En octubre de 2014, unos 54,5 millones de brasileños eligieron a una presidenta que pertenecía a un partido de izquierda, el Partido de los Trabajadores, y que estaba aliada con otro de centroderecha, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Ahora el gobierno quedó en manos del PMDB y es apoyado por aquellos partidos derechistas que perdieron las elecciones. Este cambio que se procesó mediante el juicio político a Rousseff generó movilizaciones a favor y en contra tanto en la noche del miércoles como ayer.
Las movilizaciones contra la destitución de Rousseff, convocadas por el Frente Brasil Popular, reunieron a miles de personas y fueron reprimidas por la Policía Militar. El máximo foco de tensión tuvo lugar en San Pablo, donde los manifestantes trataron de ocupar un predio de la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), asociación empresarial que respaldó el juicio político. Fueron reprimidos con bombas lacrimógenas, dos fueron heridos -una mujer perdió la vista en uno de sus ojos- y dos fotógrafos fueron detenidos durante la noche y liberados ayer.
Justamente la FIESP publicó ayer un texto en los diarios Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo y O Globo en el que exige al nuevo gobierno que tome medidas inmediatas para “controlar sus gastos, eliminar los dispendios y combatir la corrupción”, y así desarrollar las “vías de la confianza, el desarrollo, la gestión eficiente, el buen gobierno y la generación de empleo y riqueza”. En el mismo comunicado, la FIESP solicita un ajuste fiscal y rechaza un eventual aumento de impuestos, informó la agencia de noticias Efe. El comunicado está firmado por el presidente de la FIESP, Paulo Skaf, que es integrante del PMDB.
Las señales en la economía no son buenas. El mismo día que el Senado votó para destituir a Dilma Rousseff, el miércoles, se supo que Brasil continúa en recesión. El Producto Interno Bruto cayó 3,8% en el segundo trimestre de este año, en comparación con el mismo período del año anterior, y el déficit fiscal primario de los primeros siete meses del año es el peor de la historia, informó el Banco Central. Enseguida de quedar efectivo como presidente, Temer envió al Congreso su proyecto de presupuesto para 2017. Uno de los puntos destacados es la ausencia de aumentos de impuestos -excepto por un ajuste de 5% del Impuesto a la Renta que ya había sido anunciado por Rousseff en mayo-, una posibilidad que el gobierno de Temer había manejado para reducir el déficit fiscal.
Según el proyecto de presupuesto, 2017 terminará con un déficit fiscal de más de 44.000 millones de dólares, cifra que duplica la previsión del equipo económico de Rousseff. El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, dijo cuando presentó el proyecto enviado al Congreso que en los gobiernos de Rousseff, año a año, el gasto público aumentaba por encima de la inflación, algo que el actual Ejecutivo quiere evitar, y por eso se propone que en 2017 el gasto público tenga un crecimiento igual al de la inflación de 2016, prevista en 7,2%.
Cuando todavía era presidente interino, Temer había propuesto esta limitación al gasto público e incluso envió un proyecto al Congreso para que la Constitución establezca que el crecimiento del gasto previsto en cada presupuesto debe tener como techo la inflación del año anterior. La medida fue rechazada por el Partido de los Trabajadores, la Central Única de Trabajadores y otras formaciones de izquierda, ya que esta reforma derivará en especial en una reducción del gasto en programas sociales. Según informa la BBC, entre 2006 y 2015 el apartado del presupuesto destinado a programas sociales, inversiones públicas y pago de salarios de funcionarios creció 93% por encima de la inflación.
Las medidas para reducir el déficit fiscal prevén también obtener ingresos mediante la privatización de empresas públicas y la licitación de concesiones para gestionar, entre otras cosas, cuatro aeropuertos y dos puertos. Estas iniciativas del Ejecutivo están acompañadas por el impulso, en el Congreso, de medidas similares. Los diputados y senadores que apoyan al gobierno promueven, por ejemplo, un proyecto que cambia las reglas para la explotación de petróleo en la plataforma marítima, en particular para revertir dos leyes aprobadas durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Una de esas normas establece que es obligatorio que Petrobras tenga una participación de al menos 30% en los consorcios que exploten los yacimientos, y la otra indica que las ganancias por la venta de derechos de explotación (los obtenidos del 70% restante) serán destinadas a aumentar el presupuesto de la educación. El nuevo oficialismo quiere derogar la segunda y modificar la primera para que Petrobras no esté obligada a participar en los consorcios que exploten esos yacimientos.
Esto acompaña, a su vez, a las medidas que está adoptando el Consejo de Administración de Petrobras. La empresa, en crisis desde comienzos de 2015, después de las primeras denuncias de corrupción, aprobó un Plan de Sociedades y Desinversiones 2015-2016 en el que está previsto que venda varias empresas subsidiarias, algunas de ellas en el exterior, y que se deshaga, al menos parcialmente, de su participación en la exploración de algunos yacimientos. Cuando llegó a la presidencia de forma interina, en mayo, Temer ordenó que el gobierno y Petrobras evaluaran todos los contratos de la empresa para determinar si puede desprenderse de más activos con el fin de reducir su deuda y mejorar sus resultados. Durante su visita a China y en el encuentro del G20, Temer tenía previsto mantener reuniones dirigidas a promover la inversión extranjera y la venta de activos de Petrobras.
Además, el proyecto de ley del presupuesto incluye un tema que ha generado diferencias entre los diputados y senadores que respaldan al gobierno: el aumento de los salarios de los trabajadores del Supremo Tribunal Federal (STF), en particular de los jueces que integran esa corte. El gobierno de Rousseff se negó a otorgar aumentos superiores a los dispuestos para el resto de los funcionarios, porque eso elevaría el gasto público por encima de lo previsto. Antes de que ella fuera suspendida, como una forma de presión, diputados opositores aprobaron una ley para aumentar los sueldos de los jueces del STF, una norma que no llegó a avanzar en el Senado. Ahora el gobierno de Temer incluyó ese aumento en el proyecto de ley de presupuesto, y esta medida fue criticada por sus aliados, en especial los del Partido de la Social Democracia Brasileña y de Demócratas. Ellos sostienen que un aumento como este agravará la crisis económica brasileña y lamentan que el PMDB no sea lo bastante duro con el ajuste fiscal. Si se aprueba el aumento, los sueldos de los magistrados del STF pasarán de 10.500 a 12.000 dólares.