Según los datos oficiales, en Argentina ingresaron para residir de forma permanente, entre 2004 y 2016, dos millones de extranjeros, la mayoría de Paraguay (14.621), Bolivia (7.483) y Perú (3.836). Entre 2001 y 2015 la población extranjera aumentó de 1,5 a dos millones de habitantes (33%), pero su presencia dentro de las cárceles creció 97%. La mayoría de los presos extranjeros son paraguayos (1.400), seguidos por peruanos (782) y bolivianos (731). Estos datos fueron publicados por el diario Clarín a mediados de enero y son los que utiliza el gobierno para defender el endurecimiento de las normas para los extranjeros que quieren ingresar y permanecer en el país, recurriendo a un discurso que vincula directamente a la inmigración con la criminalidad, que le ha valido protestas diplomáticas de Paraguay y Bolivia.
Macri reformó la política migratoria por medio de un decreto que establece que no podrán entrar al país los extranjeros que estén condenados o tengan antecedentes por delitos graves -la mayoría de ellos vinculados al tráfico de drogas, armas y personas-. La norma también agrega motivos por los que un inmigrante puede ser expulsado, y acorta los plazos de los trámites para que la medida se concrete.
Varias organizaciones civiles criticaron las medidas anunciadas por el gobierno argentino y señalaron el mal uso de las cifras que están haciendo las autoridades: aseguran que los mismos datos revelan que la población inmigrante que comete delitos es minoritaria, que no se tiene en cuenta la inmigración ilegal a la hora de comparar a los residentes y los presos extranjeros, que el gobierno no defiende los derechos de los trabajadores inmigrantes porque no le interesan y que las nuevas normas dificultarán el acceso de estos a la Justicia y fomentarán el hostigamiento policial al que ya están sujetos. Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indicó que según la Constitución las modificaciones a la política migratoria deben realizarse únicamente por medio del Congreso y no de un decreto.
A estas críticas se sumaron, otra vez, las de organizaciones de familiares de las víctimas de la dictadura, que reaccionaron ante otro funcionario del gobierno macrista que intentó minimizar el daño causado por el gobierno en ese período. En esta oportunidad fue el director de Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien entre otras cosas puso en duda la cifra de desaparecidos, tal como lo había hecho el ex ministro Darío Lopérfido. También dijo, en el programa Debo decir, de América TV, que en 1973 hubo un “torpísimo golpe de Estado” y negó que existiera “un plan sistemático” o “un plan para desaparecer personas”. Las declaraciones incluso generaron críticas desde el gobierno, cuya Secretaría de Derechos Humanos sacó un comunicado en el que se desvincula de esa postura. Además, hubo cuestionamientos desde organizaciones civiles y partidos opositores, que pidieron que Gómez Centurión fuera separado del cargo, un pedido al que Macri todavía no respondió.