–¿Qué opinión tiene de la reforma laboral de Brasil, que entró en vigor hace dos semanas?
–Esta reforma ataca derechos vigentes desde hace muchos años y nos lleva a un escenario de fines del siglo XIX en algunas áreas, al igual que otros cambios [dispuestos por el gobierno de Brasil], como el de debilitar la lucha contra el trabajo esclavo o habilitar las tercerizaciones para cualquier trabajo. Las próximas generaciones no van a conocer derechos que hoy conocemos y van a estar sometidas a una incertidumbre muy grande, porque la reforma laboral va a implicar una reducción del aporte a la seguridad social.
–¿Por qué dice que se van a reducir los aportes?
–Por las nuevas formas de contratación, como la figura de trabajo intermitente –que permite contratar por horas, sin un vínculo de dependencia– y las tercerizaciones. Estos cambios son perversos porque atacan tres niveles: a quienes ya están jubilados, a los que están en el mercado laboral y a los que van a entrar.
–¿Cómo se afecta a los jubilados, sin que se haya aprobado la reforma de la seguridad social?
–Con otra reforma, que desvincula a las jubilaciones del salario mínimo, lo que implica que este último puede crecer con la inflación, pero las primeras no, por lo que en pocos años los jubilados van a tener ingresos mucho más bajos.
–¿Cómo se mira esta reforma desde la CSA?
–El problema para la CSA es que el impacto no se queda en las fronteras nacionales. Ya tenemos una ola de reformas laborales en varios países: en Argentina ya empezaron las negociaciones, en otros países ya hubo una reforma más tímida. Por el tamaño de Brasil, el número de empresas que están allí instaladas y el mercado laboral enorme que tiene, la presión que se aplica sobre otros países es inmediata. Ya escuché, por ejemplo, en Argentina a empresarios hablar de que si el costo en mano de obra va a ser menor en Brasil, es necesario disminuirlo también en Argentina. La reforma en Brasil, además de generar un daño interno, afecta a los países vecinos de manera muy directa. En Argentina ya están avanzando con otra reforma. La pregunta es si el ambiente interno y democrático de cada país permite un retroceso tal como el que tiene lugar en Brasil.
–En este sentido, los países del Mercosur son los más afectados por la reforma laboral.
–Sí, porque además ataca aspectos importantes de la Declaración Sociolaboral del Mercosur. La reforma laboral de Brasil también es perversa, porque no se queda en una dinámica brasileña, sino que va a presionar mucho a las realidades de los países vecinos. En el caso del Mercosur el impacto es directo, pero no se detiene ahí. Todo esto hace parte de una nueva oleada neoliberal que tenemos en el planeta, en especial en nuestra región. Una de sus características centrales es que no convive con la democracia: ningún gobernante en Brasil sería electo proponiendo lo que Temer ha hecho. Incluso en Argentina, Mauricio Macri fue electo por los argentinos, pero durante la campaña no habló de la reforma laboral. Otro costado de esta oleada es el ataque cotidiano a los derechos: de las mujeres, de la población LGTB, de los migrantes, de los negros; de cualquier minoría. Otra característica es el crecimiento del odio en nuestras sociedades, que se estimula muy fuertemente. Hace unos días, una madre y una hija iban abrazadas en un shopping de Río de Janeiro y fueron agredidas porque unos tipos pensaron que era una pareja de lesbianas; lo mismo les pasó a un padre y un hijo en Brasilia.
–La Confederación General del Trabajo y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de Argentina están afiliadas a la CSA. ¿Qué información tienen ustedes sobre la reforma laboral de Argentina?
–Sabemos que está en proceso de discusión y negociación interna y que tiene aspectos comunes con la brasileña, aunque no es tan fuerte. Por ejemplo, tenemos entendido que permite que la negociación interna en una empresa prevalezca sobre los derechos garantizados por la ley, y que permite una precarización importante de las condiciones de trabajo.
