Los motivos por los que Cartes decidió la semana pasada destituir a la ministra de Cultura Mabel Causarano no se hicieron públicos. Sin embargo, los diarios ABC Color y Última Hora informaron que existían diferencias políticas con Causarano y que algunos dirigentes oficialistas cuestionaban que ella no fuera una militante del Partido Colorado. También se informó que un motivo de tensión fue el apoyo que la cartera le dio al documental Paraguay, droga y banana, de Juan Manuel Salinas, que trata sobre los vínculos entre el narcotráfico y la política, y que está muy lejos de la imagen del país que el gobierno quiere dar. El caso motivó un pedido de informes, al que la ministra respondió que el apoyo al documental fue otorgado durante el gobierno de Fernando Lugo, en 2011. Pero el malestar ya estaba instalado.
Como reemplazo de la arquitecta Causarano asumió el lunes el bioquímico y conferencista motivacional Fernando Griffith. De acuerdo con la prensa paraguaya, Cartes pensó en él para el cargo por su trabajo en el proyecto Paraguay Poderoso, que recibe apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y fue declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo. La página web de la vicepresidencia lo presenta como un proyecto “que apunta a la concientización de la ciudadanía acerca de los valores morales y el patriotismo impoluto que deben recuperarse e instaurarse nuevamente” después de su “dispersión y debilitamiento” en la guerra de la Triple Alianza. Según citó la agencia de noticias Efe, Paraguay Poderoso busca “recuperar la identidad de nación grande y próspera que el Paraguay tenía en el siglo XIX y volver a ser ejemplo para todo el mundo”. Ya como ministro, el lunes, Griffith dijo en un comunicado oficial: “Creemos que hay un Paraguay distinto por descubrir”.
Meses antes de su nombramiento, Griffith había llegado a firmar un convenio con la ministra de Justicia Carla Bacigalupo para trabajar en “educación en valores” con personas privadas de libertad. Pese a esta sintonía entre ambos, no van a coincidir en el gabinete de Cartes.
El 27 de julio la ministra fue apartada del cargo, justamente en el marco de la crisis que enfrenta el sistema penitenciario paraguayo, y un día después de que se encontrara un artefacto explosivo en la cárcel de Tacumbú, la mayor del país. En su lugar quedó Ever Martínez, que el lunes asumió formalmente como titular de la cartera.
El nuevo ministro dijo que su prioridad será “continuar por la senda de la humanización” del sistema carcelario y trabajar también para fortalecer su institucionalidad. En el tiempo que Martínez lleva como ministro interino ya debió enfrentar varios momentos críticos. A finales de agosto hubo un motín en Tacumbú causado por el asesinato de uno de los internos, supuestamente cometido por presos brasileños vinculados con las organizaciones criminales Comando Vermelho y Primer Comando Capital. Ese grupo fue dividido en distintas prisiones del país para evitar que actuara en conjunto.
Poco antes, en junio, murieron otras cinco personas privadas de libertad y un funcionario debido a un incendio, también en la cárcel de Tacumbú. Amnistía Internacional le pidió al gobierno de Cartes “una investigación exhaustiva e imparcial sobre el incendio”, y señaló que no se habían cumplido las medidas de seguridad recomendadas para evitar una situación como esa. Además, la organización denunció que las personas privadas de libertad sufren en el país “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
La cárcel de Tacumbú tiene capacidad para 1.687 personas pero alberga 3.532. Algo similar ocurre con el resto de las prisiones del país, con instalaciones para 6.643 personas pero con una población de 13.071. La solución que encontró la ministra Bacigalupo para el hacinamiento en las cárceles paraguayas fue el traslado de presos a instalaciones militares, una iniciativa que fue criticada, como varios otros aspectos de su gestión.
Sobre los orígenes del problema, la ex ministra dijo más de una vez que el hacinamiento se debe a un “abuso de la prisión preventiva”, y con ella coinciden varias organizaciones sociales e instituciones. De las personas presas en Paraguay, 80% se encuentra en esa situación sin haber recibido una condena.
La crisis en el sistema de prisiones y la necesidad de contratar más guardias llevó al Ministerio de Justicia a declarar en abril, por diez meses, el “estado de emergencia penitenciaria”. Con esta realidad tendrá que trabajar el nuevo ministro de Justicia, y también deberán hacerlo Griffith y Cartes en su proyecto de cambiar la imagen que los paraguayos tienen del país.