La posibilidad de que se declare la independencia en Cataluña y los cambios en materia jurídica que esa eventualidad traería consigo generó este mes una fuga masiva de empresas de la comunidad autónoma, que ya supera las 500 compañías, entre ellas, grandes corporaciones financieras como CaixaBank y Banco Sabadell.
La base de datos del Colegio de Registradores –profesionales que registran la sede de las empresas en España– indica que, de los 540 casos de empresas que dispusieron cambios de sede hacia otras regiones, desde la celebración del referéndum del 1° de octubre hasta el fin de semana pasado, 524 se concentraron en torno a la declaración de independencia en suspenso que hizo el presidente catalán, Carles Puigdemont, en el Parlamento regional el martes 10.
El pánico era tal, que el día anterior a esa comparecencia de Puigdemont dejaron la comunidad autónoma 212 empresas, y durante el día en que se desarrolló esa sesión parlamentaria lo hicieron otras 177. Finalmente, al día siguiente a la sesión del Parlamento registraron un cambio de sede otras 135 firmas.
Entre las empresas que han trasladado su sede social se cuentan compañías tan emblemáticas como importantes: CaixaBank, Sabadell, Abertis, Cellnex, Catalana Occidente o Idilia Foods (Colacao o Nocilla), Oryzon, Gas Natural, Colonial, eDreams, Planeta, el grupo Bimbo, GVC Gaesco, Trea Asset Management, San Miguel o Natur House, cuya cotización actual en la bolsa supera los 80.000 millones de euros.
De acuerdo con el diario madrileño El País, inmediatamente después de la violencia registrada el domingo 1° de octubre durante el referéndum, las empresas internacionales basadas en Cataluña recibieron llamadas preocupantes de las agencias de calificación de riesgos y de los gestores institucionales de las principales plazas mundiales –los dueños de gran parte de la deuda emitida por las empresas y por los bancos catalanes–, presionando para que abandonaran el territorio dada la incertidumbre que suponía la declaratoria de independencia. Lo que más preocupaba a estos grupos económicos era que un proyecto independentista llevaba a Cataluña a salir del euro, lo que complicaría seriamente el acceso al crédito comunitario, algo que empresas y bancos privados no quieren enfrentar.
Además, la independencia supondría la creación de institutos y organismos de gobierno propios, entre ellos una nueva Hacienda paralela a la española, lo que alarmó a los gestores de patrimonios.
El gobierno español, por intermedio de su Consejo de Ministros, aprobó un cambio de la legislación que simplifica el traslado de sede de las empresas, al permitir que sean los consejos de administración de estas los que lo aprueben sin tener que someter la decisión a los propietarios (los socios), aunque los estatutos empresariales digan lo contrario. Esta decisión fue vista desde el Govern como una medida de presión que busca facilitar una fuga de empresas de la comunidad, aunque el Ejecutivo español asegura que sólo tomó la medida a pedido de los empresarios.
Adicionalmente, y de acuerdo con los números del Instituto Nacional de Estadística, hay un descenso de 23,6% en la creación de empresas en la comunidad durante agosto respecto del mismo mes de 2016, frente al 7,8% de caída media en el conjunto del país.
Ayer, Exceltur, una asociación formada por las 23 empresas más relevantes de la cadena turística, reveló que ese sector en Cataluña, y en especial en Barcelona, puede sufrir un descenso de su volumen de negocio de hasta 1.796 millones de euros si persiste el conflicto. En cambio, los atentados terroristas del 17 de agosto en Cataluña apenas afectaron al turismo catalán. El informe señala que el impacto negativo de los anuncios independentistas podrían representar descensos en torno a 30% en la actividad del sector, que representa 15% del Producto Interno Bruto (PIB) de la comunidad. Las reservas para el último trimestre del año de los operadores turísticos registran caídas en Cataluña en torno a 20%, en plena temporada de congresos y turismo de ocio y de compras.
Versiones encontradas
“El movimiento de una sede social no tiene ningún efecto en la realidad productiva de las empresas”, aseguró el miércoles el vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras. Afirmó que la situación económica de Cataluña “es envidiable” y tiene “récords históricos de PIB, de exportaciones y de inversión extranjera directa”.
Ayer, el presidente de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Thorfinnur Omarsson, consultado por el diario madrileño El Mundo, dijo que una Cataluña independiente no podrá vender sus productos sin aranceles en la Unión Europea (UE). Omarsson aseguró que “tal y como establece el artículo 128 del acuerdo, [Cataluña] necesita la aprobación de todas las partes contratantes, que son los 28 Estados miembros de la UE y los tres estados de la EFTA en el Espacio Económico Europeo (EEE) –Islandia, Liechtenstein y Noruega–”, y recordó que “para formar parte del EEE, cualquier Estado debe ser miembro de la UE o de la EFTA”. El EEE es un acuerdo comercial entre países miembros y no miembros de la UE que permite a estos últimos beneficiarse del mercado interior europeo sin participar en sus instituciones. A su vez, esos países externos a la UE permiten también el acceso privilegiado a sus mercados a los países comunitarios.
Un documento del Departamento de Economía de la Generalitat a cargo de Junqueras, publicado el domingo 15, aseguraba que en el caso de que Cataluña fuera expulsada de la UE, podría entrar en el EEE por intermedio de la EFTA y no depender del acuerdo con España. Según Omarsson, sin acuerdo con España es imposible entrar en el EEE. Esta postura se suma a la del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que aseguró en repetidas oportunidades que si Cataluña se separa de España quedaría fuera de la UE.
Estas posiciones de los portavoces del bloque europeo contrastan con la aspiración del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien en su carta al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sostenía que su modelo se basaba en “una Cataluña independiente en el marco europeo”.
Para una economía netamente exportadora como la catalana, el golpe que significaría quedar fuera del mercado europeo sería significativo en términos de crecimiento, y sus consecuencias se medirían en pérdida de empleos.
Para Junqueras, de no existir mecanismos para asegurar que Cataluña se mantenga en el mercado común europeo, siempre se podría recurrir a un acuerdo bilateral con la UE o mediante la EFTA. Junqueras consideró “probable” que Europa “no ponga una alfombra roja a Cataluña desde un primer momento”, pero aseguró que se encontraría “la manera de no perjudicar ni las exportaciones ni a las multinacionales europeas establecidas en Cataluña”. En este sentido, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, dijo que en caso de que se independizara, Cataluña también quedaría fuera de la Organización Mundial del Comercio.