–Tanto en Argentina como en Brasil hay intentos de debilitar las dos herramientas que tienen los trabajadores para exigir que se respeten sus derechos: los sindicatos y la justicia laboral.
–Están viniendo por todo, no es por partes o sectores. No se puede atacar los derechos laborales manteniendo una justicia laboral que proteja a los trabajadores; hay que atacar también a la justicia laboral. Eso es lo que están haciendo. La reforma laboral brasileña prohíbe que se recurra a la Justicia si hay un acuerdo firmado entre el trabajador y el patrón. Ese es un ataque muy fuerte a la Justicia. La presión cuando se busca un acuerdo puede ser muy fuerte. Una mujer que es sustento de su familia y tiene hijos puede alcanzar un acuerdo para cobrar 10.000 pesos en lugar de 100.000 con tal de contar con ese dinero, porque lo necesita ahora y no puede esperar a que la Justicia falle, algo que puede llevar varios años. En ese caso también la Justicia está siendo atacada. Lo impresionante es que esos aspectos también están en la reforma laboral de Francia. Hay una piedra en el medio del camino para que esta oleada neoliberal avance, y esa piedra son los sindicatos, por eso se los golpea tan fuerte.
–¿Cómo son esos golpes a los sindicatos?
–Esos golpes van en dos o tres sentidos. El primero es la idea de la descalificación de los sindicatos en la prensa. Sea por lo que sea, un problema pequeñito se transforma en un gran escándalo. Lo segundo es la criminalización de la actuación sindical, las denuncias que se presentan contra dirigentes sindicales y sindicatos. Lo tercero es el ataque económico, ya sea por medio del padrón de afiliados o de lo que pagan los trabajadores sindicalizados. Este paquete entero expone a los trabajadores a cualquier nivel de explotación.
–¿Cómo es la situación con respecto a reformas laborales en el resto de América Latina?
–Hay que diferenciar las realidades.En el extremo sur de América del Sur es donde tenemos el mejor nivel de relación laboral y de sindicalización, en comparación con Centroamérica, por ejemplo. Después depende un poco de la realidad de cada país. En Chile las leyes ya protegen bastante al capital, en El Salvador el nivel de las leyes laborales es muy bajo, y tanto allí como en otros países de Centroamérica hay otra característica: la mayoría de los países tienen a las maquiladoras en el centro de sus economías, y ahí ya hay un nivel muy bajo de condiciones laborales. También hay otras dificultades. En Guatemala sólo 2% de los trabajadores están afiliados a un sindicato… Igual estamos en un contexto de amenaza permanente y estamos retrocediendo mucho. El tema central es cómo nos defendemos en Uruguay, porque de todos estos países el que mantiene una posición de más derechos es Uruguay, y hay un sector de las patronales al que le gustaría tener menos negociación colectiva y leyes laborales. Hay que defender muy fuertemente al modelo uruguayo, que hoy es un ejemplo para la región.
–¿Cuáles son los otros problemas que enfrentan los trabajadores en América Latina?
–Cada vez que se impulsa el Estado mínimo y que las empresas públicas son privatizadas se dificultan la protección social y las políticas públicas, y los que pagan por eso son los trabajadores. En Brasil, por ejemplo, se aprobó una ley para que por los próximos 20 años se congele la inversión pública [que no podrá crecer por encima de la inflación]. Eso implica que la población va a crecer y que la capacidad del Estado para atenderla va a ser cada vez más chica. Esto impacta directamente en la población trabajadora, que es la que usa los servicios públicos, en particular la educación, cuya calidad va a caer, entonces las próximas generaciones estarán menos educadas que las anteriores, lo que las expone a una explotación mayor. Esta oleada conservadora y neoliberal no sólo afecta las cuestiones laborales, sino también a todo el conjunto de las políticas públicas. Un ejemplo claro es que en un año el número de pobres en Brasil aumentó en tres millones.