Se trató de “la mayor masacre del sistema de prisiones de Amazonas”, según dijo ayer el secretario de Seguridad Pública de ese estado, Sérgio Fontes, una vez que terminó el combate en el interior del Complejo Penitenciario Anísio Jobim. El enfrentamiento entre personas recluidas allí empezó el domingo de noche y terminó ayer de mañana, cuando logró ingresar el Batallón de Choque de la Policía Militarizada, que controló la situación. Las fuerzas de seguridad no ingresaron antes porque “no podían prever las consecuencias”, dijo Fontes.
Agregó que en un primer relevamiento la cifra oficial de muertos llegaba a 60. Por otro lado, el gobierno informó que huyeron cerca de 90 presos durante los ataques, aunque 40 ya habían sido recapturados.
Las autoridades creen que la matanza comenzó a raíz de la pelea entre miembros del clan Família do Norte (FDN), que tiene un gran poder en la región norte del país, y el Primer Comando de la Capital (PCC), de San Pablo. Según las primeras investigaciones, la rebelión fue comandada por FDN, que tomó a 74 rehenes. Fontes dijo ayer: “Sólo un bando tuvo muertes. El FDN masacró a los presuntos miembros del PCC [...] No había ninguna consideración por la otra facción”. Varios cuerpos fueron decapitados, mutilados y quemados, algo que constituye “un claro mensaje al PCC”, de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública.
Será necesario esperar a que termine el proceso de identificación de los cuerpos para saber si todos los muertos eran presos o si entre ellos hay también funcionarios de la cárcel. Medios brasileños informaron que trabajadores de la empresa Umanizare, encargada del sistema penitenciario, fueron algunos de los rehenes, pero no está claro cuántos fueron liberados.
“Los intereses están siempre vinculados al tráfico de drogas [...] Estas organizaciones se alimentan principalmente de esa actividad”, dijo Fontes ayer. Además, definió la pelea entre bandas de narcotraficantes como un problema “nacional”, por lo que requiere de “la toma de medidas de carácter nacional, con la participación de los gobiernos de los estados y el gobierno federal”.
La unidad donde ocurrió la matanza tiene capacidad para albergar a 454 personas, pero el fin de semana había 1.224, según datos oficiales citados por el diario brasileño Folha de São Paulo. El Ministerio de Seguridad Pública aclaró que los líderes de las bandas no plantearon exigencias ni intentaron negociar con las autoridades de la cárcel, por lo que la masacre es tratada como una “guerra entre grupos criminales”.
En un comunicado publicado ayer, el ministro de Justicia de Brasil, Alexandre Moraes, se puso a disposición del gobierno de Amazonas para ayudar en lo que sea necesario, desde eventuales transferencias de presos a otras prisiones hasta el envío de la Fuerza Nacional.
Es la mayor matanza registrada en una cárcel brasileña desde 1992, cuando tuvo lugar la llamada “masacre de Carandirú”, en la que 111 presos fueron asesinados por la Policía Militar de San Pablo.