La Justicia argentina tomó varias medidas en la causa que investiga el origen de los más de 66.000 dólares que fueron robados en diciembre de la casa de la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Ella dijo en su momento que 50.000 dólares correspondían a un préstamo de su pareja, y el resto a una donación para la fundación SUMA, de la que es presidenta.
El juez de la causa, Ariel Lijo, pidió ayer a la Unidad de Información Financiera que informe si hay reportes de operaciones sospechosas o investigaciones abiertas en relación con SUMA, y pidió a distintos organismos estatales declaraciones juradas de Michetti, de la fundación y de su pareja. El miércoles había ordenado que se secuestraran los libros contables de la fundación, pero cuando los funcionarios del Poder Judicial llegaron al lugar estos no estaban allí porque los tenía el contador de SUMA, que los llevó ayer al juzgado. Fuentes judiciales dijeron a Página 12 que los libros deberían haber estado en la sede de la fundación. Esto se suma a que a fines de agosto se detectó que ni SUMA ni otras tres organizaciones vinculadas al partido Propuesta Republicana presentaron balances; ahora todas son investigadas.