Durante 16 años un conglomerado de cinco empresas constructoras se repartió las obras del metro en ocho ciudades de siete estados diferentes de Brasil. Así lo denunció una de ellas, Camargo Corrêa, en un acuerdo firmado con la Fiscalía en el marco de una investigación que lleva adelante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), un órgano del Ministerio de Hacienda encargado de monitorear este tipo de prácticas.
Además de Camargo Corrêa, pertenecieron al cártel, que funcionó entre 1998 y 2014, las empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS y Queiroz Galvão. Todas ellas estuvieron también involucradas en el esquema de corrupción de Petrobras, por el cual se acordó la entrega de contratos a cambio del pago de sobornos a directores de la compañía y partidos políticos. Otras empresas más pequeñas, diez según el CADE, también pueden ser investigadas.
La sospecha de estas actividades ilegales surgió durante la investigación de la corrupción en Petrobras, en especial por el descubrimiento de documentos en las distintas empresas en las que se repetían determinados términos, y aparecían otros indicios de algún tipo de arreglo ilegítimo.
Este esquema tuvo tres etapas; la más intensa se extendió de 2008 a 2014, cuando se multiplicaron las obras de infraestructura por el Mundial de Fútbol de Brasil de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.
En los documentos entregados a CADE, que maneja la investigación administrativa, que por ahora es la única sobre este tema, Camargo Corrêa afirma que consiguió manipular llamados a licitación pero no especifica si pagó sobornos para alterar la adjudicación de los contratos.