de ideas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, al que Temer pertenece. Con el fin de habilitar estas privatizaciones, enseguida de asumir Temer envió al Congreso una medida provisoria -una especie de decreto que entra en vigor en el momento en el que es enviado a los parlamentarios pero pierde vigencia si estos lo rechazan-. Ese texto introduce algunas modificaciones en el sistema de privatizaciones y concesiones para acelerar esos procesos. La iniciativa establece que los organismos públicos deberán analizar de forma “urgente” los proyectos de privatización o de participación pública y privada. Además, elimina un criterio tarifario que había sido incluido por la presidenta Dilma Rousseff para la licitación de concesiones: antes ganaba el que propusiera la tarifa de uso más barata, siempre y cuando el plan de negocios fuera viable; esta condición ahora desaparece. A esto se suman otras modificaciones legales dirigidas a favorecer las privatizaciones en los distintos sectores, por ejemplo, en el área de energía.
Se desconoce cuál será el alcance de las privatizaciones, y esto favorece que se extienda el temor en diferentes ámbitos estatales. Asociaciones de profesores han advertido que hay señales de que se incluirá entre las privatizaciones la gestión de las universidades federales, lo que podría significar el fin de los distintos programas de inclusión educativa.
Los trabajadores de Eletrobras han asegurado que la empresa estatal de generación y distribución de energía eléctrica puede ser parcialmente privatizada, y por este motivo paralizaron sus actividades durante tres días, la semana pasada. Son sólo dos de varios ejemplos de las dudas que surgen ante la falta de certezas. Las definiciones sobre la política de privatización surgirán de un grupo técnico que formó Temer enseguida de asumir, aunque se sabe que, en principio, alcanzarán aeropuertos, puertos, carreteras y vías de tren.
Pero Temer dio algunas pistas de hasta dónde podrían llegar las privatizaciones. En la entrevista con Folha dijo que va a ser estudiada la posibilidad de incluir en la lista a los principales aeropuertos de Brasil, el de San Pablo y el de Río de Janeiro -Congonhas y Santos Dumont, respectivamente-. “Es posible que los privaticemos”, dijo, ya que la operación “daría una buena suma”. Estos dos aeropuertos se incorporarían a un paquete de privatizaciones que ya incluye a otros cuatro -los de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador y Fortaleza-. Temer también descartó la privatización de Petrobras, ya que “tiene una simbología muy grande”. En otra entrevista, con la revista Veja, dijo que la empresa está vinculada con el “nacionalismo” y el “patriotismo”.
El ministro de Hacienda, Fernando Meirelles, dijo que las privatizaciones permitirán reunir recursos que serían destinados a disminuir el déficit fiscal.
Las privatizaciones no se limitarán a los organismos que dependen del gobierno central: Temer exigió a los estados que dispongan privatizaciones como contrapartida para darles créditos y renegociar la deuda que ya tienen con el Tesoro nacional. Por ejemplo, el gobierno de Río de Janeiro, que se declaró en estado de calamidad por sus problemas económicos, ya accedió a privatizar la empresa que distribuye el agua potable y brinda los servicios de saneamiento, y el Ejecutivo de Goiás hará lo mismo con el organismo responsable de la generación y distribución de energía eléctrica en ese estado.
Sindicatos y organizaciones civiles han criticado lo que ven como una “ola” de privatizaciones por venir y advirtieron que es necesario que este tipo de medidas sean consultadas con la población, en particular porque el gobierno que está en el poder no fue electo en las urnas con estas propuestas sobre la mesa.
Las críticas a las privatizaciones no llegaron sólo desde organizaciones sociales. El ex canciller Celso Amorim, del Partido de los Trabajadores, al que pertenece Rousseff, advirtió que el gobierno de Temer se dispone a privatizar “áreas estratégicas sin medir las consecuencias” para Brasil. Señaló que, entre otras cosas, estas privatizaciones pueden llevar a que Brasil pierda autonomía en su política exterior y a que los brasileños pierdan el acceso a algunos de los servicios públicos con los que hoy cuentan.