Se está convirtiendo en costumbre que los gobiernos europeos exacerben los ánimos nacionalistas y convoquen a referéndums no sólo para tomar decisiones trascendentales para la UE, como el brexit, sino también para ganar fuerza a la hora de presentar sus posiciones políticas en el bloque regional, como lo hizo Grecia ante las presiones sobre su política económico-financiera y como pretende hacerlo ahora Hungría respecto de la política de refugiados decidida entre los, todavía, 28.
Los reclamos de Hungría, Reino Unido y Grecia tienen varios puntos en común, pero se destaca la exacerbación del nacionalismo y de la importancia de la “independencia”. En el caso húngaro esto se traduce en el rechazo a aceptar una parte de la ola de refugiados que llega a Europa procedente de países en conflicto. De hecho, Orbán ha asegurado que quien vote No en el referéndum estará votando “por la independencia de Hungría”. Bruselas “no tiene derecho a reconfigurar la identidad cultural y religiosa de Europa”, agregó ayer. Su jefe de gabinete, Antal Rogan, dijo que “sólo los húngaros pueden decidir con quién quieren vivir”. “El gobierno húngaro pide a los ciudadanos húngaros que digan 'no' a las cuotas obligatorias y que digan 'no' a las políticas migratorias de Bruselas”, agregó.
El referéndum fue aprobado por el Parlamento en mayo, y ayer fue convocado formalmente por el presidente János Áder. Para que su resultado sea vinculante, debe asistir a votar más de 50% de la población habilitada para hacerlo. Según sondeos, la mayoría de los húngaros votarán por el No, es decir, rechazarán el sistema de cuotas dispuesto por la UE. El gobierno hará campaña en ese sentido, mientras que los partidos opositores anunciaron que intentarán boicotear la votación para que la participación sea menor de 50%.
Un poquito más duro
La política migratoria de Bruselas a la que se refiere Rogan fue aprobada por todos los países de la UE menos cuatro: Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa. Establece que el bloque deberá aceptar a 160.000 refugiados y que cada uno de los 28 países debe recibir en dos años una “cuota” definida según determinadas variables, como su población y su economía. A Hungría le corresponde aceptar a menos de 1.300 refugiados; si no lo hace, la sanción consiste en pagar una multa. Según el gobierno, 22.000 personas presentaron pedidos de asilo en Hungría desde que comenzó el año, de los cuales sólo 264 fueron entregados. El Ejecutivo también informó que el año pasado 400.000 migrantes atravesaron Hungría en su camino a otros países de la UE.
Polonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Croacia atraviesan de norte a sur el continente europeo. Las frecuentes barreras impuestas por los primeros cuatro ante la ola migratoria han llevado a que se creen alternativas al camino conocido como “ruta balcánica”. Croacia ha protestado por esto en algunas reuniones del bloque, porque los refugiados se desvían rumbo a su territorio para ingresar al centro de la UE, así como Italia y Grecia, que consideran que los obstáculos en la ruta balcánica han colaborado en el incremento de la cantidad de refugiados que llegan por el mar Mediterráneo.
En particular, Hungría cerró temporal o definitivamente sus fronteras, con muros y vallas de alambre escoltados por un número cada vez mayor de policías y militares, e incluso ha disminuido su comunicación ferroviaria con los países vecinos, con el fin de evitar el ingreso de refugiados. También recurrió a la Justicia, junto con Eslovaquia, para anular el plan de cuotas acordado en Bruselas, pero la decisión del Tribunal de Justicia de la UE puede llegar después de que el plan de reubicación se ejecute.
En ese marco, Orbán optó por endurecer las leyes de su país, ya que su partido, Fidesz, cuenta con mayoría parlamentaria. El primer cambio fue penar con hasta cinco años de prisión el ingreso ilegal al país, y el último fue la reforma de la Ley de Extranjería, que entró en vigencia ayer. Esta reforma obliga a militares y policías a “acompañar” a los migrantes que se sospeche que ingresaron ilegalmente si se los encuentra a menos de ocho kilómetros de la frontera. Ayer fueron “acompañados” al otro lado de la frontera 600 migrantes. Organizaciones civiles denunciaron que se trata de devoluciones “en caliente”, que son rechazadas por las Naciones Unidas, y que se están violando los derechos humanos de los migrantes al enviarlos a “tierra de nadie” y obligarlos a sobrevivir en condiciones inhumanas.