A pocas horas de que el gobierno de España aplique el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Cataluña, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, descartó una convocatoria a elecciones anticipadas y trasladó la responsabilidad al Parlamento, que baraja la posibilidad de declarar la independencia hoy mismo.
Todos los ojos estaban puestos ayer en Puigdemont, quien ante la inminente activación del artículo constitucional que permitirá al gobierno del presidente español, Mariano Rajoy, asumir temporalmente las competencias del gobierno autonómico de Cataluña, tenía una decisión crucial que tomar. Se le presentaban dos caminos posibles: disolver él mismo el Parlamento catalán y convocar elecciones anticipadas antes de la aplicación del 155 –prevista para mañana– o, directamente, declarar la independencia de Cataluña, en base a los resultados del referéndum del 1º de octubre, suspendido por la Justicia española.
En la tarde de ayer, desde la sede de la Generalitat en Barcelona, el presidente catalán finalmente anunció que no convocaría a elecciones anticipadas porque el gobierno español no le brindó las suficientes garantías de que estas se podrían celebrar “con absoluta normalidad”. Dijo que, en un principio, había considerado la posibilidad de celebrar los comicios porque su deber era “agotar todas las vías para encontrar una solución dialogada y pactada en un conflicto político y de naturaleza democrática”. Pero cambió de parecer al no haber recibido “una respuesta responsable” por parte del gobierno.
El presidente catalán aseguró entonces que, así las cosas, corresponde “proceder con lo que la mayoría parlamentaria determine en relación a las consecuencias del 155”, lo que podría abrir la puerta a una declaración unilateral de independencia.
Fuentes independentistas adelantaron ayer a la agencia de noticias Europa Press y a la radio catalana RAC1 que esta declaración podría tener lugar hoy, en la sesión del Parlamento de Cataluña.
También está previsto para hoy el debate del Senado español sobre la estrategia que presentó el gobierno Rajoy para aplicar el artículo 155. Si los senadores deciden aprobarla, la norma empezará a regir mañana mismo. No está claro qué pasaría si el Senado aprueba el 155 y, a la vez, el Parlamento catalán declara la independencia.
En la mañana de ayer, una comisión especial del Senado español se reunió para debatir especialmente sobre las características del artículo que se aplicará mañana. Puigdemont estaba invitado a exponer sus alegaciones en contra de la medida. En su lugar, envió una carta de nueve páginas en la que afirma que el gobierno se extralimitó al aplicar el artículo.
Entre otras cosas, el líder catalán argumenta que, en uno de sus apartados, el 155 indica que el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma, lo que “resulta incompatible con destituirlas, ocupar su lugar y sustituirlas en el ejercicio de todas las funciones que constitucionalmente les corresponden”, que es lo que plantea la iniciativa de Rajoy.
Además, Puigdemont considera que la facultad de disolver el Parlamento y convocar elecciones contradice el principio de autonomía política reconocido en la Constitución, lo cual es una “verdadera aberración” desde el punto de vista del principio de la necesaria legitimidad democrática de las instituciones. También el cese de Puigdemont, propuesto por Rajoy, es contrario a las disposiciones constitucionales, puesto que “no puede corresponder al gobierno del Estado ni al Senado acordar el cese de la persona elegida para representar al pueblo”, agrega el presidente catalán en el documento.
Unos minutos después, la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que es una obligación “legal, democrática y política” del gobierno asumir competencias de la autonomía de Cataluña para “proteger el interés de todos los españoles ante la deriva independentista”. También acusó a Puigdemont de no haber hecho “nada” desde la aprobación, el sábado, del acuerdo de intervención de la autonomía y de rechazar todas las invitaciones realizadas desde La Moncloa para dialogar. “Tampoco ha querido venir este jueves al Senado a explicarse”, ilustró.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español pidió a Puigdemont que convoque elecciones autonómicas en el marco de la legalidad para “evitar el desastre del que Cataluña y España tardarán en recuperarse”, en palabras de su portavoz en el Senado, Ander Gil. Claro que el presidente catalán todavía no se había pronunciado contra la posibilidad de adelantar los comicios.
Los socialistas también defendieron que la aplicación del 155 sea lo “más leve posible”, se “adecue” a las circunstancias, y que no suponga la intervención de los medios públicos catalanes.