El gobierno del presidente Michel Temer intenta mediante presiones que los jueces no avancen en el trámite de recursos presentados en contra de su reforma laboral, denunció una agrupación que reúne a esos funcionarios. “Los jueces laborales están siendo presionados para que no apliquen las convenciones internacionales de derechos humanos”, dijo a la diaria Noemia Porto, vicepresidenta de la Asociación Nacional de los Magistrados de la Justicia Laboral, que reúne a 4.200 profesionales del área en Brasil.
Organizaciones sociales y el Estado de Brasil plantearon el lunes, en el marco de una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sus argumentos a favor y en contra de la reforma laboral aprobada por el gobierno de Temer. El punto central era esa reforma, pero en la audiencia los representantes de la sociedad civil mencionaron varias políticas del gobierno de Temer que según sus críticos afectan los derechos de los trabajadores. Se mencionó, entre otros, el caso de las modificaciones en la definición y el control del trabajo esclavo que fueron aprobadas con una acción ejecutiva, sin mediación del Congreso.
En la audiencia participaron los representantes de tres sindicatos brasileños: Jandira Uehara, secretaria nacional de Políticas Sociales de la Central Única de los Trabajadores; Geraldo Ramthun, director de la Nueva Central Sindical de Trabajadores; y Lourenço Prado, secretario de Relaciones Internacionales de la Unión General de Trabajadores. Los tres reiteraron algunas de las críticas más mencionadas contra la reforma, como que favorece la tercerización y la precarización de las condiciones de trabajo, por ejemplo, al permitir que la jornada laboral se extienda a 12 horas diarias si se mantiene un límite de horas semanal o al habilitar que mujeres embarazadas o en etapa de lactancia sigan trabajando en lugares definidos como insalubres.
También recordaron que la reforma laboral –que modifica más de 100 normas incluidas en el Código Laboral brasileño vigente hasta ahora– da prioridad a los acuerdos directos entre cada trabajador y la empresa, y le resta peso a la negociación colectiva. Los representantes de los sindicatos denunciaron que se trata de una norma regresiva porque va en dirección contraria a los avances logrados en la última década en Brasil en materia de derechos de los trabajadores.
Además de los representantes de los sindicatos, estuvieron presentes integrantes de distintas agrupaciones vinculadas con la Justicia laboral: Noemia Porto, vicepresidenta de la Asociación Nacional de los Magistrados de la Justicia Laboral; Thiago Gurjão, jefe de fiscales en la Justicia Laboral; y Bob Machado, uno de los directores del Sindicato Nacional de los Auditores Fiscales de Trabajo. En sus exposiciones ellos también fueron críticos con la reforma laboral, y además hicieron referencia a los cambios vinculados con el trabajo esclavo.
Por su parte, Alexandre Ghisleni, representante del Estado brasileño y director del Departamento de Derechos Humanos y Temas Sociales de la cancillería brasileña, leyó un comunicado del gobierno en el que se argumenta que la reforma laboral se elaboró en base a un diagnóstico negativo del mercado de trabajo brasileño y su evolución, se enumeran las ventajas que el gobierno encuentra en la reforma y se niega que se estén afectando los derechos de los trabajadores. Además, el gobierno aseguró que se hicieron decenas de reuniones con organismos y organizaciones para conocer sus propuestas para la reforma laboral y que estas fueron tomadas en cuenta. Ghisleni también se refirió a los cambios vinculados con el trabajo esclavo: primero aclaró que no era el tema a tratar en la audiencia, y después dijo que es otra medida dirigida a mejorar la situación laboral.
Estas aclaraciones no evitaron que los comisionados presentes en la audiencia cuestionaran a su representante acerca de las dos reformas, principalmente, con preguntas que el Estado deberá responder en próximas instancias referentes a este mismo caso. El estadounidense James Cavallaro le pidió al Estado que aclare y presente pruebas acerca de las consultas hechas antes de la aprobación de cualquiera de las dos reformas y de cómo las propuestas presentadas en esas instancias habían sido incorporadas a los textos finales. Además, preguntó “si el Estado brasileño entiende que la resolución sobre el trabajo esclavo cumple con los requisitos interamericanos” y adelantó que cree que la respuesta será negativa. “Nos preocupa, en este y en otros temas, el choque entre el desarrollo de los derechos de los brasileños en los últimos años y estas nuevas normas”, agregó Cavallaro.
A su turno, la comisionada panameña Esmeralda de Troitiño, que hizo las veces de presidenta durante la audiencia de ayer, retomó un concepto manejado por los representantes de la sociedad civil, el principio de no regresividad, y preguntó al Estado si considera que este principio continúa vigente con la aprobación de la reforma laboral. Además, De Troitiño subrayó que es necesario evaluar “la trascendencia que la reforma laboral puede tener” en cuanto a su impacto en la región.
Tanto los representantes del Estado como los de la sociedad civil ensayaron unas primeras respuestas a los cuestionamientos de la comisión, pero quedó pendiente para la próxima instancia la presentación de nueva documentación y testimonios. En esta parte, Machado aseguró que el sector que representa, el de los auditores fiscales de la Justicia laboral, presentó varias enmiendas a la reforma laboral, pero ninguna de ellas fue incorporada al proyecto final. “Participamos en todas las audiencias, pero ninguna de nuestras enmiendas fue acatada”, subrayó. Agregó que esta situación se repitió con otros profesionales vinculados con la Justicia laboral.
Por su parte, el comisionado Jesús Orozco pidió más pruebas sobre una denuncia presentada ayer por la sociedad civil acerca de presiones sobre los jueces laborales y consideró que, de quedar demostradas, el Estado deberá ser consultado acerca de “si esto es compatible con los principios de independencia judicial y de las garantías del derecho a la justicia y la protección judicial para todos los brasileños”.
Otros pasos
Los representantes de agrupaciones judiciales denunciaron el debilitamiento de la Justicia laboral en general y de la unidad que trabaja contra el trabajo esclavo en particular. “En los últimos dos años hubo una reducción del presupuesto y de las acciones dirigidas contra el trabajo esclavo”, aseguró Machado.
Además, Porto denunció durante la audiencia de la CIDH que los magistrados de la Justicia laboral están siendo amenazados por el gobierno para que no acepten acciones presentadas en contra de la reforma laboral. La jueza laboral, que representa una entidad que nuclea a 4.200 jueces del área, dijo a la diaria que dos jueces fueron sometidos a procedimientos administrativos por haberse manifestado públicamente en contra de la reforma laboral, uno de ellos en San Pablo y el otro en Rio Grande do Sul. En la audiencia, los comisionados le pidieron que presente pruebas acerca de estos dos casos.
Además, Porto dijo a la diaria que el gobierno amenaza con eliminar la Justicia laboral, “que incluso sobrevivió durante la dictadura militar”, si los jueces de esta área avanzan en contra de la reforma de Temer. En las últimas dos semanas, distintos referentes del Ejecutivo brasileño, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, se han manifestado a favor de una iniciativa que limite la Justicia laboral, por considerar que los trabajadores abusan de este tipo de tribunales y generan gastos excesivos al Poder Judicial.
Acerca de los pasos a seguir por parte de los magistrados, Porto dijo que están recurriendo a cortes internacionales porque el Ministerio Público presentó un recurso ante el Supremo Tribunal Federal, pero no ha tenido ninguna respuesta.