Ayer el gobierno argentino mantuvo varias reuniones con los diputados oficialistas y los que responden a los gobernadores provinciales para garantizar la aprobación, el lunes, de la reforma previsional. El gobierno de Mauricio Macri se comprometió a aprobar un bono que cobrarán en marzo las jubilaciones más sumergidas. Organizaciones sociales volvieron a convocar movilizaciones con el objetivo de evitar que se vote la reforma, que perjudicará tanto a jubilados como a beneficiarios de otras prestaciones, como la asignación familiar.
Todo indica que el lunes podrían repetirse las escenas del jueves, que forzaron al oficialismo a suspender la sesión después de que las bancadas de los gobernadores se retiraran de sala –dejando al oficialismo sin cuórum– debido a la situación de violencia que se registraba afuera del Congreso, donde la Gendarmería reprimía duramente a la movilización que intentaba acercarse al edificio.
El jueves de noche Macri se reunió con varios de sus ministros y se daba por descontado que la reforma se aprobaría mediante un decreto de necesidad y urgencia. Este intento fue desestimado después de que la diputada Elisa Carrió, líder de uno de los tres partidos que integran la coalición Cambiemos, indicara en Twitter que esta medida “violaría gravemente la Constitución”. El presidente del bloque de diputados de Propuesta Republicana (el partido de Macri), Nicolás Massot, dijo que el gobierno no descarta aprobar la reforma por este medio si no se produce la votación del lunes.