Virginia Raggi llegó hace menos de tres meses al cargo de alcaldesa de Roma y se convirtió en un símbolo de renovación. Es una abogada joven de una agrupación “antipolítica”, el Movimiento 5 Estrellas (M5E), que venció a candidatos de la política tradicional. Su gestión es observada con atención, ya que es la primera vez que el movimiento accede a un cargo de tanta visibilidad, y se considera que si es exitosa podría darle al M5E un impulso para llegar a gobernar Italia. En los primeros meses después de las elecciones municipales parecía que ese impulso llegaría, y el M5E pasó a disputarle el segundo lugar en las encuestas al Partido Democrático, pero en los últimos días perdió intención de voto.
Según los medios internacionales, no hubo grandes cambios en la mayoría de los problemas romanos: la gestión de la basura, el tránsito y la corrupción. En paralelo, el equipo de gobierno de Raggi perdió integrantes, en parte debido a los problemas internos del M5E. A comienzos de setiembre, políticos del M5E criticaron el sueldo de la jefa de Gabinete de Raggi, Romana Rainieri, que era de 193.000 euros anuales y superaba al de la propia alcaldesa. Ante las críticas de que esto chocaba con el discurso de austeridad del movimiento, Raggi pidió a la Autoridad Nacional Anticorrupción que se pronunciara sobre la designación y el sueldo.
El ente cuestionó los dos aspectos y Rainieri renunció a su cargo antes de ser destituida. Detrás de ella se fueron el concejal a cargo del presupuesto, Marcello Minenna, y tres jerarcas de los servicios de transporte y de la gestión de la basura. Mientras Raggi todavía buscaba reemplazos, surgió otra polémica: se supo que su asesora en medioambiente, Paula Mauraro, es investigada por delitos ambientales y presuntos vínculos con una mafia romana. También se conoció que Raggi sabía desde hacía dos meses que Mauraro era objeto de esta investigación y no la destituyó, tal como asegura el M5E que se debe hacer con cualquier dirigente investigado por la Justicia.