El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decretó ayer el estado de emergencia por tres meses para combatir “la amenaza a la democracia” que, según explicó, sigue vigente en Turquía después del intento fallido de golpe de Estado del viernes. “Esta medida no es en absoluto contra la democracia, el Estado de derecho y la libertad. Por el contrario, tiene el propósito de fortalecer y proteger esos valores”, dijo Erdogan después de reunirse durante cinco horas, de forma extraordinaria, con el Consejo Nacional de Seguridad, que concentra a las autoridades militares y políticas del país.
El mandatario dijo que esta decisión tiene como objetivo “acelerar” la búsqueda de “todos los elementos de la organización terrorista”, en referencia a Hizmet, el movimiento que según el gobierno promovió el golpe la semana pasada, y que está encabezado por Fethullah Gülen. El estado de emergencia permitirá dar “de forma más eficiente los pasos para eliminar lo antes posible la amenaza a la democracia, el Estado de derecho y los derechos de nuestros ciudadanos”, agregó Erdogan. El presidente de Turquía se amparó en el artículo 120 de la Constitución, que permite establecer la emergencia en el caso que se produzcan “actos de violencia que amenacen la democracia”.
En una entrevista que brindó antes de hacer el anuncio a la cadena Al Jazeera, Erdogan reconoció que los servicios secretos turcos “fallaron”. Dijo que un ejemplo de esto es que se enteró acerca del intento de golpe gracias a su cuñado y no por las vías oficiales. “Al principio no quise tomármelo en serio [...] Pero adoptamos las medidas necesarias tras confirmarlo con la inteligencia y algunos canales más”, explicó. También negó ser un presidente “autoritario” y aseguró: “Permaneceremos bajo un sistema con un Parlamento democrático, y nunca nos alejaremos de él”.
Erdogan anunció el decreto en medio de una purga masiva del aparato estatal, de donde fueron despedidas más de 55.000 personas en menos de una semana. Ayer, el gobierno turco tomó más medidas para alejar de las instituciones públicas a posibles seguidores de Gülen. Por un lado, la Junta Superior de Educación prohibió hasta nuevo aviso que los académicos turcos viajen al extranjero, según informó el canal estatal TRT. Un funcionario turco, citado por la agencia Reuters, dijo que se trata de una medida temporal para evitar el riesgo de que escapen del país los supuestos partidarios del golpe de Estado que trabajan en las universidades. Además, el Ministerio de Educación cerró cerca de 600 colegios privados, lugares que, según algunos medios, como la agencia Efe, cuentan con una fuerte presencia de simpatizantes de Gülen.
Por otro lado, Turquía bloqueó el acceso a Wikileaks, después de que el portal publicara casi 300.000 correos electrónicos del gobernante Partido Justicia y Desarrollo. Wikileaks manifestó que la información publicada “no está conectada de ninguna manera con los elementos que están detrás del intento de golpe de Estado, ni con partidos políticos rivales, ni con el Estado”. La Junta de Comunicaciones y Telecomunicaciones, el órgano que controla internet en el país, confirmó que había adoptado una “medida administrativa”, según informó el diario turco Hürriyet. Esa es la expresión que usan generalmente cuando se bloquea el acceso a sitios web: el año pasado ocurrió con Twitter y con Youtube.
En tanto, Amnistía Internacional advirtió sobre las “severas medidas” que tomó el gobierno de Erdogan en los últimos días, y pidió a las autoridades que “cumplan con el Estado de derecho” y “respeten la libertad de expresión”. En un comunicado firmado por Andrew Gardner, su responsable en Turquía, Amnistía Internacional asegura que después del viernes las autoridades turcas bloquearon arbitrariamente el acceso a más de 20 portales de noticias, retiraron los permisos a 25 medios de comunicación y cancelaron las acreditaciones de prensa a más de 30 periodistas.