El gobierno argentino decidió suspender la política de acuerdo de precios que mantenía con las empresas petroleras, y de esta manera permitió la liberación de los precios internos de los combustibles. Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería, envió una carta el viernes a los actores del mercado de hidrocarburos y les comunicó que “dentro de lo previsto en el acuerdo” entre gobierno y empresas, los precios internacionales habían alcanzado el umbral que permitía la liberación de los precios internos (58 dólares fue la cotización del barril de la variedad Brent el 13 de setiembre). Manifestó que desde ese punto en adelante, se mantendría la paridad con dichos precios a partir de “un funcionamiento pleno de las reglas del mercado”.
En consecuencia, “los compromisos asumidos en el acuerdo quedarían suspendidos a partir del 1º de octubre de 2017”, dice la nota, para aclarar, en particular, que se suspendía el aumento de los precios previsto para este mes. Aranguren –que presidió la filial argentina de Shell entre 2003 y 2015– había afirmado un mes antes que 2018 sería el año en el que el valor de las naftas se regiría por el precio internacional. “Estamos estableciendo un sendero para poder converger a los precios internacionales de combustibles y petróleo crudo”, había dicho el ministro al exponer en el Consejo de las Américas ante unos 250 empresarios.
Sin embargo, la decisión de liberar un mercado tan importante como el de los combustibles, que se toma a 20 días de las elecciones que renuevan parte del Parlamento, sorprendió a los analistas de la política argentina, aunque no tanto a los agentes del sector, con quienes se sospecha que existe un acuerdo tácito para que los aumentos al público se posterguen hasta después del acto electoral.
Estrictamente, lo que Aranguren anunció a las petroleras fue la “suspensión” del acuerdo interno que establecía una actualización de los precios de los combustibles cada tres meses, y por esa vía liberó los valores que las empresas del sector pueden cobrar. Desde el lunes no hay ningún tope para el traslado de la cotización internacional a los precios finales, por lo que nadie sabe a ciencia cierta qué sucederá con los valores luego de las elecciones parlamentarias.
Desde enero regía la actualización trimestral del precio de los combustibles al público, según una paramétrica que contenía la evolución del valor internacional de la variedad Brent, el tipo de cambio y los ajustes de los biocombustibles –que significan 10% en cada litro de nafta y gasoil–.
El sector de los combustibles en Argentina es un oligopolio con una empresa dominante, con una participación de 55%: se trata de YPF, una empresa cuyo capital es de mayoría estatal. La medida también prevé la posibilidad de que las refinerías puedan importar petróleo, si es que lo encuentran más barato que en el mercado interno; esto ha sido criticado, ya que incentiva a las petroleras productoras a recortar gastos e inversiones para ser competitivos.
El secretario de la Cámara de Empresarios de Combustible, Raúl Castellanos, opinó que la medida no asusta a nadie “porque en los últimos 20 años han sido muchos más los años en que [el precio] ha estado liberado”.
Por su parte, desde el sector minorista, el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes, Manuel García, considera que liberar el mercado es una “medida electoralista” y cree que el gobierno “seguirá manejando los valores [de los combustibles]” mediante YPF. “Es más de lo mismo”, agregó, y recordó que una situación similar se vivió en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se impulsó la desregulación petrolera con la promesa de que los precios de las naftas y el gasoil bajarían, algo que no ocurrió.
A primera vista, la medida promueve la libertad del precio al público de los combustibles, y respalda el libre precio del crudo con destino a refinerías y exportación a partir de 2018. Pero es necesario tener presente que el sector está compuesto por cuatro o cinco empresas productoras que conforman un oligopolio, y, por ende, las posibilidades de alcanzar acuerdos que no tengan por objetivo beneficiar a los consumidores son mucho mayores que en un mercado atomizado, incluso si una de esas empresas es estatal (porque en su caso, las necesidades fiscales y políticas del momento pueden bloquear una baja del precio final). El Estado argentino recauda 10.000 millones de dólares al año por la actividad del sector, a partir de que 55% del valor de un litro de combustible son impuestos. Asimismo, el hecho de que la importación de combustibles sea libre si el negocio es conveniente pone en riesgo no sólo los empleos en el sector de refinería, sino las inversiones en la prospección y la exploración de nuevos pozos.
Al mismo tiempo, las altas tarifas de gas continuarán fijas y reguladas, sin importar los precios internacionales. Los valores de estas tarifas siguen sostenidos por la remuneración del gas a las petroleras, subsidiada por todos los usuarios y garantizada y sostenida también por el Estado.
Inmediatamente de tomada la medida, Shell, Axion, Oil y Puma anunciaron a sus clientes del canal mayorista un aumento de 10% en sus combustibles líquidos, pero en el canal minorista los valores de la nafta y el gasoil permanecen, por ahora, estables. En esa estabilidad de precios al público influye la decisión de YPF de mantener los precios, sin implementar aumentos.
El temor a que la desregulación del mercado se tradujera en un inmediato incremento de las naftas llevó a que las ventas previas en las estaciones de servicio se dispararan en 20% en algunas ciudades. Aun así, los precios se mantuvieron, y en la cámara que agrupa al sector afirman que no hay razones para prever aumentos en la venta minorista.
Desde que se conoció la decisión oficial de liberar el mercado de combustibles, cada acción de YPF subió más de 13% en Buenos Aires y Nueva York. La cotización siguió en ascenso, aun cuando el precio internacional del petróleo bajó. Aparentemente, los inversores descuentan que YPF saldrá beneficiada en un contexto de libertad de mercado.
Es importante tener presente que la decisión del gobierno argentino fue la de suspender la política de acuerdos. Existe la duda sobre qué sucedería si a partir de ahora el precio del petróleo Brent iniciara un descenso continuado, si seguiría vigente el libre mercado o el gobierno retomaría el acuerdo y colocaría un precio sostén por encima del internacional, para evitar pérdidas a YPF y al resto de las empresas.
La decisión es audaz. La inflación en Argentina supera el 24% anual, y las medidas tomadas en el plano fiscal y monetario tienen una incidencia muy incipiente. La evolución que finalmente tengan los precios de los combustibles en Argentina puede apoyar la caída en el ritmo de crecimiento de los precios, o lo contrario. Pero eso depende de las negociaciones con poderosos actores de un mercado concentrado y poco transparente.