El gobierno venezolano calificó de un “rotundo éxito” el inicio de la primera instancia de negociaciones con acreedores para refinanciar su deuda externa. “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela quiere informar al mundo que hoy, en el palacio de gobierno de Miraflores, se inició con rotundo éxito el proceso de refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela, como estrategia para cumplir cabalmente con nuestras obligaciones”, decía un comunicado oficial.
El portavoz designado por el Poder Ejecutivo para llevar adelante las negociaciones fue el vicepresidente, Tareck el Aissami. Una comisión liderada por El Aissami convocó a los tenedores de deuda a una reunión que tuvo lugar el lunes en Caracas, “para iniciar la construcción conjunta de mecanismos eficaces que garanticen el cumplimiento de los compromisos, en el marco de un proceso soberano de renegociación” de la deuda externa venezolana, según dijo el domingo El Aissami al canal estatal Venezolana de Televisión. Según el vicepresidente, en esa reunión se buscaba un primer contacto directo con los miembros de la comisión presidencial especial para el refinanciamiento de la deuda externa.
Las negociaciones de la deuda son muy complicadas, entre otras cosas, porque el gobierno de Donald Trump impone a los bancos estadounidenses, dueños de una porción importante de la deuda venezolana, una prohibición de llevar adelante cualquier tipo de negociaciones en las que estén involucrados El Aissami y el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, a quien Washington acusa de estar involucrados con el narcotráfico.
Tras las reuniones con los bonistas, el gobierno venezolano emitió una declaración en la que acusa a Estados Unidos de “agredir” a su economía y denuncia que las calificadoras de riesgo, “siguiendo el patrón de bloqueo financiero emprendido por la Administración Trump, encarecen con informes desprovistos de cualquier forma de rigor y veracidad el costo de nuestra deuda e intervienen para obstaculizar”. Según el comunicado, esto sucede a pesar de que el país ha pagado “puntualmente” en los últimos 36 meses unos 73.000 millones de dólares de servicios de deuda, es decir, intereses.
Sin considerar la deuda de la empresa petrolera venezolana PDVSA, y de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la deuda de Venezuela era de 132.156 millones de dólares al finalizar 2016. Esta cifra, que representa aproximadamente 100% del Producto Interno Bruto, es 10% superior a la del cierre de 2015 y cerca del doble si se compara con los niveles de 2009. Sin embargo, si se considera la deuda de la petrolera estatal PDVSA, que se acerca a los 180.000 millones, de ese monto, 68.000 millones de dólares corresponden a deuda en bonos. Con representantes de los tenedores de bonos, precisamente, se reunió el gobierno venezolano el lunes.
Por su parte, la capacidad de pagar esa deuda está casi exclusivamente vinculada con la obtención de divisas procedentes del petróleo, pero dichos ingresos fueron seriamente afectados por la caída de los precios del crudo, que pasó de 112 dólares el barril en 2012 a un promedio de 44 en 2016. Este año, Venezuela será el único país de América Latina cuya economía no crecerá. Por el contrario, su economía se contraerá fuertemente: -7,2%. Además, de acuerdo con el banco estadounidense JP Morgan, las reservas del Banco Central de Venezuela son de tan sólo 9.840 millones de dólares al 29 de agosto.
Pese a ello, Venezuela ha priorizado el pago de la deuda, evitando a toda costa caer en default. Agregar a la complicada situación política y social interna un frente externo con nuevas presiones significaría un cerco insostenible para el gobierno. Sin embargo, las autoridades venezolanas no abonaron 200 millones de dólares de los cupones correspondientes de bonos globales emitidos con vencimiento en 2019 y 2024, cuyo plazo de gracia venció el fin de semana.
Al mismo tiempo que se celebraba la reunión entre el gobierno y los acreedores en Caracas, en Nueva York, el comité de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por su sigla en inglés) evalúa el retraso del pago de 1.161 millones de dólares del bono 2017 de PVDSA. Dicha reunión fue solicitada por un grupo de bonistas en busca de que se determine si el Estado abonó ese bono o no lo hizo a su vencimiento, lo que desencadenaría un default y el pago de los seguros a los bonistas.
Nunca digas nunca
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela “nunca” se declarará en default. “Han jugado a que Venezuela se declare en default. ¡Nunca! El default nunca llegará a Venezuela. Nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda”, dijo el domingo.
La rentabilidad del único soberano que cotiza en los mercados internacionales, por un valor de 258 millones y con vencimiento en 2018, se ha disparado tras las palabras de Maduro hasta superar el 200%, y su precio registra pérdidas de 60%, demostrando que “los mercados” descuentan que Venezuela declarará la suspensión de pagos.
Las agencias calificadoras Fitch, Standard and Poor’s y Moody’s rebajaron la calificación de la deuda ante la posibilidad de cesación de pago en el corto plazo, y el presidente las acusó de ser agencias “politizadas” que forman parte de una “guerra financiera” comandada por Estados Unidos. Sin embargo, el propio Maduro anunció en su reciente visita a China que se habían producido avances en las renegociaciones de los 28.000 millones que el gobierno de Venezuela adeuda a la principal economía del mundo. El periplo del presidente Maduro en octubre también incluyó a Rusia, pero no dio los frutos previstos, ya que el presidente ruso, Vladimir Putin, sólo accedió a reestructurar 3.000 millones de los 8.000 que Venezuela le debe.
Ante un posible impago de Venezuela, vale la pena recordar que el país no firmó los acuerdos del Club de París, que establecen el protocolo a seguir en caso de un default y que se aplicó, por ejemplo, en Argentina. En caso de que se vaya a una cesación de pagos sin que se haya firmado ese pacto, sobrevendría un complejo proceso de tribunales con cada uno de los países acreedores. Por el contrario, su firma ahora sería prácticamente lo mismo que anunciar el default.
En lo que resta del año, Venezuela debe cancelar al menos 1.470 millones de dólares y para 2018 tiene obligaciones por más de 8.000 millones de dólares. En caso de no pagar, el gobierno venezolano dispondría de esos 8.000 millones; no obstante, ese beneficio se vería contrarrestado por la pérdida de exportaciones y las retenciones en los pagos de petróleo y otros activos en Estados Unidos, lo que dejaría a Venezuela sin su principal fuente de divisas. Esto es así por el alto monto de activos venezolanos fuera del país, en particular las refinerías que PDVSA tiene en Estados Unidos por intermedio de empresas subsidiarias.