En la mañana de ayer un fuerte dispositivo de la Policía Militar fue a desalojar una ocupación en el barrio São Mateus, en el este de San Pablo. El lugar estaba ocupado hacía más de un año por unas 3.000 personas, unas 700 familias que construyeron viviendas precarias en el predio, que estaba abandonado hacía 40 años. Los ocupantes fueron notificados la semana pasada de que la Justicia paulista había decidido desalojarlos, y desde la noche del lunes estaban preparándose para resistir. Entre otras cosas, prepararon barricadas para obstaculizar el paso de la Policía Militar, responsable de concretar la orden. Ayer a las 7.00, cuando llegaron los oficiales, los ocupantes les pidieron que se comunicaran con la jueza que ordenó el desalojo para pedirle que se suspendiera la medida hasta que la Justicia trate un pedido del Ministerio Público de San Pablo que, justamente, solicita la suspensión hasta que las 700 familias tengan otorgadas viviendas sociales a las cuales dirigirse. La respuesta fue negativa.
La Policía Militar llegó con un gran número de oficiales armados y con escudos, y contaba con un camión lanzaagua y varios vehículos blindados. Ante la resistencia de los ocupantes, los policías utilizaron balas de goma, gases lacrimógenos y bombas de estruendo. Al tiempo que la Policía avanzaba sobre el lugar, máquinas topadoras iban destruyendo las precarias viviendas. Según se puede ver en los videos publicados por la red de periodistas Jornalistas Livres, mientras las máquinas avanzan los ocupantes intentan colarse para recuperar sus pertenencias o materiales que les permitirán construir nuevas casas.
Este es el primer desalojo desde la asunción del nuevo prefecto de San Pablo, João Doria, del Partido de la Social Democracia Brasileña, que durante la campaña aseguró que no aceptaría ninguna ocupación.
En el lugar estaba presente el MTST, uno de los movimientos más activos en Brasil en los últimos años, en particular en las movilizaciones contra el gobierno de Michel Temer, al que considera producto de un golpe de Estado. Entre otros, estaba su líder, Guilherme Boulos, quien fue detenido mientras intentaba negociar los términos del desalojo. No están claros los motivos por los cuales se detuvo a Boulos, pero en el video de Jornalistas Livres que muestra el momento de la detención se puede escuchar a un policía diciéndole que hay filmaciones que lo muestran participando en otras ocupaciones y manifestaciones, algunas de ellas contra el gobierno. Consultado sobre por qué detenían al activista, el Policía dijo “incitación a la violencia”.
Tras la detención, el MTST advirtió en un comunicado que produciría disturbios si Boulos no era liberado. “No aceptaremos callados [...] que quieran detener a quien intentó todo el tiempo y de forma pacífica ayudar”, indica el texto. Por su parte, la edila paulista Juliana Cardoso, del Partido de los Trabajadores (PT), dijo que estaba con Boulos cuando fueron a detenerlo y que no sabía por qué había sido. “Estamos quedando cada vez más cerca de un estado de excepción en Brasil. Esta fue una detención ilegal, una prisión política”, aseguró.
Algo similar dijo Boulos, ya en la comisaría, mientras esperaba para brindar su declaración. “Esta es una detención política, evidentemente”, aseguró ante los medios, antes de opinar que su detención forma parte de “una escalada del estado de excepción en Brasil”. “Se abrió una puerta de inseguridad jurídica en el país. El golpe es parte de eso y las medidas de criminalización de los movimientos y de sus dirigentes, también”, agregó.
La noticia de la detención generó múltiples reacciones. La ex presidenta Dilma Rousseff dijo que “evidencia un fuerte retroceso” en los derechos de los brasileños y “muestra que se eligió un camino que hiere a nuestra democracia y criminaliza la defensa de los derechos sociales”. Entre otros, manifestaron su rechazo a la detención de Boulos la bancada de diputados paulistas del PT, la ex ministra de Derechos Humanos y actual diputada Maria do Rosário Nunes y varios diputados del PT y del Partido Socialismo y Libertad, así como decenas de organizaciones sociales.