El informe de la Oficina Anticorrupción fue la última de las instancias de una polémica que se mantiene desde que el presidente Mauricio Macri designó en diciembre a Aranguren, que hasta ese entonces era director ejecutivo de Shell en Argentina. Al dejar el cargo, el ministro se quedó con 16 millones de pesos argentinos en acciones en la petrolera. En los meses siguientes, la cartera que dirige tomó distintas decisiones que podrían afectar a la empresa, y las que generaron más polémica son las vinculadas con las tarifas energéticas, especialmente del gas.
Fueron cinco meses los que pasaron entre que la oficina recibió solicitudes de la oposición para que se pronunciara sobre este tema y la publicación del informe. En el documento se afirma que Aranguren no incurrió en ninguna incompatibilidad en los nueve meses que lleva en el cargo porque no tomó ninguna decisión que afecte directamente a Shell. La oficina analizó las distintas situaciones que fueron denunciadas por la oposición, ante este organismo y ante la Justicia, y consideró que Aranguren no se había expuesto a ninguna incompatibilidad.
Sin embargo, la Oficina Anticorrupción recomienda a Aranguren que se desprenda de las acciones que tiene en Shell basándose en el “deber de prudencia” establecido en el Código de Ética de la Función Pública, que establece que “el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad” y “evitar acciones que pudieran poner en riesgo [...] la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”. En la misma línea, el organismo recomienda que Aranguren se abstenga de firmar resoluciones que puedan estar vinculadas al Grupo Shell y que, en esos casos, recurra a un reemplazo. También le sugiere que aumente la “transparencia en la toma de decisiones”, así como “abstenerse de utilizar información” en beneficio de sus intereses personales.
Para elaborar su informe la Oficina Anticorrupción consultó a Aranguren, quien en sus descargos reiteró los argumentos utilizados por el gobierno: que él evitó involucrarse en decisiones que afectaran a Shell y que no utilizaba la información obtenida mediante su cargo para beneficios personales.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dijo a distintos medios que el informe fue el resultado de un “debate interno” y que es “muy completo”. Refiriéndose a Aranguren, dijo que considera que “lo mejor” para que “la sociedad confíe en él” es que siga las recomendaciones de la oficina que ella lidera.
El informe llega en la misma semana en que se realizará la audiencia pública exigida por la Justicia para que el gobierno pueda avanzar con el aumento de la tarifa del gas. Para esa instancia, además, fue convocada una movilización que pretende presionar al Ministerio de Energía para que dé marcha atrás con la medida.
Las opiniones vertidas por la Oficina Anticorrupción fueron retomadas incluso desde la alianza Cambiemos, que apoyó la candidatura de Macri a la presidencia. El titular del Senado, Federico Pinedo -que pertenece al partido del presidente, Propuesta Republicana-, opinó que Aranguren tiene que “hacerle caso” a la Oficina Anticorrupción o renunciar al cargo. Aun así, Pinedo relativizó la influencia que podría tener Aranguren en Shell al señalar que “tiene una parte muy chiquita” de la empresa, sin considerar el valor de esas acciones, que aumentó 37% entre enero y junio, según la denuncia presentada ante la Justicia por los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, del opositor Frente para la Victoria.
Distintas opiniones
La Justicia investiga si Aranguren cometió alguna irregularidad en su gestión a instancias de las denuncias presentadas por Doñate y Tailhade. El juez Luis Rodríguez y el fiscal Carlos Stornelli están investigando varias de las decisiones del Ministerio de Energía en los últimos nueve meses. Entre otras cosas, se investiga la compra de siete barcos de gasoil a Shell y la decisión de importar gas desde Chile, comprándole a una empresa cuyo principal proveedor es Shell. Esta última fue una decisión tomada en enero, y el gobierno argumentó que Argentina necesitaba para el invierno más gas del que podía exportarle Bolivia, por lo cual se optó por comprarle a Chile, que vende el mismo producto al doble de precio. El ministro de Energía boliviano, Luis Alberto Sánchez, dijo en ese entonces que Argentina nunca presentó una solicitud para aumentar sus importaciones de gas, y que Bolivia sí podía venderle esa cantidad.
Una vez concretado el acuerdo entre Argentina y Chile se supo que las empresas proveedoras de gas natural serán CGN Mejillones, que recibe el gas (para procesarlo y convertirlo en gas natural) de la francesa GDF Suez, y Quintero LNG, cuyo suministro de gas empezó a brindar Shell dos días antes de que se oficializara el acuerdo entre Argentina y Chile.
En su denuncia, Doñate y Tailhade acusan a Aranguren de haber hecho la compra de forma directa, sin licitaciones, y de haberse beneficiado personalmente como accionista de Shell. Por su parte, el senador Fernando Pino Solanas criticó esta decisión y planteó: “En esta situación de tarifazo, ¿cuál es la explicación para comprar, sin licitación, más caro en Chile?”. _ Una cuestión más amplia_
Después de conocerse el informe de la Oficina Anticorrupción, Doñate dijo al diario argentino Ámbito Financiero que Aranguren incurrió en incumplimientos y que, incluso si renunciara, eso no anularía las acciones que ya llevó adelante y que beneficiaron a Shell. También advirtió que si Aranguren es considerado culpable por la Justicia se pueden anular todas las decisiones que tomó como ministro, incluido el tarifazo del gas. “El dictamen es un mamarracho más, evidentemente [Alonso] es cómplice necesaria de esta gran ilegalidad que es el rol que ha cumplido Aranguren, que nunca podría haber asumido como ministro”, aseguró.
Estas no son las primeras críticas que recibe Alonso, que ha sido acusada de tener una actitud liviana ante las denuncias por las empresas offshore de Macri y los aparentes conflictos de intereses de distintos jerarcas del gobierno, varios de los cuales cumplieron funciones en el sector privado, al que siguen vinculados.
En junio el diario La Nación informó que la Oficina Anticorrupción encontró posibles conflictos de intereses de 22 jerarcas del gobierno pero tomó acciones solamente en cuatro de esos casos. Hizo recomendaciones a esos cuatro jerarcas en la misma línea que las efectuadas a Aranguren: que no firmen las decisiones vinculadas con determinadas empresas y que no utilicen la información a la que acceden por sus cargos en su actividad privada.