El mapuche de 22 años Rafael Nahuel murió por el impacto de una bala de nueve milímetros, que es la que utiliza el grupo Albatros. Este equipo de elite de la Prefectura fue el encargado de desalojar el campamento que una comunidad mapuche había instalado en el parque nacional Nahuel Huapi, cerca de la localidad de Villa Mascardi.
El grupo Albatros acudió al desalojo con armas nueve milímetros y ametralladoras. Según sus integrantes, los mapuches portaban armas calibre 22 y 38, pero estos aseguraron que nunca tuvieron armas de fuego. En todo caso, el calibre de la bala encontrada en el cuerpo del joven descarta que la muerte fuera producto de “fuego amigo”. Varios medios argentinos, citando fuentes que no fueron identificadas, informaron acerca de ese dato. El resultado oficial de la autopsia se conocerá recién el jueves.
El juez que investiga el supuesto enfrentamiento entre policías y mapuches, Gustavo Villanueva, es el mismo que ordenó el desalojo del campamento. Ahora ordenó a las fuerzas de seguridad que permanecen en el lugar que dejen de buscar a los mapuches que están escondidos en un monte, detrás de donde estaba el campamento, para que los heridos puedan bajar para buscar atención médica. Después de que dictó esta orden, algunos hombres bajaron a donde estaba el campamento y volvieron a ocuparlo. “Vamos a resistir en este lugar porque es nuestro territorio”, dijo uno de ellos a la agencia local ANB Bariloche. Además, dos personas fueron atendidas por el médico –y concejal del Frente para la Victoria– Ramón Chiocconi, quien informó que tenían heridas de bala.
Otra decisión del juez fue la de abrir una instancia de negociación para que el lugar sea desalojado pacíficamente y hacer una “tregua” de cuatro días para que se hagan las ceremonias para despedir y enterrar a Rafael Nahuel.
Estas decisiones cayeron mal en el gabinete de Mauricio Macri. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo ayer en una conferencia de prensa que dio junto a su par de Justicia, Germán Garavano, que en el lugar de los hechos “cada vez van a quedar menos pruebas porque todavía están los violentos, que le mintieron al juez, porque le dijeron que se iban a entregar y no lo hicieron”.
Bullrich también defendió a capa y espada la actuación de las fuerzas de seguridad. “El Estado tiene todas las condiciones para entrar a cualquier lugar que le ordene un juez para hacer cumplir la ley, y ya lo hemos demostrado”, dijo. “El juez necesitará elementos probatorios, pero nosotros no [...] Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad”, agregó, antes de señalar que “a la versión que da Prefectura” el gobierno le otorga “carácter de verdad,” y que las fuerzas de seguridad “fueron enfrentadas por un grupo violento”. Según la ministra, en el campamento en Villa Mascardi había “entre 15 y 20 personas con formación tipo militar, con lanzas, armas blancas y de puño”.
Bullrich dijo que el gobierno de Macri “va a defender la ley y no va a permitir ningún tipo de ilegalidad”, y que comenzará a coordinar con Chile “acciones conjuntas” para enfrentar a “grupos violentos” de la comunidad mapuche, que, aseguró, actúan en ambos países. En la misma línea se pronunció la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, y dijo que “el beneficio de la duda siempre” tiene que ser para las fuerzas de seguridad, porque “ejercen el monopolio de la fuerza del Estado para cuidarnos a todos”. Además, dijo que los mapuches son un “grupo violento”.