El primer ministro de Francia, Manuel Valls, fue abucheado ayer durante un acto oficial de homenaje a las 84 personas que murieron en el atentado del jueves, cuando un camión embistió a la multitud durante los festejos del 14 de julio en Niza. A los silbidos se sumaron gritos aislados que pedían la renuncia de Valls o que lo acusaban de “asesino” ante las decenas de miles de franceses que participaban en el acto oficial. Los cuestionamientos al gobierno del Partido Socialista por su política de seguridad comenzaron horas después del atentado.
Según las autoridades, el atacante, Mohamed Bouhlel, se convirtió en islamista radical muy poco antes del ataque y no se encontraron pruebas de que estuviera conectado con grupos jihadistas. El gobierno del presidente François Hollande insiste en que no se puede prever una acción de este tipo, pero la oposición reitera que no se hizo lo suficiente para evitarla.
“No se puede garantizar el riesgo cero. Decir eso es decirles la verdad a los franceses”, afirmó el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, que ayer anunció que durante este verano (en el norte) se dispondrá una vigilancia especial para playas, centros turísticos y espectáculos culturales o deportivos masivos. El gobierno ha reiterado que durante el último año contrató a 9.000 policías, procesó por jihadismo a 1.200 personas e impidió 17 atentados. Ayer mismo, Valls afirmó que poco antes de la Eurocopa se frustró un atentado que pudo haber sido “muy mortífero”.
Una de las voces críticas con la política de seguridad fue la del alcalde de Niza, Christian Estrosi, de derecha, quien dijo que “la noche del 14 de julio la presencia policial y militar era insuficiente”. El también derechista ex presidente Nicolas Sarkozy dijo que sabe que “el riesgo cero no existe”, pero acusó al gobierno de no haber actuado como se requería. “Estamos en guerra, en una guerra total”, dijo, y consideró que se debe enfrentar con la postura: “Son ellos o nosotros”.
Cuestionó que el gobierno no abriera sitios para recuperar a las personas que se volvieron islamistas radicales, y que tardó demasiado en convertir en delito la visita a sitios web jihadistas. Además, el ex presidente, que se ha volcado cada vez más a la derecha desde que terminó su mandato, propuso analizar los casos de los 11.400 sospechosos de tener vínculos con organizaciones terroristas que tienen los servicios secretos. Reclamó que los sospechosos extranjeros sean expulsados del país “con urgencia” y que a los franceses que están en la misma situación se les coloque una pulsera electrónica y se les restrinjan los movimientos o se los interne en “centros de retención”.
Para la presidenta del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, “en cualquier otro país del mundo, un ministro con un balance tan lamentable como Bernard Cazeneuve, con 250 muertos en 18 meses [en atentados jihadistas], habría dimitido hace tiempo”. A su entender, “desde hace décadas los gobiernos de Francia se han negado a reaccionar”, en el marco de una “cultura de la excusa, de la comprensión” hacia el islamismo radical.
Con este ambiente, el Parlamento de Francia tiene previsto tratar hoy la iniciativa de Hollande de prorrogar por tres meses el estado de emergencia, que vencía el 26 de julio, después del Tour de France.